“Hace tiempo hemos venido señalando que el sistema de educación superior chileno efectivamente contiene una gran asimetría”, señaló el rector de la U. de Valparaíso, a propósito del caso Cubillos y la falta de regulación sobre las universidades privadas que reciben recursos públicos.
El rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Osvaldo Corrales, se refirió a la situación que afecta a la Universidad San Sebastián, a propósito de la polémica por los 17 millones que recibía Marcela Cubillos cuando era docente en esa casa de estudios.
Mediante un comunicado, el Cuech manifestó su preocupación ante la falta de transparencia y control financiero en las universidades privadas que reciben recursos públicos, donde afirmó que “esta situación revela las deficiencias que existen en la regulación de la educación superior en Chile, que demanda un cambio urgente en favor de la transparencia del sistema”.
En esa línea, el rector UV profundizó en la “gran asimetría” que existe en el sistema de educación superior, donde las universidades estatales están sometidas a controles muy estrictos y, por otro lado, las instituciones privadas integran un “subsistema que se encuentra completamente desregulado”. Algo que también se evidencia en el presupuesto diferenciado por parte del Estado.
“En un informe de la Contraloría General de la República, que publicó el año 2023, respecto al porcentaje de inversión pública en educación superior, uno podía constatar que solo el 30% del total de recursos públicos iba a las universidades del Estado. El 70% restante se invierte en universidades privadas tradicionales y no tradicionales”, dijo.
-Una de las cosas que señalan en el comunicado es que esta situación revela las deficiencias que existen en la regulación de la educación superior en Chile y usted también ha señalado que ha sido un sistema diseñado de manera bien asimétrica. ¿Esto en qué se traduce en términos concretos, a la luz de los antecedentes que han surgido en los últimos días?
-Desde el Cuech hace mucho tiempo, antes de que ocurriera el caso que hoy día afecta a la Universidad San Sebastián, hemos venido señalando que el sistema de educación superior chileno efectivamente contiene una gran asimetría. Tiene un subsistema, un subconjunto de instituciones sometidas a regulaciones muy estrictas, me refiero a las universidades del Estado, y por otra parte, tenemos un subsistema que se encuentra completamente desregulado, que son aquellas instituciones privadas, particularmente las que no han adscrito al sistema de gratuidad universitaria.
Hoy día podemos observar, para ser muy concreto, que tenemos universidades del Estado sobre las que pesa la mayor regulación, tenemos un grupo de universidades privadas tradicionales y no tradicionales que están adscritas a gratuidad y que en función de eso están sometidas a algún tipo de control y de rendición de gastos. Y tenemos un tercer grupo de universidades, que son las privadas no adscritas a la gratuidad, sobre las que realmente hoy día hay muy poco control, a pesar de que esos tres subsistemas utilizan recursos públicos. Esa es la verdad.
Eso es lo que hemos visto en el caso que afecta a la Universidad San Sebastián. Ellos reconocen algo así como casi 38 mil millones de ingresos por becas fiscales y casi 70 mil millones de ingresos por Crédito con Aval del Estado, que si bien es un crédito que proviene de los bancos, se encuentra fuertemente apalancado por dinero público.
Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que donde hay dinero público, las reglas deberían ser las mismas. Las universidades del Estado estamos sometidas, por ejemplo, a Ley de Transparencia y en función de esa ley usted habrá visto que la prensa ha publicado los sueldos de los rectores y las rectoras, que son públicos. Uno puede pensar que esos sueldos son buenos, regulares o malos, pero ahí están y la ciudadanía puede conocer cuánto gana un rector, un profesor o un funcionario o una funcionaria. Sin embargo, si uno trata de hacer ese mismo ejercicio con las universidades privadas, no llega a esos resultados, a pesar de que en muchas ocasiones hay más dinero público invertido que en las universidades del Estado.
Yo decía, en alguna entrevista anterior, que la Universidad San Sebastián recibía algo así como casi 38 mil millones por becas fiscales, que es un monto equivalente al que recibe la Universidad de Valparaíso –que es una universidad del Estado– por concepto de gratuidad. Sin embargo, esa universidad no está afecta a ninguna norma de transparencia o de control que permita garantizar que los fondos que el Estado invierte en ella se dirijan hacia aquel fin para el que han sido concebidos, que es el educacional.
-Desde el Cuech también afirman que para el Presupuesto 2025 nuevamente se contemplan recursos relevantes para la educación superior privada que superan con creces la inversión del Estado en sus propias universidades públicas. Es un antecedente que poco se comenta cuando se analizan los recursos destinados a la educación.
-Efectivamente, nosotros tenemos en el Presupuesto la mejor evidencia de que hoy día, en el sistema de educación superior, hay una transferencia masiva de recursos públicos a instituciones de carácter privado. En un informe de la Contraloría General de la República, que publicó el año 2023, respecto al porcentaje de inversión pública en educación superior, uno podía constatar que solo el 30% del total de recursos públicos iba a las universidades del Estado. El 70% restante se invierte en universidades privadas tradicionales y no tradicionales.
