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Crédito: Agencia Uno
Abogados y analistas dicen que, dado que Muñoz es conocido por emitir fallos liberales y por acoger recursos contrarios a grupos económicos, eso ha llevado a algunos a considerar que la oposición buscaría utilizar la acusación como una estrategia para equilibrar la balanza. La oposición lo descarta.
La Tercera Sala de la Corte Suprema, también conocida como la Sala Constitucional, ha ganado notoriedad en el ámbito jurídico. Apodada “sala muñocista” en honor a su presidente, el influyente juez Sergio Muñoz, este tribunal se ha convertido en el centro de numerosas controversias, debido a sus fallos que a menudo generan tensiones entre autoridades gubernamentales y sectores empresariales que se oponen a enfoques progresistas, así como a la interpretación amplia de la Constitución.
Ejemplo de aquellos, son el dictamen que acogió el recurso de protección interpuesto por el INDH a favor de afectados por la contaminación ambiental en Quintero, en 2018; la obligatoriedad de un proceso de participación ciudadana de ñuñoínos sobre el proyecto Mall Vivo, paralizando su permiso en 2020; el fin de los edificios de alta densidad poblacional en Estación Central, también en 2020; y el más conocido: la orden de devolver cobros excesivos a afiliados, estimados en 1400 millones de dólares, por parte de las isapres.
Asimismo, en mayo de 2021, en medio de la pandemia por SARS-CoV-2, la Sala de Sergio Muñoz ordenó a dos organismos estatales de Petorca, afectada por una extensa sequía, proveer 100 litros de agua por persona al día en la comuna.
“Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado”, consignaron medios regionales, citando parte de la resolución.
En la Cámara de Diputadas y Diputados, en el oficialismo y la oposición, coinciden en que las sentencias emitidas por esta Sala abarcan una amplia gama de temas constitucionales, incluyendo recursos de protección y asuntos de gran interés público.
Entre los casos más destacados se encuentran aquellos relacionados con el derecho a la salud, la protección del medio ambiente, demandas por falta de seguridad y conflictos en inversiones inmobiliarias, entre otros.
Bajo la presidencia de Sergio Muñoz, la Sala está compuesta también por los jueces Mario Carroza, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, quienes han enfrentado acusaciones constitucionales.
Pero a diferencia de los otros, Muñoz es uno de los magistrados más influyentes del sistema judicial. Fue nombrado por el expresidente Ricardo Lagos en 2005 y aún le quedan siete años hasta alcanzar la edad de jubilación obligatoria de 75 años.
Previo a su ascenso al máximo tribunal del país, se destacó por investigar una serie de casos de alto interés público: entre ellos, causas de derechos humanos, el caso Spiniak, las cuentas bancarias del exdictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs y el asesinato del Tucapel Jiménez, donde logró obtener la confesión de Carlos Herrera Jiménez y 12 condenas.
Además de su fama por su rol en las mencionadas causas, el juez Muñoz es reconocido por un enfoque interpretativo del derecho, que “trasciende la aplicación literal” de la ley. En 2015, expresó en una entrevista en El Mercurio Legal: “Hoy el juez tiene mayores antecedentes para determinar cuál es el sentido y alcance de la norma. Yo he jurado respetar la Constitución y la ley viva, no el texto escueto de sus disposiciones, sino lo que la inspiró, sus garantías y principios en todos los aspectos. Si a algunas personas no les parece, es lamentable”. Además, comparó la interpretación del derecho con el arte: “Esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Interpretar el derecho es un arte, no una ciencia”.
En la derecha y la izquierda la sensibilidad política de Sergio Muñoz ha estado sobre la mesa para analizar el contenido del libelo acusatorio. En ese marco han surgido cuestionamientos, aunque minoritarios, de que su acusación constitucional llega de forma tardía, no se relaciona con el caso Hermosilla y coincidiría con la incomodidad por sus fallos entre grupos económicos ligados a la derecha.
“Yo espero que en este minuto nadie esté haciendo un cálculo político, esto es el ‘desde’ para todos. Porque, si no, significa que no estamos dispuestos a ser parte de la solución de un problema multisistémico que tenemos. O sea, yo no no voy a preguntar si uno es de un lado del sistema o si va a quedar más desbalanceado tal o cual. Acá tenemos que buscar que esto no se vuelva a repetir, porque quizás existen muchos fallos que han sido tremendamente injustos proviniendo en cuna de la Justicia. (…) No podemos hacernos los tontos con unos y con otros, si queremos hacer cambios radicales, tenemos que tocar teclas que no nos gustan”, sentencia la jefa de bancada de RN Ximena Ossandón.
