La autoridad de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, señaló que el proyecto “abre la oportunidad de discutir cuál va a ser el desafío país de invertir en la construcción de un sistema de educación universitaria de calidad” y disponer de recursos para una mayor generación de conocimiento.
El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, se refirió a los alcances del proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado y crear un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). A juicio de la autoridad universitaria, la ley podría tener implicancias distintas para cada casa de estudio dependiendo de la composición socioeconómica de los estudiantes, pero que en términos generales se trata una iniciativa necesaria en la evolución del sistema de educación superior.
Respecto a las críticas sobre el impacto financiero de la ley en las diferentes instituciones, Saavedra advierte que el desarrollo y sostenibilidad de las universidades “no se puede resolver solo pensando en los aranceles de pregrado, sino que debe haber una estructura global”.
En esa línea, agregó que las proyecciones de ahorro del Estado con la implementación de la ley, son una oportunidad para invertir parte de esos recursos en “fortalecer programas de investigación, de manera que esté orientado exclusivamente a la generación de conocimiento”.
“Por qué digo que es necesario el proyecto, porque abre la oportunidad de discutir y analizar cuál va a ser el desafío del país de invertir en la construcción de un sistema de educación universitaria de calidad”, dijo.
-¿Cuál es su primera lectura de este proyecto que establece un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) y la condonación o reorganización de la deuda educativa?
-Este es un proyecto que resulta necesario, ya que los aspectos que aborda son claves para entender la evolución del sistema de educación superior en Chile en términos generales. Estamos analizando los aspectos técnicos del informe financiero del Gobierno, que básicamente es el sustento desde el Ministerio de Hacienda, para entender qué es viable en términos financieros y qué no implica mayores erogaciones por parte del Estado.
Esta ley -dependiendo de la composición socioeconómica de los estudiantes- puede tener implicancias distintas para las universidades. En nuestro caso solo el 5,6% de los estudiantes, al mes de septiembre, tienen CAE, pero hay otras becas estatales de 3,4%, crédito solidario de 6,2%. Entonces, donde es mayoritario el funcionamiento de las instituciones con los ingresos de pregrado por gratuidad, efectivamente tiene un costo o implicancias diferentes a las instituciones que dependen fuertemente de este instrumento.
Por otro lado, el que salga la banca naturalmente es adecuado, vemos que ha habido transferencias que simplemente son utilidades. Entonces comparto que en el proyecto de ley se consideran mecanismos más efectivos para la recuperación de los aportes que ha dado el Estado. Se ha indicado que jugaría un rol el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, los que en conjunto debiesen generar una mejor recuperación. Esto por un periodo de hasta por 20 años y con montos acotados. Entonces, creo que el mecanismo que está planteado efectivamente es una solución al CAE.
-Quienes critican el proyecto han planteado que funcionaría como un impuesto más y que algunos profesionales podrían terminar pagando más que el costo de sus carreras. ¿Cómo ve ese debate?
-No hay posibilidad de que los estudiantes terminen pagando más de lo que el Estado les aporta. Es hasta por un máximo de 20 años y el monto es a partir de los ingresos de la persona que tienen un tope de un 8%. Entonces, si la persona termina de cumplir sus obligaciones previo a los 20 años, no va a seguir pagando. Por lo tanto, es contingente a los ingresos y contingente a la deuda adquirida. Si a los 20 años no se ha pagado la totalidad de la deuda, entonces asume el Estado la diferencia. Si, por otra parte, quienes estén en el ejercicio profesional y hayan cumplido con su pago total dejan de contribuir.
Desde esa mirada es acotado el impacto que va a tener sobre las personas. Y un 8% como máximo de los ingresos mensuales efectivamente es un impuesto a las personas, pero no es una reforma tributaria, porque los aportes que se generan en este sistema quedan al interior del sistema y parece ser una forma adecuada de resolver esta situación.
-Otra de las preocupaciones que se ha planteado es el tema de la autonomía universitaria debido a que las instituciones van a depender en mayor medida a los recursos del Estado en base a los aranceles regulados, además de la sostenibilidad financiera por la reducción del copago.
-El proyecto efectivamente considera una contribución complementaria de la familia para el décimo decil. Pero también ha indicado el análisis de los deciles 6, 7, 8 y 9 que está abierto a la discusión legislativa, pienso que allí se debe se debe resolver.
Una de las preocupaciones, es mantener la calidad de las instituciones de mayor prestigio en nuestro país, donde está la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso, la Universidad de Santiago, que somos las cinco universidades que tienen la acreditación máxima de siete años y con indicadores claros y afirmado por métricas objetivas.
