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Foto: AgenciaUNO
A la luz de los nuevos diálogos conocidos entre el exfiscal y Luis Hermosilla, el periodista pone en evidencia la trama de casos judiciales cuya impunidad —asegura Matamala, quien califica a Guerra como un “obediente sicario”— habría sido garantizada sin el menor escrúpulo.
Un servilismo a toda prueba, al punto de ofrecer soluciones antes que se lo pidan, es la tesis que deja en evidencia la última columna de Daniel Matamala, respecto al exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, a quien no duda en calificar como un “mocito” del poder político. “Un obediente sicario”, puntualiza.
Las expresiones del periodista, vertidas en su última columna publicada este domingo en el diario La Tercera, responden a las revelaciones del chat entre Luis Hermosilla y el otrora fiscal, cuya estrecha relación está siendo investigada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien se encuentra desarrollando una serie de diligencias ante un eventual delito de cohecho.
Matamala rescata una serie de episodios judiciales, contrastados con los chats aparecidos esta última semana, que corroborarían la fama de “sepulturero” que pesa sobre los hombros del exfiscal Guerra, acusado de lanzar las últimas paletadas de tierra a emblemáticos casos de connotación pública.
Al primero que alude es al caso Penta, por financiamiento irregular a la política, cuando el entonces fiscal escribe al abogado Luis Hermosilla, muy satisfecho de haberle arrebatado la causa a sus colegas Gajardo y Norambuena, aludiendo que “las causas Vip ya se las quité y están en mi poder. Así que todo a salvo”.
La impunidad en ese momento, asegura Matamala, quedó garantizada.
Luego, suma y sigue. En el año 2016, Guerra le escribe a Hermosilla que había hablado con Andrés Chadwick, para “ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta”, y más adelante le informa que había tomado declaración a los dos Carlos –Lavín y Délano, dueños de Penta– a quienes describe como “simpáticos ambos”.
También alude a una conversación donde Guerra le confiesa a Hermosilla sobre un eventual acuerdo con Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior de Piñera, para resolver el caso del entonces senador de la UDI, Iván Moreira, añadiendo que también se había reunido con el Fiscal Nacional Jorge Abott, “para convencerlo de flexibilizar” el caso.
Finalmente, como es sabido, el exfiscal terminó por suspender el procedimiento a cambio de $35 millones en el caso de Morerira y, en la situación de “los Carlos”, evitó la cárcel de los implicados a cambio de clases de ética.
Otro caso que aparece es el de minera Dominga, cuando Guerra intercede a favor de Piñera y su círculo más cercano. El 3 de agosto de 2017, durante la campaña presidencial, el exfiscal le comunica a Hermosilla que se aproxima “la audiencia de discusión de sobreseimiento y reapertura del caso de SPE”, aludiendo a las siglas de Sebastián Piñera Echenique, no informando al tribunal sobre una cláusula de condicionamiento respecto a una eventual declaratoria ambiental y tampoco indagó en la arista sobre el trato que se firmó en Islas Vírgenes Británicas.
Lo que viene después, asegura Matamala, es una suerte de vuelta de mano. Apenas asume Piñera como Presidente y Chadwick como ministro del Interior, Guerra “comienza a pedir pega”, primero como consejero del Consejo de Defensa del Estado y luego se abre a otros cargos de Alta Dirección Pública.
Entre medio, explica Matamala, Guerra se ofrece para cerrar la arista SQM, a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, donde se indaga al senador Jorge Pizarro, señalando a Hermosilla que “si no quiere hacerlo Pablo por la razón que sea, que me pase la causa”.
A tal punto llega el servilismo de Guerra, señala Matamala, que ad portas de la formalización de Manuel José Ossandón por tráfico de influencias, en el año 2020, pide instrucciones a Hermosilla para saber cómo actuar. “¿Tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto de Ossandón?”, pregunta.
Las gestiones realizadas por Guerra tienen una recompensa final. En mayo de 2021, con Chadwick fuera de La Moneda, el exfiscal arriba a la Universidad San Sebastián con un contrato de $6,6 millones por media jornada.
“Siempre fue evidente que la impunidad en Penta había sido una operación política en la que Guerra actuó como un mocito del poder político”, dice Matamala al finalizar la columna. “Un obediente sicario”, agrega, “dispuesto a apretar cualquier gatillo con tal de agradar a sus mandantes y dejarlos “a salvo”, como él mismo se felicitaba, del brazo de la Justicia”.
