Expertos del IEB y los desafíos de Chile para la Cop 16 (JUEGO LIMPIO)

Chile se enfrenta a un momento crucial en la conservación de su biodiversidad con la COP16 en el horizonte, que se celebrará en octubre de 2024 en Cali, Colombia. Esta conferencia de la Convención sobre la Diversidad Biológica será clave para revisar los avances hacia el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que establece la meta 30×30: proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos para 2030. Este compromiso mundial busca preservar la biodiversidad, respetando los derechos de las comunidades locales y fomentando una planificación espacial inclusiva.

Los investigadores del IEB, en el marco del convenio con Juego Limpio para la COP16, María José Martínez Harms (Universidad Santo Tomás), Eduardo Silva (Universidad Austral de Chile) y Patricio Pliscoff (Universidad de los Andes), explican que uno de los principales retos para Chile en este objetivo es el desbalance en la distribución de áreas protegidas.

Sostienen, que aunque más del 40% de su territorio oceánico está bajo protección, «estas áreas se concentran en regiones aisladas como las islas Juan Fernández y Rapa Nui, mientras que las zonas costeras más vulnerables, cercanas a la actividad humana en el norte, centro y sur del país, están subrepresentadas. Estas áreas, que incluyen la Ecorregión Paposo-Taltal, las costas del Chile central y los fiordos patagónicos, son críticas para la biodiversidad, pero están expuestas a la urbanización, la agricultura intensiva y la salmonicultura.

En cuanto al territorio terrestre, los investigadores señalan que, aunque Chile protege alrededor del 22% de su superficie, gran parte de las áreas protegidas están en la zona austral, mientras que la zona central –considerada una prioridad global por su rica biodiversidad– está poco representada. «La expansión urbana, la agricultura y el cambio climático han fragmentado los ecosistemas en esta área, amenazando la conectividad ecológica. Además, muchas de las áreas protegidas en todo el país carecen de financiamiento, personal y planes de manejo actualizados, lo que limita su capacidad para cumplir su misión de proteger la biodiversidad».

A pesar de los desafíos, Chile tiene oportunidades significativas para avanzar hacia la meta 30×30.

• «Una estrategia clave es la incorporación de Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), que reconocen áreas no formalmente protegidas, como territorios gestionados por comunidades indígenas y propiedades privadas, que contribuyen a la conservación. En el ámbito marino, la expansión de Áreas Marinas Protegidas (AMPs)para incluir zonas costeras vulnerables, junto con herramientas como las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), pueden ayudar a proteger ecosistemas clave».
• Los investigadores estiman que un avance significativo en la gestión ha sido la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que centralizará la planificación y monitoreo de las áreas protegidas en Chile. «Este servicio mejorará la gobernanzay permitirá una gestión más eficaz de las estrategias de conservación. Además, Chile está atrayendo un mayor financiamiento internacional, como el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para proyectos de restauración ecológica».

A nivel de gestión –apuntan–, se han implementado mecanismos de participación comunitaria y herramientas de monitoreo modernas como SMART, que permiten a los guardaparques recopilar datos sobre vida silvestre y amenazas. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo la planificación y aumentar la presencia de personal especializado en regiones clave como el norte y centro del país, para garantizar una conservación más sostenible.