Director de Acción Educar y ley fin al CAE: “El informe financiero ha sido ampliamente cuestionado”

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, abordó los que, a su juicio, son los aspectos positivos y negativos del proyecto que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

Por un lado, Rodríguez destacó que el Gobierno propone una estrategia muy agresiva de cobranza. “Hay un elemento de condonación, a nuestro modo de ver, menor, pero eso es positivo. Y al mismo tiempo hay un elemento de cobranza estatal que se plantea como muy eficiente”, dijo.

No obstante, independiente de valorar algunos elementos, advirtió que el “proyecto muestra un extravío del Ministerio de Educación en las prioridades”, y criticó los eventuales riesgos para la sostenibilidad financiera de las universidades. 

“Si bien el sistema de cobranza puede parecer positivo para la condonación, no lo es en el caso del nuevo instrumento, porque equivale a un tributo o impuesto. (…) Se crea una especie de diseño de solidaridad forzada o un sistema de reparto. En el fondo, muchas personas, (…) van a tener que llevar en su espalda el financiamiento del sistema de educación superior a través de un impuesto”, señaló. 

-¿Cómo evalúan los pilares centrales del proyecto, tanto en sus aspectos positivos como negativos?
-Nosotros en general pensamos que es preocupante para el momento fiscal y político del país, con la falta que hacen los recursos para la educación parvularia y básica , y en particular si uno quisiera poner un punto clave, la calidad de la educación media. En ese contexto y en el de reactivación educativa, no podemos dejar de decir que, independiente de valorar algunos elementos, este proyecto muestra un extravío del Ministerio de Educación en las prioridades.  Un foco por resolver temas del sistema educativo que no son los más urgentes hoy día, ni los que en el futuro van a tener mayor impacto. Me importa mucho dejar eso puesto primero.

-Desde el Gobierno han dicho que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y que el ahorro que significa para el Estado este proyecto permitiría destinar esos recursos a las otras áreas educativas…
–El informe financiero del proyecto ha sido ampliamente cuestionado. Yo también creo que incluso antes de entrar muy fuerte a los números, ya el hecho que el Ministerio de Hacienda esté proponiendo que a través de la condonación en el segundo año de aplicación vamos a tener ahorros, es decir, que el Estado va a ganar plata con la condonación del CAE, me parece que es algo que no se puede creer a primera vista. Es muy importante entonces conocer los supuestos y profundizar en ese informe financiero, antes de poder sacar conclusiones como que aquí se va a ahorrar plata y vamos a repartir a otras prioridades.

Ahora, respecto a caminar y mascar chicle, lo que pasa es que el Gobierno solo ha mascado chicle. Entonces es muy difícil hoy día creer que con los nuevos recursos el énfasis va a estar en los elementos que no han priorizado durante ya tres años de Gobierno. Esto tiene que ver con la credibilidad y con que el Gobierno ponga antecedentes concretos sobre la mesa para poder creer o poder avanzar en esas líneas.

-Y respecto a los elementos positivos de la ley…
-Los aspectos positivos del proyecto me parece que están en el elemento de condonación y reprogramación. Porque lo que nos está proponiendo el Gobierno en esta materia es una estrategia muy agresiva de cobranza. O sea, hay elementos de condonación, efectivamente acotados. Hay como dos condonaciones base, una que es general, dependiendo de tu situación, que varía desde 20 UF hasta 60 UF. Y luego hay una relacionada al prepago, a la posibilidad de que te condonen un cuarto de tu deuda si es que logras prepagar el total como deudor del CAE. Y también lo relacionado a la contingencia del ingreso y la adaptación de la nueva cuota o del nuevo impuesto a cada estudiante, o a cada beneficiario, que según se explica sería siempre menor a la del CAE. 

La cosa es que este instrumento o esta serie de reglas que están a cargo del Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, se plantea como un sistema muy eficiente para recaudar. Hay un elemento de condonación a nuestro modo de ver, menor, pero eso es positivo. Y al mismo tiempo hay un elemento de cobranza estatal que se plantea como muy eficiente. Obviamente tiene problemas, pero frente a una situación en la cual hoy día asumimos que 60% de la cartera está morosa, no estamos recuperando como estado los recursos del CAE, aquí va a haber una recuperación. Y eso hay que reconocerlo, es positivo. 

Ahora, obviamente es importante considerar las variables políticas, porque la política pública siempre tiene la parte técnica y la parte política. Es importante monitorear en el Congreso cuál va a ser la reacción de ciertos sectores políticos cuando se diga que en realidad esta condonación es muy menor y el verdadero foco está puesto en una recuperación, en un cobro muy agresivo de la deuda del CAE. 

