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A pesar de que la defensa de la suspendida ministra presentó sus descargos durante el viernes pasado ante el Congreso y la Corte Suprema, espera un resultado desfavorable en ambas. Pero sólo una vez agotadas las instancias locales podrán acudir a las internacionales.
La defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, evalúa recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido que, a su juicio, los escenarios que enfrenta en el Máximo Tribunal y el Congreso no aseguran las garantías necesarias del debido proceso.
La magistrada enfrenta actualmente dos acusaciones constitucionales en el Congreso ―una presentada por el oficialismo más la Democracia Cristiana, otra por Chile Vamos― y un cuaderno de remoción abierto por la Corte Suprema.
Esto tras una serie de revelaciones que la involucran directamente: las conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla en la que le pidió que integrara la Segunda Sala de la Corte; la entrega de información de causas relativas a miembros de Fuerzas Armadas y Carabineros de conocimiento de la Tercera Sala, y antes de la firma de la sentencia y su notificación, a dicho abogado; las irregularidades que ocurrieron durante la tramitación de la causa que enfrentó a Codelco con la empresa Belaz Movitec ―y que ocurrieron mientras ella presidía la Tercera Sala como subrogante―; intervención en el proceso de nombramiento de fiscal nacional, de miembros de diferentes cortes y de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón.
Aunque sólo se puede recurrir a la CIDH después de agotar las instancias legales en Chile, su defensa considera que el desenlace será desfavorable tanto en la Suprema como en el Congreso. La jueza buscará defenderse ante instancias internacionales si la justicia local no le otorga un juicio justo, según informa ExAnte.
Los abogados de Vivanco, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, argumentaron en el escrito que presentaron al Congreso el viernes pasado que ambas libelos acusatorios presentan graves errores de forma y fondo.
Entre ellos, destacan que el número de diputados firmantes supera el límite legal de 20, lo que podría invalidar las acusaciones.
Además, señalaron que 62 parlamentarios emitieron opiniones previas sobre el caso sin conocer los antecedentes, vulnerando las normas de imparcialidad explicitadas en el artículo 346 de la Cámara de Diputados, que regula deberes de los legisladores.
“La presente acusación constitucional vulnera los estándares nacionales propios del principio de imparcialidad”, indica el texto. A razón de aquello solicitaron la inhabilidad de todos ellos.
Respecto a sus descargos frente a la Corte Suprema, la defensa también cuestiona la participación de sus pares Gloria Ana Chevesich, Soledad Melo y Nelson Pozo en el Pleno que definirá el futuro de Vivanco, debido a que ya habrían emitido opiniones en su contra, lo que comprometería la imparcialidad del proceso. La mención de Pozo en los chats de Hermosilla refuerza las sospechas de la defensa.
Junto con aquello, la defensa hizo presente que el procedimiento en su contra en el Máximo Tribunal omitió la jurisprudencia del propio tribunal, puesto que previa apertura del libro de remoción lo que correspondía era un procedimiento disciplinario previo.
En los demás argumentos presentados por la defensa está la prescripción de cinco de los siete cargos presentados en su contra en el proceso, el origen ilícito de los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y que se utilizan como prueba para su remoción, junto una serie de afectación a sus garantías constitucionales (se le negó el acceso al expediente de remoción, la existencia de testigos sin rostro, minutas e informes de la Comisión de Ética sin firma y bloqueo de sistemas digitales de Vivanco para ejercer a plenitud su derecho a defensa, entre otros).
