Medioambiente
“Solo a través de un proceso de evaluación más inclusivo y transparente, con mecanismos claros de participación y mediación, se podrá lograr un equilibrio que permita el desarrollo sostenible del país”, sostiene el informe del Centro de Políticas Públicas de la UC.
El 27 de noviembre de 2023, el Centro de Políticas Públicas de la UC presentó el estudio «¿Cómo mejorar los procesos de calificación ambiental? Evaluación ambiental, conflictos y participación ciudadana en proyectos energéticos». Y fue hace un par de números de Juego Limpio que Felipe Irarrázabal –uno de sus investigadores– se puso en contacto conmigo para enfatizar la incidencia de la conflictividad en variables administrativas y de participación ciudadana.
En el estudio se describe que las metas de descarbonización del país requieren la implementación de nuevos proyectos de generación de energía renovable no convencional, pero es común que estas iniciativas enfrenten resistencia por parte de las comunidades locales, lo que impacta en la tramitación ambiental.
Por ello es que este capítulo se enfocó en la relación entre los procesos de evaluación ambiental, la conflictividad y las instancias de participación ciudadana. Específicamente, en proyectos de generación de energía que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante Estudios (EIA) o Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y que han experimentado instancias de participación ciudadana.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile ha sido objeto de debates y críticas desde su creación, hace 27 años. A pesar de su última reforma significativa en 2010, el proceso de calificación de proyectos continúa generando controversias, debido a la demora en la tramitación y los problemas de legitimidad. En un país donde el desarrollo económico, el medio ambiente y las comunidades locales están estrechamente interrelacionados, la mejora del SEIA es una necesidad urgente, en especial en el contexto de proyectos energéticos.
El estudio apunta que uno de los principales desafíos que enfrenta el SEIA es la conflictividad social . Según investigaciones recientes, un 25% de los proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha enfrentado conflictos, lo que ha provocado un retraso promedio de 180 días en su tramitación. En el caso de los proyectos energéticos, esta demora es incluso mayor, exacerbada por las protestas y la falta de participación efectiva de las comunidades.
Pese a que los conflictos se manifiestan en instancias no formales, como protestas, estos tienen un impacto significativo en el proceso de calificación, a menudo extendiendo los plazos y agregando incertidumbre a la inversión. En este sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú ha dado un nuevo impulso a la necesidad de mejorar los mecanismos de participación ciudadana en los proyectos de infraestructura y energía.
Dentro de sus conclusiones, el estudio de la UC propone dos líneas de acción clave para mejorar el SEIA: reforzar el esquema de participación ciudadana y crear instancias de mediación de conflictos. La primera medida busca fortalecer la capacidad de las comunidades para participar de manera efectiva en el proceso de evaluación, proporcionando más información y facilitando el acceso a expertos que puedan reducir las asimetrías existentes entre los titulares de proyectos y la sociedad civil.
En segundo lugar, la mediación se presenta como una herramienta esencial para resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, evitando que se prolonguen los procesos a través de recursos administrativos. Esta instancia permitiría que las diferencias entre los desarrolladores de proyectos y las comunidades se aborden de manera más directa y consensuada.
El foco en los proyectos energéticos es clave, ya que este sector está en el centro de la transición hacia una matriz energética más limpia, como parte de los compromisos de descarbonización de Chile. Sin embargo, el retraso en la evaluación de estos proyectos, sumado a la creciente conflictividad social, ha sido un obstáculo importante para el avance de las iniciativas.
El análisis de datos entre 2013 y 2021 muestra que los proyectos energéticos en particular enfrentan una mayor extensión en sus tiempos de calificación, debido a la oposición social y la falta de espacios formales de diálogo.
La reforma del SEIA es una prioridad para avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental más eficiente y equitativo. En un contexto de creciente conflictividad y participación ciudadana, es esencial que el sistema de calificación ambiental considere tanto las demandas de los inversores como las de las comunidades locales.
«Solo a través de un proceso de evaluación más inclusivo y transparente, con mecanismos claros de participación y mediación, se podrá lograr un equilibrio que permita el desarrollo sostenible del país, sin comprometer la calidad de vida de las personas ni la protección del medio ambiente», concluye el estudio.