-¿Y cuáles son los principales aspectos negativos que observan? 
-El lado negativo creo que está centrado justamente en el instrumento que reemplaza al CAE. Si bien el sistema de cobranza puede parecer positivo para la condonación, no lo es en el caso del nuevo instrumento, porque equivale a un tributo o impuesto. La discusión ahí es semántica, pero equivale a un impuesto a los graduados beneficiados, no a todos, solo a los beneficiados en el que las personas que tengan carreras más rentables van a terminar subsidiando, en una forma de reparto, a quienes estudien carreras más largas, no trabajen formalmente, o no trabajen.

Entonces, se crea una especie de diseño de solidaridad forzada o un sistema de reparto que, en el fondo, muchas personas -en particular el capital humano que Chile más necesita, personas de las matemáticas, de la ciencia y que van a tener mayor rentabilidad- van a tener que llevar en su espalda el financiamiento del sistema de educación superior a través de un impuesto.

También se ha comentado bastante la perspectiva de las instituciones del sistema mismo, haciendo ver que la prohibición del copago en los deciles superiores al 6, es invalidante para el sistema de educación superior. Nosotros hemos calculado que sería una cifra cercana a los 1.300 millones de dólares anuales. Estamos hablando del 80% de lo que el Estado gasta en gratuidad anualmente también.

O sea, le estamos quitando más o menos un tercio de recursos al sistema. Y creo que ahí hubo un diseño muy imprudente por parte del Ministerio de Educación porque se trataron de matar dos pájaros de un tiro, arreglar el problema del CAE, avanzar en la gratitud universal, y al mismo tiempo retrasar la gratitud universal de la presidenta Bachelet.

-El ministro Cataldo y el subsecretario Orellana han salido a responder las críticas respecto a que esto no se trataría de una lógica impositiva. Han señalado que esto no es un crédito, sino que un monto de retribución variable, y que para definir lo que es un impuesto, uno tiene que entender que el impuesto es unilateral y el FES no es unilateral, sino que es una contraprestación. ¿Cómo ves las respuestas que han dado desde el Gobierno?
-Yo creo que esto es semántico y comunicacional. Efectivamente, un impuesto no tiene una contraprestación, pero eso está en el orden jurídico chileno, por eso algunos expertos han dicho que no es un impuesto, sino que un tributo. El subsecretario dice que es contingente al ingreso, bueno todos los impuestos son contingentes al ingreso. 

Efectivamente, el Gobierno ha sido muy insistente en que no es un crédito y en eso tiene razón porque no hay un pasivo, no hay una deuda. Nadie sabe cuánto debe, sino que tiene una obligación de pagar. Pero cuando uno ve aquí que el sistema está regido, fiscalizado y supervisado por el Servicio de Impuestos Internos. Se rige en las normas no determinadas por el código tributario. Se usa el impuesto de primera categoría, el impuesto a la renta, para determinar, es bastante evidente que esto es una forma de impuesto. 

Y lo más importante que tiene conceptualmente, es el reparto. Como tú no estás sirviendo una deuda, como no estás aportando a un número conocido e individual, sino a un pozo común, lo que básicamente -si queremos ser estrictamente rigurosos- se parece en un 99% un impuesto y se parece en 50% un crédito. Entonces yo le llamaría impuesto.

-Con respecto a la preocupación por la sostenibilidad financiera que han planteado los mismos rectores, ¿cómo proyecta ese debate en el ámbito legislativo? Se ha comentado que en particular el tema del copago puede ser parte de las negociaciones.
-Yo creo que los rectores han puesto varias ideas sobre la mesa en esta materia. Una de ellas deriva de la fijación de los precios, su consiguiente prohibición del copago y el problema relativamente práctico de la pérdida de ingresos. 

Pero los rectores han ido más allá. Algunos de ellos, por ejemplo, el rector Valdés, el rector González, de la Universidad del Desarrollo y Universidad Central, han planteado el tema de la segregación. Ese es un efecto derivado de este sistema que lleva a que muy probablemente tendríamos un sistema altamente elitizado. 

Los rectores también han hecho ver -la Católica del Paraíso y la Católica de Chile- el problema de la autonomía. Este sistema promueve, a diferencia del CAE, que casi el 100% de los recursos de una universidad van a pasar a ser fiscales. Y eso evidentemente pone en riesgo la autonomía, porque el que pone la plata pone la música.  También estaría sometido a los ciclos políticos y económicos. Un Gobierno podría querer priorizar más la educación superior y otro podría querer priorizar menos. Podríamos tener ciclos económicos desventajosos para el fisco y tener que recortar los recursos de la educación superior. Y por eso, poner todos los huevos en una sola canasta, que todo el financiamiento venga del fisco, es peligroso para la autonomía y para la persistencia de las instituciones. 

