Opinión
AgenciaUno
Diputado Jaime Araya (IND-PPD) también propone lo mismo en lo relativo a las cauciones que se dejan a cambio de que traficantes queden en libertad. Agrupación de defensores señala que la iniciativa legal atenta contra los derechos humanos de sus defendidos y la libertad de trabajo.
Es difícil negar que -como en muchos otros ámbitos- la tradicional imagen de quienes ejercen el derecho ha cambiado mucho. De trajes sobrios, oficinas grises en el centro de Santiago y pocos amigos de la exposición y las luces, en el pasado, hoy es frecuente ver abogados que exhiben por medio de las redes sociales sus éxitos materiales: autos de lujo, viajes por lugares exóticos, joyas, relojes de oro y mucho, mucho dinero.
Pocos de ellos esconden el origen de los montos que ganan, generalmente ligados a la defensa de narcotraficantes, y algunos incluso se jactan de ello, utilizando incluso el lenguaje y la estética de sus clientes.
A tal punto llega a veces la simbiosis que no solo se han producido varios casos -en el último año- de abogados detenidos en distintos penales, ingresando droga o celulares, sino que, como lo dice un abogado defensor que pide reserva de su nombre, “los delincuentes dejaron de respetar al abogado, como lo hacían antaño, y hoy ser abogado de delincuentes es una profesión de alto riesgo, sobre todo si, como sucede con los colegas más jóvenes, no se sabe poner el límite entre lo profesional y lo personal”, aludiendo al caso de un abogado de Maipú que, luego de haber estado de juerga con uno de sus clientes terminó secuestrado por este.
Al respecto, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) presentó un proyecto de ley que espera se comience a tramitar en los próximos días, que busca dejar una trazabilidad respecto de los fondos con que se le cancela el trabajo a los abogados que defienden a imputados por causas vinculadas a la ley 20.000, proyecto que se suma a otro cuyo objetivo es que cuando se paguen cauciones (fianzas) en casos de narcotráfico, en el mismo sentido, sobre todo teniendo en cuenta casos como el ocurrido en Ovalle, donde el juez garantía Luis Muñoz Caamaño dejó en libertad a 23 miembros de una banda de narcotraficantes, que fueron detenidos en 2019 con 1.6 toneladas de marihuana. Para acceder a la libertad, cada uno de ellos pagó una caución de dos millones de pesos, en efectivo.
Ello recuerda también lo ocurrido el año pasado en Los Vilos, donde una célula del Tren de aragua -dirigida por uno de los fundadores del grupo, Larry Alvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”- quedó en libertad tras pagar una caución de cinco millones de pesos per cápita.
El parlamentario indicó que hay casos en que “los abogados son parte de la estructura criminal. Quizá el caso más famoso al respecto es la famosa “Sintonía de las Gravatas”, como se denominaba al grupo de abogados que formaba parte del Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, que terminó detenido en 2017.
Al respecto, Araya señala que lo que busca la iniciativa legal es que “opere el derecho a la defensa y no que la estructura criminal se valga de profesionales para desarrollar su actividad delictual”.
En ese sentido, agregó que “nosotros hemos planteado primero tres cosas. La primera es que se tiene que acreditar el origen ilícito de la fianza, del dinero que se paga en la fianza en las causas de tráfico. No tiene ninguna lógica que un tipo que vende droga, que finalmente tiene o accede a una caución como una forma de medida cautelar, financie el pago de la caución con dinero que proviene de la venta de la droga”.
En segundo término, “no nos parece razonable que con el producto de la venta de drogas se financie el pago de honorarios en billetes a los abogados que los defienden. Nosotros creemos que eso tiene objeto ilícito, porque naturalmente la plata con la que se paga es plata que proviene de la venta de drogas y, por lo tanto, eso no es dinero ilícito”.
Ante ello, indica que lo que el proyecto persigue es “una cosa muy simple, que es que ya no se pueda pagar el dinero en efectivo, que pueda haber trazabilidad de los dineros por los que se pagan a los narcotraficantes”, por lo cual la propuesta establece que los pagos a los abogados que defienden causas de narcotráfico se efectúen “por medio de una transferencia bancaria, un cheque, un vale vista, un depósito, cualquier documento que permita determinar quién pagó y si ese dinero es lícito.
En tercer lugar, señala, se pretende crear un registro público de abogados que defienden a imputados por narcotráfico, distinto del que lleva Contraloría (que es reservado).
En el proyecto relativo a las cauciones, se indica que “el crimen organizado hoy cuenta con recursos inconmensurables, llegando a ser muchas veces irrisorio el establecimiento de una ‘fianza’ o caución económica para su liberación, puesto que ésta se paga con el mismo dinero que proviene de la venta de droga, el cual, dicho sea de paso, no es investigado en su origen, bastando que se consigne la cantidad establecida por el tribunal para que proceda la liberación del imputado”. Por ello, se persigue lo mismo que en el caso anterior: que el pago de la caución, cuando un tribunal determine aplicarla para levantar la prisión preventiva de un imputado, se efectúe por medio de sistemas electrónicos o trazables, como -por ejemplo- un vale vista o un cheque.
“De esta manera, será posible seguir el origen de los dineros, los titulares de los mismos, y, así, poder establecer si estos tienen un respaldo lícito o no”, detalla el texto.
Sin embargo, la idea de Araya y de los demás diputados que patrocinan ambos proyectos no es bien vista por los abogados que ejercen defensas penales a favor de imputados por narcotráfico.
Trinidad Parra, quien -entre otros clientes- representa a parte de los líderes de “Los Gallegos” y del Tren de Aragua, es también secretaria de la agrupación de abogados “El gran defensor”, y señala que el proyecto relativo a los abogados “me parece pésimo, ya que atenta contra la libertad de trabajo de cada colega que se dedica a defender causas de ilícito de ley 20.000 y tráfico ilícito de drogas”.
En dicho sentido, explica que “si una persona está haciendo algo ilícito, es esa persona quien está cometiendo el ilícito, no el abogado que lo defiende”, aseverando que ese imputado “tiene derecho, por ejemplo, de ir al médico”, preguntándose entonces si le van a controlar el origen de los fondos con que paga la consulta, parangonando la atención médica con la necesidad de atención legal.
Asimismo, indica que este proyecto “atenta contra los derechos humanos” de los imputados y, además, “es totalmente atentatorio contra los derechos tanto del abogado, especialmente en lo relativo a la libertad de trabajo”.
Según ella estima, el origen del proyecto penal tiene que ver con los abogados que exhiben sus ganancias en las redes sociales, aseverando que “esos colegas irresponsables no se dan cuenta de que están haciendo un perjuicio a los demás”.
Respecto de los casos de abogados que terminan implicados en los delitos de sus representados, precisa que lo esencial es el aspecto ético de la profesión, aseverando que hay un límite entre el ejercicio de la defensa y la comisión de delitos, y que eso se aprende en la universidad y que, por supuesto, a eso contribuye también la formación familiar y personal de cada profesional.
En todo caso, argumenta que en Chile “han sido pocos los casos que se han podido corroborar en que algún colega haya participado en algo que defiende o que se sepa de que haya cometido algún ilícito”.
