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Un cuestionado arribo al municipio con un puesto a la medida, sin concurso público, un mes de vacaciones entremedio y una salida que dejó más dudas que certezas, es el resumen del breve paso de Guerra por La Florida, periodo que la Fiscalía investiga tras un repentino aumento en su patrimonio.
Antes de referirse a él con una serie improperios, el 3 de abril de 2018, el entonces fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, le comentó en un chat de WhatsApp a Luis Hermosilla que ese mismo día recibiría a Rodolfo Carter en la Fiscalía, “en forma discreta como él mismo pidió”, aseguró.
La filtración del diálogo por The Clinic generó varias interrogantes respecto al vínculo entre el alcalde y el exfiscal. “Todo el mundo habla de los comentarios sexistas, que son graves, pero es mucho más grave que el señor que se fue a trabajar con él (Guerra) desestimó una causa por 20 mil millones de pesos”, dijo el senador Manuel José Ossandón (RN) en una radio pocos días después.
En efecto, en febrero de ese mismo año –apenas dos meses antes de la mentada reunión–, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un lapidario informe que detectó un déficit de $20 mil millones en la Municipalidad de La Florida, que derivó en una querella presentada por varios concejales opositores al alcalde.
Sin embargo, tras varias diligencias, entre ellas el allanamiento a dependencias municipales, la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada entonces por Manuel Guerra, decidió no perseverar en la causa. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó otra querella en el año 2021 y logró reabrir el caso. Tras cuatro años de tramitación, sin embargo, la investigación volvió a cerrarse el año 2022.
Luego de abandonar el Ministerio Público, el 31 de julio de 2021, Guerra trabajó en organismos liderados por personas vinculadas a distintas causas que había enfrentado durante su paso por la Fiscalía. Primero arribó a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente, AMSZO, luego a la Universidad San Sebastián y, finalmente, a la Municipalidad de La Florida, dirigida por Carter.
Una excepción a la regla, sin embargo, fue la asesoría judicial sobre probidad administrativa que prestó a Evelyn Matthei en Providencia, por la que cobró poco más de 11 millones, siendo la propia alcaldesa la encargada de descartar cualquier vínculo en alguna causa con el exfiscal. “Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra”, precisó.
El expersecutor hoy es investigado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, por posible cohecho y violación de secreto, y según la máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia –quien acaba de reconocer reuniones con Hermosilla y Chadwick–, su imputación es el caso de corrupción más grave en los últimos 25 años.
Un oficio recién presentado en Contraloría por las concejalas Victoria Oyarzún y Verónica Miranda, junto a la diputada Daniela Serrano y el candidato a alcalde Nicolás Hurtado, busca esclarecer el paso del exfiscal por el municipio de La Florida, como encargado de la “Defensoría de la Gente”.
Pese a que en un primer momento el alcalde de La Florida aseguró que la llegada de Guerra al municipio había sido aprobada por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) –en una reunión donde él no habría participado–, rápidamente fue desmentido tras la publicación de un acta del concejo comunal, presidido por el propio Carter, donde se presenta oficialmente a Manuel Guerra.
“El ex fiscal de la zona Oriente de Santiago, don Manuel Guerra, abogado con mucha experiencia y energía, es una persona joven y a la vez con muchos conocimientos, que además tiene claro lo que se quiere hacer”, dijo Carter en la reunión realizada el 19 de octubre de 2023.
La decisión fue tomada en una votación con miembros del COSOC, tras un concurso público donde hubo dos candidatos y que se declaró desierto. Posteriormente, apareció Manuel Guerra como único candidato, asumiendo el cargo de Defensor de la Gente a contar del 1 de noviembre de 2023, liderando una unidad compuesta por cuatro abogados, un sicólogo y una asistente social.
Según el primer contrato, vigente para los dos últimos meses del año pasado, el exfiscal debía prestar servicios de gestión jurídica en los ingresos de requerimientos a la Oficina de Apoyo Integral a las Víctimas de Delitos Violentos, representar a la comunidad en materias de seguridad pública, asesorar casos de delitos violentos de alta connotación social y llevar a cabo estrategias jurídicas en los respectivos procesos penales.
