El exsuperintendente de Isapres, Héctor Sánchez, identificó una serie de problemas estructurales al sistema de salud actual que, si bien el proyecto intenta abordar, lo hace de manera deficiente y cuyo riesgo es terminar por sepultarlo.
El Gobierno ingresó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca reformar el sistema de salud privado, cumpliendo con lo comprometido en el marco de la ley corta de Isapres. La iniciativa, compuesta por 247 artículos y cuatro disposiciones transitorias, propone eliminar las preexistencias y establecer una tarifa plana para los planes de salud privados al poner fin a la tabla de factores, buscando unificar las condiciones para todos los afiliados.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el director del Instituto de Salud Pública de la UNAB y exsuperintendente de Isapres, Héctor Sánchez, sobre los alcances del proyecto que, si bien valora en varias iniciativas, también identifica dos problemas estructurales en el actual sistema de salud y que a su opinión no atiende correctamente.
El primero, en su criterio, es la creación del plan común de salud, haciendo que las aseguradoras deban ofrecer un producto “único y comparable”, en el que compitan entre ellas sólo por el precio y la red de prestadores en la oferta.
Si bien Sánchez valoró en general la medida (una desde el gremio de la salud han propuesto anteriormente), también advirtió: “cuando se plantea un plan de esta naturaleza, en el ámbito de los seguros, tienes que tener cuidado en que cuando defines el producto, tienes que dejar ámbitos de acción bastante amplios en la fijación del precio”.
“A pesar de que el proyecto de ley establece que las ISAPRE van a competir por precio, en la práctica es la autoridad la que de alguna manera fija el precio, porque no se cambia el modelo de fijación de precios que actualmente tienen las ISAPRE“, ahondó el exsuperintendente, además de explicar que en la práctica lo que terminará pasando es la autoridad termine fijando tanto el producto como su precio.
Por otro lado, también destacó la eliminación de la declaración de ingreso (las enfermedades y condiciones de salud que quienes quieran afiliarse a una Isapre actualmente deben reporta antes de ingresar a su cobertura). Sin embargo, para su implementación el experto declaró que también debió crearse para su funcionamiento dos mecanismos auxiliares y que están ausentes.
“El primero es la creación de un fondo compensatorio por riesgo, que no está en el proyecto de ley sino que reemplaza un reaseguro, de que cada Isapre tiene que comprarle a un reasegurador. Y ese reaseguro, que cada Isapre le tiene que comprar a un reasegurador, no tiene mucho sentido salvo encarecer el producto“, identifica Sánchez también.
Además fustigó la ausencia del fondo compensatorio de salud, que sería el mecanismo que permita a la Isapre que tenga afiliadas a más personas enfermas solventar el gasto a través de una compensación reunida entre todas las Isapres.
“Hubo actores políticos que plantearon que era la línea roja. Y de hecho lo declararon públicamente: ya la diputada Gazmuri lo planteó a nombre del Frente Amplio de que, si el proyecto de ley llegaba con un Fondo Compensatorio por Riesgo, iba a ser automáticamente rechazado. Porque, según la diputada, eso era resolverle un problema financiero a las Isapres. Y eso es no entender nada“, señaló.
Además, identificó un tercer problema: las personas en las listas de espera que hoy se encuentran en Fonasa ―sobre dos millones y medio a la espera de diagnóstico y otras 300 mil por cirugías―, como es esperable, se pasarían a alguna Isapre para resolver su situación, ya que no podría rechazarles.
Y si bien califica como “razonable y legítimo” que las personas tomen su decisión, eso sería “la muerte del sistema”, por cuando los problemas que no es capaz de resolver el Estado terminarían indirectamente delegados al sector privado.
“Por lo tanto, al final los afiliados van a terminar pagando. Y si los afiliados terminan pagando, ¿quiénes lo van a pagar? Los más viejos, que son los más enfermos: los jóvenes van a decir ‘yo no gasto, por lo tanto me voy porque no estoy dispuesto a pagar esto’. Y se va a producir una concentración de personas llamada selección adversa: personas más enfermas, personas más viejas, que en definitiva, gastan más. En otras palabras, se encarece la cartera”, augura el experto en salud.
