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El ente persecutor además mencionó que el secreto en el desarrollo de las causas investigadas en la arista Procultura del caso Convenios, obedece al artículo 31 de la ley n°19.913, que refiere a la reserva del contenido de diligencias de investigación de causas que están siendo investigadas.
Tras las revelaciones de El Mostrador en la que se indican los abonos que habría realizado la socióloga y exprimera dama, Irina Karamanos, a la Fundación ProCultura, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció que abrirá una investigación de oficio respecto a las filtraciones.
El anuncio, que fue entregado en un comunicado oficial, informó que la causa es liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, “con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.
La Fiscalía Regional de Coquimbo respecto a las situaciones en el caso llamado “Procultura” informa lo siguiente: pic.twitter.com/9r5URaDr6g
— Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) October 3, 2024
La fiscalía argumentó que, en conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N* 19.913 sobre lavado de activos, toda filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” debe ser sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, esto “con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”, dice el comunicado.
Además en el comunicado atendieron a las críticas que surgieron durante las últimas horas en la demora del Ministerio Público respecto a las investigaciones de la arista ProCultura.
“En la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias conocida como ‘caso Procultura’, asignada al actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, está siendo desarrollada con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.
Además el comunicado informa que desde el nombramiento de Cooper como fiscal a cargo de la causa, ” la Fiscalía Regional de Coquimbo ha formado un equipo preferente constitutido por 3 fiscales adjuntos, 3 abogados asistentes y 2 analistas criminales, quienes están en la gestión de las labores de investigación junto a la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile”.
Dentro de las acciones realizadas durante la revisión de Cooper de la causa, la Fiscalía enumeró 29 diligencias a las BRIAC, 15 solicitudes a distintos tribunales de Garantía, 14 requerimientos de información a entidades privadas y “la toma de múltiples declaraciones en presencia de los fiscales a cargo”. Además, aclara que, sobre lavados de activos, el artículo 31 de la ley n°19.913 refiere la reserva del contenido de diligencias de investigación, “algunas de las cuales se encuentran pendientes y otras en desarrollo próximo”.
Por esta razón “y para garantizar su realización y no su entorpecimiento”, el ente no se referirá públicamente a éstas.