Por otro lado, las instituciones estatales, en particular la rectora Devés y también el rector Corrales han advertido el tema de la calidad. Las universidades estatales son en general complejas con investigación, con una raíz regional muy importante, son núcleos de desarrollo investigativo en cada una de sus regiones, y este proyecto lo que hace es quitarles la posibilidad de investigar y más bien convertirlas en universidades docentes. 

Entonces, lo que veo es que a la luz de este problema surgen otros que son mucho más profundos, que van más allá de lo que podría ser una negociación por un monto de dinero. 

-¿Cómo proyectas la discusión más de fondo respecto a la calidad de las instituciones de educación superior y la desigualdad en el sistema?
-Ese punto es quizás uno de los más centrales, porque devela una realidad que puede no gustarnos, pero es así. Las universidades del Cruch logran investigar porque tienen fondos basales, fondos directos que fueron definidos en el año 81 y se reajustan anualmente. Y las universidades privadas fuera del Cruch no tienen ese cheque, han financiado el desarrollo y la investigación a través de los aranceles, llegando a niveles muy exigentes. Estamos hablando de la Universidad Andrés Bello, Universidad Los Andes, Adolfo Ibañez, la Universidad del Desarrollo, Universidades Diego Portales, Alberto Hurtado, reconocidas como centros de investigación avanzada.

Entonces cuando existe esta desigualdad de base y entra una política que elimina el copago, lo único que estás haciendo es profundizar muchísimo más esa desigualdad. Y cuando el Gobierno a veces dice no se preocupen porque yo voy a hacer un fondo de investigación, pero para suplir eso están agrandando la brecha entre universidades con fondos basales y sin fondos basales. Entonces me arreglas por un lado, pero me desarreglas por otro. Esa discusión sobre investigación es muy importante que ocurra, pero tiene que ocurrir en el marco de un sistema relativamente equilibrado.

-Volviendo a lo que comentaste al principio, ¿cuáles son esas otras deudas en materia de educación que a su juicio deberían ser priorizadas?
-Nosotros tenemos tasas de cobertura preescolar bajas y es una tarea pendiente. Tenemos muy buenas tasas de cobertura en media y escolar, incluso en superior, estándar OCDE, pero en parvularia nos hemos quedado sistemáticamente atrás. 

Tras la pandemia hubo una pérdida de valorización de la asistencia y, por lo tanto, hemos aún reducido más esa prioridad. Sabemos que es la que tiene más impacto en la trayectoria vital de las personas y es un sistema que se ha dejado abandonado, con una institucionalidad muy débil, muy repartida -la Junji, Integra- desigualdades salariales entre las funcionarias, grandes brechas de calidad, en fin. 

La segunda urgencia tiene que ver con la exclusión que se agravó con la pandemia. Existen 50.000 jóvenes que abandonan el sistema escolar en la media en condiciones que nosotros tenemos indicadores de país desarrollado y tenemos una cobertura del sistema escolar del 100%. Esos niños no es que salgan porque no tienen lugar, es porque de alguna forma o los excluimos, o encuentran más atractivo estar fuera del colegio, y eso tiene que ver con muchas variables.

Necesitamos reincorporarlos al sistema. Y no podemos pensar que esas personas salgan se van a reincorporar a un colegio, entre comillas, normal o tradicional, porque normalmente quieren reincorporarse a los 21, 22 años, cuando ya se dan cuenta que necesitan la licencia de enseñanza media para poder progresar en la vida y necesitamos reintegrarlos al sistema con escuelas especiales. Aquí el Hogar de Cristo por ejemplo, a través de la Fundación Súmate ha sido muy activo en esto, y de nuevo los hemos dejado de lado. Hay un proyecto del expresidente Piñera, durmiendo en el Congreso, que crea y financia estas escuelas de reingreso, que permitiría recuperar a los excluidos.

Y la tercera prioridad es la calidad de los aprendizajes. El capital humano o cuánto aprenden nuestros jóvenes al salir del sistema obligatorio. Las competencias que nuestro sistema entrega son muy bajas. Todas las pruebas que comparan lo muestran, los datos de alfabetización de adultos también lo muestran. Necesitamos un fuerte salto de calidad. Y esto no tiene que ver con puntajes de pruebas, ni cosas estandarizadas, no, tiene que ver con qué competencias sales del colegio para integrarte al mundo del trabajo.. No tienen las competencias matemáticas, la lectura, que sabemos que son las que promueven el capital, que dan competencias que permiten la rentabilidad de la educación. Y no nos hemos preocupado de eso.