Uno lo que espera es que el país siga invirtiendo para el desarrollo de estas instituciones, en el sentido de participar en el concierto global de generación de nuevo conocimiento, que aporte al avance de los territorios donde estamos insertos, al avance del país, pero también al avance al conocimiento global de la humanidad en tiempos en que los desafíos no son solo locales. Estamos viviendo desafíos globales como el cambio climático, transformaciones de los sistemas productivos a partir de la inteligencia artificial. ¿Podemos estar fuera en esa discusión como país desde las instituciones de educación superior? Por supuesto que no.
Esto implica costos diferenciales y eso es lo que ha planteado, por ejemplo, el rector Sánchez. Sin embargo, debo indicar que esto no se puede resolver solo pensando en los aranceles de pregrado, sino que debe haber una estructura global. Estoy terminando de revisar el informe financiero que se entregó a través del Ministerio de Hacienda, y uno observa que después del periodo inicial, donde al inicio hay mayores inversiones del Estado en esta materia, después de 10 años va a significar un ahorro de cerca de 3.000 millones de dólares. Y confiamos en que todo esté bien desarrollado por parte de la Dirección de Presupuesto.
Entonces, ¿en qué vamos a invertir esos recursos como país? Por supuesto que una parte debe ir a los desafíos que tenemos en educación escolar, en sus diferentes niveles. Pero otra fracción relevante puede estar orientada a lo que ha planteado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es a fortalecer el FIU, Fondo de Investigación para las Universidades. Y si una parte importante de estos recursos que se va a ahorrar el país se invierten en estas materias, por supuesto que va construyendo nuevos escenarios. Por lo que fortalecer este programa de investigación para universidades de manera que esté orientado exclusivamente a la generación de conocimientos, es una oportunidad.
Por qué digo que es necesario el proyecto, porque abre la oportunidad de discutir y analizar cuál va a ser el desafío del país de invertir en la construcción de un sistema de educación universitaria de calidad, que aporta al desarrollo de los territorios por una parte, pero que también permita que nuestro país forme profesionales y personal de posgrado avanzado, en diferentes áreas de conocimiento.
La estructura de financiamiento de las universidades está diversificada, una fracción de los ingresos provienen de la matrícula de pre y posgrado, pero las instituciones también tienen investigación y asistencia técnica. En el caso de nosotros, el primer aporte es 50% y los otros dos ítems son 25 cada uno aproximadamente. Entonces, fortalecer la complejidad de los ambientes formativos a partir de la incorporación de otras herramientas es clave.
-El ministro Nicolás Cataldo también dijo que el proyecto contempla una norma que regula la transparencia activa en relación al uso de los recursos, que incluye a las universidades privadas que antes no estaban reguladas. ¿Qué le parece este punto?
-Nuestra universidad además de pertenecer al Consejo de Rectoras y Rectores, desde su fundación pertenece también al grupo de universidades del G9, universidades tradicionales no estatales. Ahí acabamos de hacer una revisión durante la semana pasada y todas tenemos portales de transparencia activa. De hecho, en el caso nuestro, lo presentamos recientemente junto al Consejo para la Transparencia. Entonces, está visado por esta instancia y por supuesto que nos han planteado la relevancia que tuvo el haber gestado este proyecto y que ellos visualizan que puede transformarse en un estándar para el sistema de universidades no estatales.
Lo que quiero decir es que esto para nosotros no es nuevo, estamos absolutamente comprometidos con incorporar estas herramientas de transparencia porque entendemos la relevancia que tiene para la sociedad el ser muy claros y precisos en qué se invierten los fondos que el Estado nos otorga para cumplir con nuestra misión fundamental, que es crear ambientes formativos y de generación de conocimiento de excelencia. Así es que por eso hemos dado esos pasos en forma autónoma.
Hay formas de dar a conocer la información, por ejemplo, remuneraciones. Por ejemplo, indicar los tramos de remuneraciones, el número de personas que están allí, la inversión total en remuneraciones que hacen, el mínimo, el máximo. También cuál es el índice Gini de la institución, cuál es la relación entre el 10% de remuneraciones mayores respecto del 10% de remuneraciones menores, si se acerca o se aleja del promedio del país, si generamos condiciones de distribución equitativa, en fin.
Son oportunidades. Creo que es importante que este proyecto no se analice desde trincheras, que se analice en forma racional como una evolución del sistema de financiamiento para aquellas personas e instituciones que no se encuentran acogidas a gratuidad, que aborda hasta ahora hasta el sexto decil.
-¿Le parece bien entonces que esto se extienda también para las privadas no tradicionales?
–Lo que uno esperaría es que las instituciones que reciban recursos del Estado en forma significativa actúen como actuamos nosotros, que actúen como las instituciones de G9. Y si el Estado impone estándares complementarios, por supuesto que estaremos disponibles a cumplirlos, tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestros 105 años de vida. Somos coayudantes del Estado en la función pública de formación de nuevas generaciones de profesionales que aporten al desarrollo de nuestro país.
