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Crédito: Agencia Uno
En el Congreso explican que, si bien la aprobación del libelo contra Vivanco “es un mero trámite”, las opciones para que Muñoz corra una suerte distinta radican en tres votos. Estos son los de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, del Partido Demócratas, y del independiente Karim Bianchi.
Después que la Corte Suprema destituyó a la ahora exministra Ángela Vivanco, en el Senado continuará su juicio político el próximo martes 15 de octubre. En el Poder Legislativo la acusación constitucional que enfrenta la abogada es, tanto para los parlamentarios del oficialismo como de la oposición, la verdadera condena por su notable abandono de deberes: la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Aunque los jefes de comités lo resolverán el lunes con la mesa del Senado, es posible que ese mismo día en el hemiciclo se vote también, aunque por separado, la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.
Algunos abogados de la plaza, cercanos al progresismo, albergaban la secreta esperanza de que el ministro Muñoz, que investigó emblemáticas causas antes de llegar al máximo tribunal del país –como el caso Spiniak, las cuentas bancarias del exdictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs y el asesinato del Tucapel Jiménez–, tuviera opciones se sortear el juicio político en el Senado.
No obstante, en el oficialismo aseguran –al cierre de esta edición– que resulta prácticamente imposible que el magistrado se salve de ser acusado constitucionalmente junto a Vivanco.
En el Congreso explican que, si bien la aprobación del libelo contra Vivanco “es un mero trámite”, las opciones para que Muñoz corra con una suerte distinta radican en tres votos. Estos son los de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker del Partido Demócratas, y de su par por Magallanes, Karim Bianchi (Ind), ya que para la votación los 50 senadores confirmaron su asistencia.
Según explican en el Congreso, el vicepresidente de la Cámara Alta se habría mostrado reflexivo en torno a que ambos ministros reciban el mismo castigo político. En ese sentido, entre los legisladores se señala que ha manifestado que el Senado cumple una función jurisdiccional, “porque no solamente resuelve la destitución de los ministros por notable abandono de deberes, sino que también puede aplicar o no una inhabilitación por cinco años”. Eso, más la sensibilidad –según afirman– por los temas de derechos humanos del senador, podrían hacer que se abstuviera o plantease algo distinto al “castigo” de Vivanco.
En el Partido Demócratas, que preside la senadora Rincón, explican que la legisladora se ha mantenido sin dar señal alguna sobre cómo votará el martes. Sin embargo–explican en la tienda–, dado que la bancada del partido votó a favor en la Cámara, sería inviable que su presidenta votara de una forma diferente.
En tanto, el voto del senador magallánico Karim Bianchi también genera expectación entre sus pares, pues usualmente actúa con independencia de la izquierda y la derecha en las votaciones más políticas.
Entre los abogados progresistas de la plaza se abrió un debate en torno a si correspondía continuar con el proceso contra Vivanco en el Congreso, considerando que “ya había sido sancionada por la Corte Suprema por abandono de deberes”, el mismo “delito” por el cual se tramita la acusación constitucional en el Senado.
Sin embargo, senadores y experimentados abogados constitucionalistas coinciden en que son procesos diferentes: mientras la sanción del máximo tribunal del país equivale a algo administrativo, lo del Congreso es un juicio político.
En ese marco, el abogado constitucionalista Javier Couso explica a El Mostrador que la aprobación del proceso de remoción de la Corte Suprema respecto de la ministra Vivanco “es un procedimiento que va por una cuerda separada de la acusación constitucional en el Congreso”. Según sostiene, esto no solo porque es un proceso en “un caso de remoción administrativa y en otro caso es un proceso por un ilícito constitucional –notable abandono de deberes–, sino porque además tienen distintas sanciones”, ya que en el caso de la acusación constitucional hay sanciones suplementarias, “especialmente la inhabilidad para ejercer todo cargo público, sea o no de elección popular”.
“El hecho de que sean dos procesos enteramente diferenciados explica que el Congreso Nacional pueda continuar con su procedimiento de acusación constitucional contra la ministra Vivanco aunque esta haya ya sido removida (…). Es posible acusar constitucionalmente a jueces de altos tribunales de justicia, incluso hasta tres meses después de que hayan terminado de ser jueces. La Constitución no distingue el motivo por el cual hayan cesado de ser jueces (…). La acusación continúa en el Senado porque fue interpuesta cuando ella era jueza todavía”, afirma Couso.
En el Senado coinciden con Couso en cuanto a que se trata de dos procesos distintos que tienen sanciones diferentes. “Si el Senado la destituye, no puede ejercer ningún cargo público en cinco años. Se incluye la docencia en universidades públicas. Si no se le inhabilita, en un tiempo más podría perfectamente ser asesora de un gobierno o del Poder Judicial”, puntualiza un congresista.
“La sanción de la Suprema es la salida del servicio judicial y técnicamente podría volver a integrar el Poder Judicial. El juicio del Senado es un juicio político conforme a la Constitución. En el caso de la Suprema, equivaldría a un juicio de carácter administrativo”, agrega un senador a El Mostrador.
