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Foto: AgenciaUNO
La fiscal Chong acusó a Yáñez, Rosas y Olate—directores y subdirector de Carabineros en 2019—de transgredir normativas de uso de la fuerza. La audiencia se suspendió hasta el 14 de octubre. “No habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese periodo”, declaró Yáñez desde tribunales.
A las nueve de la mañana se inició la segunda jornada de formalización de los otrora altos mandos de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, en el marco de la investigación que lidera la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, y que vincula a los exmandamases de la policía uniformada con el delito de omisión de haber hecho lo necesario para impedir apremios ilegítimos cometidos por algunos carabineros durante las manifestaciones del estallido de octubre de 2019.
La fiscal Chong inició detallando el contexto de las acusaciones, que abarcan hasta marzo de 2020, periodo marcado por intensas manifestaciones sociales en el país. Con el fin de sustentar su argumentación, la persecutora expuso casos individuales, detallando el RUC de cada causa y cómo se produjeron los hechos. Chong hizo hincapié en el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió visión, olfato y gusto debido a una lacrimógena lanzada por un efectivo de Carabineros. La fiscal subrayó que el uso de la fuerza fue injustificado y sin el resguardo necesario.
“En particular, él a esa fecha capitán de Carabineros, Patricio Javier Maturana Ojeda, hizo uso de la carabina lanzagases con munición 37 milímetros de forma directa a las personas de manera específicamente al cuerpo de los manifestantes sin el resguardo de la distancia”, expresó la fiscal.
El telón de fondo, según las cifras expuestas ayer por la fiscal: 2.438 lesionados, 1.002 lesionados por proyectil de arma de fuego, 653 en cabeza o cuello, con 430 por perdigones y 172 por disparo gases, y 163 daños oculares.
A las 11:01 se anunció un receso en la audiencia, que se retomó más tarde. A su regreso, la fiscal Chong continuó detallando los casos, acusando a uniformados de transgredir las normativas de uso de la fuerza, incluyendo la Circular 1832.
La fiscal Chong enfatizó que los imputados tenían la responsabilidad de supervisar el uso de armamento antidisturbios, pero que omitieron sus deberes, permitiendo así que se llevaran a cabo apremios ilegítimos.
En 2019, Yáñez, quien presentó su renuncia al cargo de general director de Carabineros el pasado viernes, lideraba la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar), tenía a su cargo a los jefes de todas las zonas operativas del país y de él dependía el despliegue táctico y operativo. En tanto, Mario Rozas encabezaba la institución durante el estallido, y el exsubdirector de ese entonces era Diego Olate.
Finalmente, la Fiscalía concluyó sus argumentos y solicitó al tribunal que se tomara en cuenta la omisión de deberes por parte de los generales, lo que, según su visión, contribuyó a un contexto de abusos durante el estallido.
El juez Cristián Sánchez, tras acuerdo entre las partes, decidió suspender la audiencia hasta el lunes 14 de octubre de 2024, dando así un respiro tanto a la defensa como a los querellantes.
A las 16:00, los abogados defensores de los generales ofrecieron breves declaraciones, reafirmando su compromiso de debatir los argumentos presentados por la Fiscalía en la próxima sesión.
Fuera del tribunal, el general (r) Yáñez aseguró que “los argumentos de Fiscalía omiten muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió” y defendió la labor de Carabineros, afirmando que no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período.
“Vivimos, yo creo que uno de los hechos históricos más violentos es desde la vuelta a la democracia en nuestro país. La memoria es frágil, pero se incendiaron edificios, se quemaron iglesias, se destruyó el patrimonio público y privado, se destruyeron monumentos nacionales, se afectó la vida de miles de personas que perdieron sus fuentes laborales, sus negocios, la vivienda y la plusvalía de un sector bajó considerablemente, ya nadie quería vivir ahí”, expresó.
Según Yáñez, “los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos, donde atacaban permanentemente a nuestros carabineros”.
“Quiero recordarles que hubo cerca de 5.000 carabineros lesionados (4.808 según Fiscalía). Más de 80 de ellos resultaron quemados. Más de 120 recibieron impactos balísticos. Cerca de 200 resultaron fracturados. Otros tantos resultaron con contusiones y diferentes lesiones. Muchos de ellos no volvieron a trabajar. El estrés postraumático los obligó a que tuvieran que pedir su desvinculación de la institución por tener una invalidez”, añadió.
El exgeneral manifestó que “las manifestaciones pacíficas y sociales tienen límites, y los límites están cuando empiezan a quebrantar el orden, cuando empiezan a afectar los derechos de los demás, los derechos de la ciudadanía”. Y Carabineros, recalcó, “tenía la obligación de restablecer el orden con los elementos, con las herramientas y con las normas que el Estado nos había entregado. Eso fue duro, fue difícil”.
“No habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese periodo. Y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y de la destrucción. Sin orden no hay patria y sin orden hay caos. Y sin caos este país no se desarrolla, ni crece, ni avanza”, concluyó sin responder preguntas de la prensa.