La universidad que más recibe por concepto de gratuidad, no es la Universidad de Chile –siendo una de las instituciones más grandes desde el punto de vista de número de estudiantes y, por supuesto, la universidad más importante del país–, es la Universidad Autónoma, que es una universidad privada no tradicional. Por lo tanto, la gratuidad también ha sido una política pública que ha supuesto un traspaso masivo de recursos públicos a instituciones privadas.
Este año el presupuesto en gratuidad va a aumentar del orden de los 300 mil millones de pesos, solo por un aumento de naturaleza vegetativa, y la mayoría de los recursos va a universidades de carácter privado.
Entonces aquí se ha producido una paradoja, porque cuando se diseñó la política de gratuidad y entonces las universidades del Estado dijimos que los recursos públicos deberían ir prioritariamente a universidades públicas, se nos dijo que no importaba la naturaleza jurídica de las instituciones, que lo que importaba eran los estudiantes. Sin embargo, cuando se discutió la Ley de Transparencia y entonces nosotros dijimos que debiera aplicarse a todas las instituciones que reciben recursos públicos, nos dijeron que no importa el origen de los recursos, importa la naturaleza jurídica de las instituciones. El sistema político ha estado en una contradicción y nosotros creemos que es tiempo de resolverla.
-¿Cuáles son sus expectativas para avanzar al respecto?
-Desde el Cuech hemos hecho una propuesta que es muy clara. Las rectoras y rectores han intervenido a través de columnas de opinión, a través de entrevistas, y en las universidades del Estado no hay dos voces, en el sentido que nosotros entendemos como un mínimo que, donde hay recursos públicos, debería aplicarse la Ley de Transparencia.
Es la oportunidad que el Parlamento tiene para resolver esa contradicción a la que me refería anteriormente, es decir, que si hay recursos públicos, entonces las normas de transparencia deben ser las mismas, porque ese es dinero de todos los chilenos y de todas las chilenas. Ojo, que esta discusión se ha distorsionado en el sentido de decir que se pretende que el Estado fije las remuneraciones de las instituciones de educación superior y eso no es así. Nadie lo ha planteado, porque hay una gran heterogeneidad en las escalas de remuneraciones, que entre otras cosas está explicado por las realidades territoriales. Y esas diferencias explican razonablemente que exista heterogeneidad en la escala de remuneraciones.
Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho es que debe haber una racionalidad que explique, por ejemplo, por qué a un académico se le paga más o se le paga menos, por qué en determinado momento puede percibir ingresos adicionales en el ejercicio de su rol docente y otros, sin embargo, no lo reciben. Lo que nosotros entendemos es que debe haber una racionalidad que presida esto y creemos que el sistema político tiene una gran oportunidad para legislar en esta materia.
Esto depende, por cierto, del Ejecutivo, nosotros se lo hemos pedido, pero depende también del Parlamento, porque es el que aprueba las leyes y el que tiene que solventar esto. Y yo espero –entendiendo la necesidad que tiene el país de mayor transparencia– que las instituciones de educación superior privada se allanen a que este conjunto de normas relativamente razonables se les puedan aplicar, simplemente, para honrar la fe pública. Así queda claro que la mayoría de las instituciones cumple debidamente con sus deberes. Nosotros no lo ponemos en duda, simplemente decimos que, si hay más transparencia, siempre va a ser mejor.
-A propósito del caso Cubillos, ¿qué opinión le merece el debate en torno a la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza?
-Me parece que lo que hemos visto en el caso de la señora Cubillos no tiene nada que ver ni con la libertad de enseñanza, ni con la libertad de contratación, ni con la libertad que las instituciones tenemos eventualmente para fijar nuestras propias escalas de remuneraciones. Plantear el debate en esos términos es simplemente equívoco, es falaz, es simplemente tender una cortina de humo.
Hay una opinión que es transversal en ese sentido, no es una opinión que tengamos solo los rectores o que tenga la gente solo de un sector político. Porque evidentemente lo que hemos visto es anómalo. Esas remuneraciones en el sistema universitario chileno no existen, mucho menos entendiendo que las responsabilidades que se declaran, por parte de ella misma y por parte de la universidad, no tienen correlación con esa renta, al punto que el propio rector Lavados en una entrevista lo reconocía.
Las explicaciones han sido insuficientes. Han sido tan insuficientes que la Superintendencia de Educación Superior ha emitido un comunicado público donde dicen que los antecedentes que se le han hecho llegar a ellos también fueron insuficientes y han anunciado la realización de una fiscalización en terreno.
Esta discusión no tiene nada que ver con los valores que las universidades defendemos. Todas las universidades defendemos y suscribimos la libertad de cátedra, y la autonomía que tenemos para desarrollar nuestro propio proyecto educativo. Tampoco ha estado en discusión que las universidades podamos fijar nuestra propia escala de remuneraciones. Lo que ha estado en discusión es que las escalas de remuneraciones que apliquemos obedezcan a criterios y que esos criterios estén relacionados con el fin último que tenemos las instituciones de educación superior, que es un fin educacional, que es un fin formativo, de investigación y de vinculación con el medio. Me parece que eso es lo que ha estado en discusión e, insisto, resulta falaz pretender que aquí lo que está en cuestión es algo así como la libertad de enseñanza o cualquier otra libertad que las universidades defendamos.
