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Foto: AgenciaUNO
La defensa de la suspendida jueza de la Corte Suprema argumenta que los parlamentarios han vulnerado la imparcialidad, apuntando a publicaciones en redes sociales. La mayoría de los sindicados son del Frente Amplio, PC y PS, pero también hay militantes de la oposición.
Luego de presentar sus descargos para blindarse ante el cuaderno de remoción abierto en su contra por la Corte Suprema, la suspendida jueza Ángela Vivanco prepara su artillería para enfrentar la acusación constitucional que le espera en el Congreso. Ayer realizó un importante despliegue comunicacional, adelantando su defensa ante el máximo tribunal. Hoy, busca inhabilitar a más de 60 diputadas y diputados de la discusión del libelo.
El listado de legisladores incluye en su mayoría a representantes del Frente Amplio, como Gael Yeomans, Diego Ibáñez y Maite Orsini, y a militantes del Partido Comunista como Boris Barrera y Juan Santana. También figuran parlamentarios del Partido Socialista, el Partido Liberal, Acción Humanista y la Democracia Cristiana, pero también busca sacar del camino a algunos miembros de la oposición como Sofía Cid y Juan Irarrazabal de la bancada del Partido Republicano, además de Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional.
Los abogados de Vivanco argumentan que esta solicitud se basa en la “vulneración a las normas de imparcialidad” establecidas en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Aseguran que varios parlamentarios han “emitido juicios previos respecto de las presentes acusaciones constitucionales, dando cuenta que han renunciado a actuar de forma imparcial”.
La defensa de la suspendida jueza argumenta que declaraciones y publicaciones en redes sociales de 62 diputados, que se han referido a su caso, son pruebas claras de su parcialidad. “La liviandad no puede ser llamada a un evento de esta envergadura. Nosotros esperamos de ellas y ellos la mayor objetividad, la calma, la distancia, la ponderación. Creemos que es imposible despejar la profundidad y macicez de nuestros argumentos y hechos en un plazo exprés”, comentó el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez.
El abogado también subrayó que “por lo mismo, estamos trabando una cuestión previa, estamos generando y levantando inhabilitaciones e inhabilidades respecto de quienes han manifestado opinión antes de que se conozcan nuestras defensas, tanto en la votación como incluso respecto de las comisiones”.
La solicitud de inhabilitación se da en medio de un complejo proceso constitucional que busca determinar la responsabilidad de Vivanco, una de las protagonistas de la arista judicial del caso Hermosilla, por un “notable abandono de deberes”.
Se solicita la inhabilitación de los siguientes parlamentarios:
Revisa el requerimiento y los argumentos de la defensa de Ángela Vivanco.
Tras la presentación de los descargos del abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la suspendida magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ante la Cámara de Diputados y Diputadas, la bancada parlamentaria del Frente Amplio no tardó en reaccionar.
La diputada y jefa de la bancada parlamentaria del Frente Amplio, Lorena Fries, señaló que “no me había tocado ver una defensa tan fuera de los marcos de lo que establece la Constitución, el que se quiera inhabilitar a 62 diputados que son los que en realidad les corresponde acusar a los ministros cuando estos, de acuerdo al mérito que existe, digamos, abandonan notablemente sus deberes, me parece que es llegar al ridículo de decir los diputados que acusan al final no pueden participar”.
En la misma línea, la diputada Emilia Schneider, dijo que “me parece inaceptable este intento de restringir nuestra labor democrática. El rol de los diputados y diputadas es legislar, pero también fiscalizar y concurrir a estos juicios políticos, donde no existe una norma de imparcialidad. Y quiero ser clara, no existe una norma de imparcialidad, por lo cual la causal que está invocando para inhabilitarnos no sería válida”.
Además, Schneider señaló que “espera que esto no prospere” y que “podamos seguir adelante firmes contra la corrupción y el tráfico de influencias. Punto aparte, me parece absolutamente ridículo tratar de inhabilitar por haber retuiteado una publicación en X. Me parece que hay que tomarnos este tema con seriedad y espero no sigamos encontrándonos con más sorpresas”.
Por su parte, la diputada María Francisca Bello denunció que “lamentablemente, estos son solo manotazos de ahogados sin fundamentos. Los diputados y las diputadas no somos jueces, pero lo que sí hicimos fue un juicio político ante un hecho de corrupción sin precedente. No nos detendremos frente a estas amenazas”.
“No tiene sentido alguno que se nos exija imparcialidad a los diputados, quienes en este caso actuamos y redactamos la acusación. Me parece un sinsentido, pero sobre todo una falta de conocimiento importante. Espero que esto nos siga adelante”, cerró Bello.
Para cerrar, el diputado Diego Ibañez, dijo que “creo que no debe desviar la atención de las acusaciones constitucionales en su contra y en la investigación del Ministerio Público. Debe enfocarse en su defensa más que en buscar inhabilitar e intentar coartar nuestra labor fiscalizadora, que está establecida en la Constitución. Estamos hablando de un caso muy importante para el país y esperamos que actúe a la altura de la situación entregando todos los antecedentes”.
