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Foto: AgenciaUNO
El ministro de la Corte Suprema presentó un extenso escrito ante la Cámara de Diputados, solicitando el rechazo del libelo en su contra y asegurando que las imputaciones están basadas en “hechos falsos” y en un “testimonio parcial”.
En el marco de las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema, impulsadas por parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana—en el caso de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus—y de Chile Vamos, en el caso del juez Sergio Muñoz, este último presentó un escrito de 39 páginas ante la Cámara de Diputados para rechazar el líbelo en su contra.
Asistido por sus abogados, Jorge Correa Sutil y Juan Correa Serrano, Muñoz se defiende de las acusaciones asegurando que se trataría de imputaciones que “no son ciertas”, basadas en hechos falsos, y que no podrían ser acreditadas con un nivel de razonabilidad plausible.
El juez y expresidente de la Corte Suprema parte negando tajantemente haberle entregado información anticipada de un fallo sobre un proyecto inmobiliario a su hija —la jueza Graciel Muñoz—, buscando que desistiera de la compra de dos departamentos, asegurando que esa comunicación “nunca existió”.
“Jamás he aconsejado a mi hija no comprar departamento en el proyecto Eco Egaña; jamás le he adelantado decisión o criterio alguno sobre lo que se conoció o iba a resolverse… Tampoco he dejado entrever o le he hecho insinuación alguna relativa a ese conflicto o a su decisión a mi hija Graciel Muñoz”, sostiene la declaración.
El magistrado argumenta que la acusación completa se basa en una sola declaración jurada ante notario, acusando que se trataría de un “testimonio de oídas y parcial”, prestado por una empleada de la misma empresa que solicitó su inhabilidad, buscando beneficiarse con una nueva arista de la causa.
“El testimonio en que se basa la acusación no es imparcial. Quien declara es subordinada de la inmobiliaria. Y la inmobiliaria usó esa declaración para dejar sin efecto la vista de la causa, cuestión que le reportaba un beneficio patrimonial evidente”, explica el documento presentado por la defensa de Muñoz.
Sobre la fecha en que la comunicación se habría realizado, el juez Muñoz señala que se enteró de los contratos de su hija con la inmobiliaria dos meses después de la vista de la causa, a través de un vespertino online, comunicándose entonces con ella para “consultarle sobre su vinculación comercial con la empresa Plaza Egaña SpA”.
Otro de los puntos destacados, según la acusación constitucional, era que Muñoz habría incurrido en notable abandono de deberes al omitir una denuncia en contra de su hija, cuando esta desempeñaba su función judicial desde otro país. El magistrado aseguró en el declaración que no era su deber “ejercer funciones correccionales o disciplinarias”.
La defensa de Sergio Muñoz también solicita invitar a expertos que apoyan su postura. Además, deducirá la cuestión previa, pidiendo se deseche de plano y sin entrar al fondo la acusación deducida.
Cabe mencionar que, en diciembre de 2022 la inmobiliaria Fundamenta recusó al juez Muñoz para que se inhabilitara en una demanda que presentaron vecinos contra el megaproyecto inmobiliario Eco Egaña en el sector de Plaza Egaña. Según la acusación de la inmobiliaria, Muñoz habría advertido a su hija del caso para que retirara su compromiso de compraventa y así traspasar los abonos al proyecto Eco Irarrázaval. De todos modos, Muñoz se inhabilitó del caso y la audiencia se repitió.
La comisión revisora en contra de la Acusación Constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, está compuesta por los diputados Eduardo Durán Salinas (RN), Jovanna Ahumada (Demócratas), Jaime Sáez Quiroz (FA), Sofía Cid (IND, apoyada por Republicanos) y Chiara Barchiesi (Republicanos).
Consulta el escrito presentado por la defensa de Sergio Muñoz.
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