Medioambiente
Aunque la IA promete aumentar la eficiencia en la supervisión ambiental, existen grandes desafíos en su implementación. Uno de los principales –apuntan– es que la legislación internacional aún no define claramente cómo regular el uso de estas tecnologías en contextos gubernamentales.
La inteligencia artificial (IA) está presente en toda nuestra vida. Y no recién, desde hace años, cuando llegaron las aplicaciones y el teléfono se volvió indispensable. Para todo. Y también desde hace rato está en nuestras instituciones.
Un reciente estudio liderado por Diego Rivera Lisboa, investigador y estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, junto con Martín Tironi de la Universidad Católica, analiza cómo la IA está transformando la gobernanza ambiental en nuestro país. La investigación se centra en cómo estas tecnologías están influyendo en las políticas ambientales y la sostenibilidad a través de una iniciativa clave desarrollada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
El concepto de gobernanza eco-algorítmica, que propone el estudio, refiere a la forma en que el uso de algoritmos y tecnología de IA reduce el medio ambiente a un conjunto de métricas asociadas al cumplimiento regulatorio. Esto plantea el desafío de no depender únicamente de datos automatizados, sino de contextualizarlos en su marco institucional.
Uno de los puntos clave de esta investigación fue el análisis de una iniciativa de la SMA, que ha comenzado a utilizar IA para el monitoreo ambiental. Este enfoque permite a la superintendencia operar con menos personal, cubriendo un territorio vasto con recursos limitados. Aquí los investigadores hacen una advertencia relevante: un excesivo automatismo que podría deshumanizar el sistema regulatorio, un aspecto que requiere atención en la legislación.
Los autores, Rivera y Tironi, destacan que, aunque la IA promete aumentar la eficiencia en la supervisión ambiental, existen grandes desafíos en su implementación. Uno de los principales –apuntan– es que la legislación internacional aún no define claramente cómo regular el uso de estas tecnologías en contextos gubernamentales. Esto plantea preguntas sobre el equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la toma de decisiones humanas.
El estudio forma parte del proyecto del Núcleo Milenio FAIR, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), que se centra en investigar las implicancias sociales y culturales de la IA.
