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Foto: AgenciaUNO
Representantes de los trabajadores del Ministerio Público buscan desvincular del “castigo social” a quienes desempeñan su labor de manera honesta. Piden severidad con el “grupo minoritario” salpicado por el caso de corrupción y consideran que no estaría de más que Valencia defienda la institución.
Funcionarios del Ministerio Público están incómodos con la postura que ha tomado el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ante el impacto a nivel interno de la fuerte percepción de corrupción que tiene la ciudadanía, según reflejan encuestas, sobre la institución. Esto, como consecuencia del estallido del caso de corrupción protagonizado por el encarcelado abogado Luis Hermosilla y su relación con fiscales regionales bajo escrutinio, como Carlos Palma, el exfiscal Manuel Guerra y la propia fiscal del caso, Lorena Parra.
Las asociaciones de funcionarios que componen la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) expresaron su profunda preocupación y rechazo ante estos hechos que —declaran en un comunicado— “no solo vulneran la confianza que la ciudadanía ha depositado en el Ministerio Público, sino que también dañan la imagen y el prestigio de quienes trabajamos diariamente con profesionalismo, integridad y compromiso en la defensa de la justicia y la protección de víctimas y testigos”.
Fuentes cercanas a la asociación apuntan a una actitud “displicente” y a una nula comunicación por parte del fiscal Valencia con los trabajadores bajo su mando, en momentos en que los representantes de los funcionarios buscan desvincular del “castigo social” a quienes han desempeñado su labor de manera correcta y no se han visto involucrados en la reciente trama de corrupción.
Por eso, desde Fenamip, le piden al Fiscal Nacional adoptar medidas inmediatas que permitan investigar de manera exhaustiva los hechos denunciados y sancionar con rigor, conforme a las normas legales y administrativas vigentes, a todos aquellos que hayan infringido sus obligaciones legales y éticas. En esa línea, añade el comunicado de la asociación, le exigen a Valencia “la misma severidad que se ha empleado durante su administración al momento de investigar y sancionar a funcionarios y funcionarios de la fiscalía”.
Consultada por El Mostrador, Paulina Ruiz, presidenta de Fenamip, recalcó que “nosotros mantenemos un estándar de probidad muy alto”, por lo que —a su juicio— “no estaría demás” una declaración aclaratoria en el tenor de que la institución, más allá de quienes se han visto involucrados en el caso Hermosilla, “exige a su personal la máxima transparencia y conductora rigurosa”.
La titular de la federación expresó su especial preocupación porque las situaciones mencionadas que involucran a fiscales regionales tengan un efecto dilatorio y “enloden” el lento avance que ha tenido el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Actualmente, según expuso Paulina Ruiz, la fiscalía trabaja con menos personal del idóneo y hay unidades con déficit de personal. Esto se agrava, además de lo que implica la contingencia, por las investigaciones que han aumentado en complejidad a raíz de la instalación del crimen organizado en el país, así como por la alta dificultad que suponen, por ejemplo, las causas relacionadas con el ámbito familiar.
Cabe mencionar que este viernes, tras un intenso análisis, la Comisión de Constitución del Senado recién terminó la votación de las más de 80 indicaciones presentadas al proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que entre otras medidas aumenta la dotación de fiscales y contempla una reorganización institucional para mejorar la persecución del delito.
Según la presidenta de Fenamip, el mencionado proyecto “va a servir para paliar el déficit de personal y mejorar la persecución penal”, pero también hará una importante contribución ante la opinión pública.
Desde el directorio de Fenamip, Leonor Alcayaga, secretaria general, reafirmó que el llamado al fiscal Valencia, hecho a través del comunicado, busca exigir una investigación exhaustiva sobre todos aquellos que puedan verse involucrados en los hechos de público conocimiento, con el objetivo de “desvirtuar la idea de que es el Ministerio Público como institución la que está implicada en estos sucesos”. En declaraciones a este medio, sostuvo que los fiscales regionales salpicados por el caso Hermosilla son “un grupo minoritario” y que, de acreditarse su participación, “no es justo que respondamos todos ante la sociedad”.
“Como funcionarios públicos, nos vemos en la obligación de alzar la voz ante situaciones que dañan la imagen institucional y que van en contra de los principios de probidad, transparencia y respeto a la ley que deben regir nuestra labor. Y no podemos permitir que la conducta de un reducido grupo de fiscales empañe el esfuerzo diario de quienes trabajamos con dedicación y profesionalismo para asegurar un correcto y eficaz cumplimiento de nuestro mandato constitucional, es decir ejercer la acción penal pública, desde la máxima legalidad para asegurar una correcta defensa de los derechos ciudadanos y el interés público”, sentencia el comunicado de Fenamip.
Y concluye: “Solo con acciones claras y contundentes se podrá asegurar que estos hechos no se repitan y, a su vez, reconstruir la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía”.
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— FENAMIP Chile (@FenamipChile) October 3, 2024
