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En la misiva las organizaciones señalan que “no hay punto de comparación” entre las acusaciones presentadas en contra de la ministra Vivanco y Muñoz, las cuales fueron presentadas en conjunto por parte de Chile Vamos.
A través de una carta abierta 33 organizaciones de derechos humanos rechazaron la acusación constitucional efectuada en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Las agrupaciones acusan que la acción en contra del juez fue una estrategia para “empatar” la acusación en contra de la removida ministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco. Esto debido a que la acusación presentada por Chile Vamos dedicó un único libelo para ambos, lo que hizo que la votación en la cámara baja evaluara ambas con un único veredicto.
“No hay comparación posible entre los hechos que se le imputan a la Sra. ministra Vivanco y los hechos que se le imputan al ministro Muñoz”, acusa el comunicado, señalando que los parlamentarios no separaron las acusaciones. Al hacerlo, infringieron “de manera brutal las reglas más básicas de cualquier procedimiento, violando el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por sus actuaciones propias y no por las de un tercero, en este caso las realizadas por ministra Vivanco”.
Con ello, las organizaciones resaltaron la trayectoria de Muñoz, en particular su cargo como coordinador de causas de DD.HH. del Tribunal. “Destacándose por su gestión y permanente apoyo a víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, de cara a los familiares develó las irregularidades cometidas en la identificación de cuerpos cometidas por otros órganos del Estado”, se lee en el comunicado.
Vale la pena destacar que Muñoz, como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, asumió causas de alta connotación pública como el de Tucapel Jimenez, Banco Riggs y el caso Spiniak, además de varias relativas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Los firmantes estimamos un deber efectuar esta presentación, solicitando a los senadores que resolverán en definitiva que haga prevalecer el Estado de Derecho y no se sumen a la infamia cometida contra uno de los mejores jueces que ha tenido la República en los últimos 30 años”, cierra la misiva pública.