Varios abogados consultados coinciden en la ambigüedad de las prestaciones, debido a una ausencia de metas claras y escasa fiscalización. “Los servicios que debía prestar son genéricos, no hay especificidad respecto a lo que fue contratado, todo es muy vago y ambiguo. No se describe, además, el desarrollo de sus funciones específicas, ni las obligaciones que debe cumplir”, señala la abogada laboral Natalia Campusano.
Entre las cláusulas de su contrato a honorarios, se establecen 15 días de feriado legal, 5 días de permiso pagado, y adelanto de la renta bruta equivalente a un 50% del sueldo durante los meses de noviembre y diciembre, un estándar laboral mucho más cercano al ofrecido al personal de planta.
Para la concejala Verónica Miranda, la situación contractual de Guerra mientras estuvo en el municipio se aleja de la realidad de los funcionarios a honorarios comunes, “que cumplen con arduas jornadas laborales para acceder a un sueldo acorde a sus funciones”.
“Guerra percibía un pago mensual millonario, superior a los 4 millones de pesos, el que además indica que puede tomar vacaciones, días administrativos y pagos por adelantado durante algunos meses del año, cuestión que se aleja de la realidad laboral de trabajadoras y trabajadores del municipio”.
Manuel Guerra efectivamente acordó un sueldo bruto mensual de $4.579.701 con el municipio, previa entrega de boletas de honorarios y elaboración de informes de actividades cada mes, visados por el director de Desarrollo Comunitario y la supervisión de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social.
El trabajo en el municipio, sin vinculación horaria específica, permitió al expersecutor continuar trabajando como académico a media jornada en la Universidad San Sebastián, donde recibía otro sueldo por $6,6 millones mensuales, en la misma casa de estudios cuestionada por pagar $17 millones a la candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, investigada por la Fiscalía por eventuales pagos políticos.
De acuerdo con lo que pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador, en enero de este año, Guerra no trabajó en la “Defensoría de la Gente”. Tras dos meses de labores –según comunicó el municipio–, el encargado de la unidad estuvo de vacaciones, firmando a su regreso un nuevo contrato, desde febrero a diciembre.
Si bien no recibió dinero en enero, pues técnicamente no estaba contratado, Guerra percibió dos remuneraciones en diciembre, al no cobrar su sueldo durante el mes anterior –al igual que en agosto de este año–, antes de renunciar al municipio acusando “maliciosas opiniones” en su contra por “mezquinos intereses políticos”.
Desde la municipalidad recalcan que desde la creación de la “Defensoría de la Gente”, en noviembre de 2023, la unidad ha ingresado 648 causas. De estas, aseguran, “108 han terminado en querellas, 409 han sido desistidas por las víctimas y 126 se encuentran activas sin querella”.
En el mismo periodo que trabajó en la Municipalidad de La Florida, además, Guerra emitió dos boletas por $15 millones a una sociedad del abogado Samuel Donoso, contraparte en dos causas que investigó el expersecutor en la Fiscalía Metropolitana Oriente, poco antes de abandonar el Ministerio Público, una de ellas relacionada con el caso Cascadas.
“Fue por una extradición que solicitaba el Gobierno de México. Esos honorarios corresponden a esa gestión profesional en la que él (Guerra) participó. El cliente le pagó a mi oficina y esas boletas son el pago de esos dineros que corresponden al señor Guerra”, explicó Donoso a Ciper.
Pero la hebra más compleja para Guerra, en el caso de La Florida, son las boletas por $120 millones emitidas al estudio de Gonzalo Cisternas –hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas– y muy cercano al alcalde Rodolfo Carter durante toda su carrera política, donde incluso lo ha defendido judicialmente, al igual que otro exsocio del mismo estudio: Luis Masferrer.
“Se debe investigar que los servicios prestados son reales, y analizar que estos ingresos corresponden al ejercicio libre y tiene que ver con el trabajo de las partes”, aseguró el fiscal investigador Mario Carrera.
De acuerdo con un análisis patrimonial, Manuel Guerra habría incrementando casi en 100% su patrimonio, percibiendo ingresos por $133 millones en el año 2022 y $213 millones al año siguiente, mismo periodo donde habría adquirido un departamento en Maitencillo por 7.900 UF, pagando $98 millones en efectivo, y un vehículo de alta gama por otros $76,9 millones.
El Mostrador intentó comunicarse con el exfiscal, a fin de conocer sus labores específicas en la Municipalidad de La Florida, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