El ministro Sergio Muñoz, aunque no figura en los mensajes del penalista Luis Hermosilla, enfrentará en el Congreso acusaciones de “notable abandono de deberes” por parte del conglomerado Chile Vamos.
“Tiene un enfoque que pone énfasis en protección de los derechos fundamentales, y que las normas deben interpretarse en su contexto social y coexistencia de diversas fuentes del derecho. En el fallo de las isapres nos queda claro eso y el impacto que tuvo en los grupos económicos. Pese a ello, yo no me atrevería a decir que se le persigue por estos fallos, que son de la Sala. Lo que se le reprocha es un notable abandono de deberes por el uso de información”, señala un exministro de Justicia.
Las imputaciones en su contra se centran en dos incidentes ocurridos en 2022: una entrega anticipada de información reservada sobre un fallo relacionado con un proyecto inmobiliario a su hija, Graciel Muñoz, información con la cual esta desistió de la compra de dos departamentos. Además, se le reprocha no haber informado que, durante la pandemia, su hija, jueza de Garantía, dirigió audiencias judiciales telemáticas desde Italia, fuera de la jurisdicción chilena.
Abogados de la plaza sostienen que el hecho de que Muñoz sea un magistrado conocido por emitir fallos de carácter progresista y haber acogido recursos contrarios a grupos económicos de derecha, ha llevado a algunos a considerar que la oposición busca utilizar esta acusación como una estrategia para equilibrar la balanza política.
“Si uno observa las acusaciones constitucionales, es posible ver que aquella que se presentó en contra del ministro Muñoz tiene muchísimos menos detalles y es una acusación que en general es mucho menos apegada a la normativa que las demás, y esto probablemente obedece a una especie de acuerdo entre los partidos, a una especie de empate político que no pareciera ser lo óptimo para esta instancia”, afirma Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG de medioambiente FIMA.
Estas consideraciones han generado un debate político en el oficialismo y la oposición. Pero también entre destacados abogados. No obstante, una serie parlamentarios consultados subrayan que en el contexto del escándalo por el caso Hermosilla, no se entendería en la ciudadanía que no se incluyera a Muñoz en una acusación constitucional por la información reservada de un fallo que entregó.
El diputado de la comisión de Medio Ambiente, Cristóbal Martínez (UDI), tiene una visión distinta sobre las interpretaciones del ministro Muñoz en sus sentencias.
“Desconozco si pueda existir o no una incomodidad en algunos sectores. Lo que sí no puede ocurrir es que los jueces hagan interpretaciones más allá de lo que señala la ley, que es lo que ha sucedido en ciertas oportunidades y en variadas materias. No solo los sectores económicos, sino que también las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto requieren de certezas jurídicas. Si permitimos que la Justicia realice interpretaciones más allá de lo que ha resuelto el legislador, se terminan generando escenarios de incertidumbre con consecuencias muy negativas para el país y los chilenos”, asegura el diputado Martínez.
Algunos expertos constitucionales coinciden con el parlamentario. Sostienen que Muñoz es parte de los jueces que consideran que la ley no se aplica en forma literal y que, antes de destacar por su sensibilidad de centroizquierda, lo hace por su enfoque neoconstitucionalista. Un paradigma que, según los juristas, surge en respuesta a las limitaciones del constitucionalismo tradicional, que se centraba en una interpretación más rígida y en el espíritu del legislador.
“Es un hombre de, aparentemente, una ideología política de centroizquierda, pero en realidad tiene una ideología legal neoconstitucional, que cree que, por decirlo así, hay que hacer justicia material, aún contra la ley, con la Constitución. Vivanco, de una matriz conservadora católica, de ideología más bien de centroderecha, coincidía en la ideología neoconstitucionalista con Muñoz, y por eso se entendieron”, sella el abogado constitucionalista Javier Couso.
Según explica el especialista en derecho constitucional, en la Corte Suprema los jueces en su mayoría, hasta hace poco, eran de lo que los teóricos estudiosos del derecho denominan la ideología legal formalista, opuesta a la neoconstitucionalista, que es “deferente al legislador”.
Couso agrega que la ventaja que tenía la corriente formalista es que “daba más certeza jurídica”, ya que, una vez que se aprueba una ley, esta es más clara que la Constitución y tiene más reglas.
“La Constitución está plagada de grandes declaraciones como igualdad, libertad, dignidad, autonomía, que va a llenar la filosofía del juez. Cuando tú eres neoconstitucionista, significa que crees en la aplicación directa de la Constitución, aun, diría, que por sobre la ley. Pero ¿en qué sentido lo van a hacer? Dependerá de su filosofía política, de su ideología política. Pero la ideología legal, es clave entenderlo, es distinta a la ideología política”, señala el abogado Javier Couso.
