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La propuesta busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas, obligando a las instituciones a actualizar mensualmente datos sobre personal, bienes raíces, matrícula y fondos públicos. El proyecto surge tras el escándalo del sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.
La senadora Yasna Provoste presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, con el fin de exigir a las universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) a hacer pública información clave sobre su funcionamiento financiero y administrativo.
La propuesta, presenta por Provoste (DC) y apoyada por sus pares, los senadores Paulina Nuñez (RN), Claudia Pascual (PC), Gustavo Sanhueza (UDI) y Alfonso De Urresti (PS), establece la obligatoriedad de que todas las universidades, publicas y privadas, y CFT publiquen en sus sitios web información relevante, actualizada al menos una vez al mes, para garantizar una mayor rendición de cuentas y control público.
Entre los datos que deberán ser trasparentados están la nómina del personal a contrata, con el detalle de funciones y remuneraciones, lo que incluye al personal directivo de las instituciones; la individualización de los bienes raíces donde funciona la institución ―además del detalle sobre su propiedad, que en caso de arriendo debe detaller el valor mensual―; valor de la matrícula y gastos asociados a los estudiantes; la estructura organizacional de la casa de estudios y la transferencia de fondos públicos hacia la institución.
El proyecto, argumentan los senadores, está diseñado para abordar las preocupaciones sobre posibles abusos salariales, evitar elusión de la normativa que prohíbe el lucro mediante arriendos con precios fuera del mercado y establecer una mayor claridad sobre los compromisos económicos para los estudiantes, entre otros.
La iniciativa surgió tras conocerse públicamente el caso del millonario sueldo de $17 millones brutos mensuales que recibía Marcela Cubillos (UDI), ex ministra de Educación y candidata a la alcaldía de Las Condes, por impartir clases en la Universidad San Sebastián.
El proyecto de ley modifica la Ley de Educación Superior y no incluye a las universidades y CFTs directamente en la Ley de Transparencia, ya que estas son entidades privadas que no son objeto natural de dicha normativa. Sin embargo, al establecer estas obligaciones dentro del marco de la Ley de Educación Superior, se asegura que las instituciones puedan ser fiscalizadas por la Superintendencia de Educación Superior. Además, el incumplimiento de estas obligaciones será considerado una infracción gravísima, lo que podría afectar la acreditación de las instituciones.
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