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Más allá del debate acerca de los alcances de la reforma, hay un diagnóstico compartido en todo el espectro político sobre la urgencia de materializar cambios que garanticen gobernabilidad. Sin embargo, la ventana entre los periodos electorales 2024 y 2025 es acotada.
“Antes de las elecciones de octubre”, esa era la aspiración del senador Alfonso De Urresti (PS) para ingresar el proyecto de reforma al sistema político. Texto que tuvo que guardar en un cajón, después que en mayo de este año el Presidente Gabriel Boric le solicitara esperar a que concluyeran las negociaciones municipales y regionales.
Meses después y ad portas de los comicios, aún no hay certeza de cuándo se presentaría y cuáles serían los alcances de la reforma que busca terminar con la fragmentación política, fortalecer el sistema de partidos, evitar el “discolaje” y fomentar la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y que, según los análisis y diversos estudios de opinión pública, es la piedra de tope para alcanzar la gobernabilidad que permitiría viabilizar acuerdos y cambios sociales que siguen pendientes.
No obstante, en las últimas semanas los partidos oficialistas han reactivado las conversaciones para impulsar los cambios al sistema político, en paralelo al trabajo que está haciendo el Gobierno –liderado por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde–, con el fin de sintetizar una propuesta acotada y lo más transversal posible.
Dentro de La Moneda consideran que incluir muchas aristas a la reforma podría entrampar su tramitación en el Congreso, por lo que una iniciativa con marcos acotados avanzaría con mayor facilidad. Según ha trascendido, la propuesta pondría especial énfasis en el proyecto que emanó desde la Comisión Experta del último proceso constitucional, sin embargo, aún está en discusión si se presentará una iniciativa propia o apoyarán una de las mociones parlamentarias que ya existe. Lo que está claro es que el objetivo es conseguir un acuerdo amplio, el que debería ser presentado próximamente.
En junio de este año los partidos oficialistas, más la DC, constituyeron una mesa técnica coordinada por el presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, donde recibieron a expertos en audiencia para conocer sus puntos de vista. Según el representante del PR, el objetivo es “proceder a levantar una serie de medidas en áreas que se consideran requeridas para una reforma que busque fortalecer el sistema democrático”.
En esa línea, Cubillos afirmó que los presidentes de partido se reunieron el pasado jueves para conversar sobre las áreas que consideran relevantes y solicitaron una reunión con el ministro Elizalde para conocer la magnitud de la reforma que está pensando el Ejecutivo, para seguir trabajando en el proceso. El encuentro aún no se materializa.
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti (PS) confirmó que el impulso para ingresar la iniciativa hoy está en manos del Ejecutivo, con el fin de “poder articular un amplio acuerdo para que el proyecto tenga la máxima viabilidad”.
“Lo importante es que este proyecto, con pocos artículos, acotado y preciso, tenga una discusión rápida, consensuada y obtenga los logros que aspiramos, de mejorar el sistema político, de asegurar mayor transparencia y arreglar esta profunda dispersión y fragmentación de partidos y votaciones”, recalcó.
El parlamentario socialista reiteró que los puntos clave son establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que un partido pueda optar a escaños en el Congreso. Por otra parte, sancionar con la pérdida del escaño a aquellos parlamentarios que, habiendo sido electos por una determinada colectividad, renuncien a ella. A lo que agregó la posibilidad de “algunas medidas que eviten la proliferación constante de partidos con muy poca representación política”.
“Hay un buen ánimo, lo que ocurre es que siempre la contingencia va a requerir otros aspectos, pero creo que esto es un proyecto de profunda reflexión. No es un proyecto para esta administración, es para las que vienen, y creo que ahí todos los partidos, tanto de Gobierno como de oposición, que aspiran a representar a la ciudadanía en el Ejecutivo, deberían estar de acuerdo en la urgencia de este proyecto”, subrayó.
Lo cierto es que, más allá del debate acerca de los alcances de la reforma, hay un diagnóstico compartido en todo el espectro político sobre la urgencia de materializar cambios que garanticen gobernabilidad. Sin embargo, la ventana entre los periodos electorales 2024 y 2025 es acotada.
Así lo señaló el senador PPD y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, quien manifestó estar “absolutamente disponible” para dar esta discusión en el corto plazo.
“Mientras más nos acerquemos al ciclo electoral que significa la renovación del Congreso y del Presidente de la República, va a ser muy difícil probablemente construir acuerdos. (…) Si uno quisiera discutir el sistema político, la ventana tiene que ser entre diciembre y abril, porque, ya pasado el mes de abril, entramos en el ciclo electoral de primarias y la elección propiamente tal”, indicó.
En esa línea, Araya agregó que “si el Gobierno está detrás de este proyecto, puede ayudar y colaborar mucho en destrabar una serie de temas que probablemente van a ser objeto de discusión, y donde además con la urgencia que maneja el Ejecutivo podría ir despejando la agenda, de forma tal que este fuera uno de los temas a discutir”.
Por su parte, la senadora de la UDI y también integrante de la Comisión de Constitución, Luz Ebensperger, compartió la urgencia para tramitar esta iniciativa.
“Es importante que, si lo vamos a hacer, se haga lo antes posible, para que esté resuelto precisamente con antelación a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, y lo más alejado posible de las mismas, para que no se politice. Así que creo que la mejor fecha es precisamente luego de las elecciones de octubre próximo”, sostuvo.
La senadora gremialista agregó que, si bien comparte los términos de la reforma conversada con el senador De Urresti, también considera necesario reducir el número de parlamentarios. “En este tema no hay acuerdo transversal, pero podría ser otro proyecto o reforma que se presente por aquellos que lo respaldamos y se discutirá en su mérito”, aclaró.
Al debate se han sumado algunas voces que advierten que la reforma al sistema político debe ser de carácter estructural, más allá de las normas acotadas que hoy están sobre la mesa.
En agosto de este año, el Centro de Estudios Públicos (CEP) analizó la utilidad de introducir un umbral electoral en el sistema. En un estudio realizado por los investigadores Luis Eugenio García-Huidobro, Trinidad Pacareu y Ariadna Chuaqui, el CEP llegó a la conclusión de que los umbrales no son la solución a los problemas del sistema político chileno, afirmando que “la fragmentación partidaria no es necesaria ni exclusivamente atribuible al sistema proporcional”. En ese sentido, introducir umbrales legales solo atacaría los efectos de la fragmentación, pero no sus causas, sostuvo.
“La introducción de umbrales electorales (…) no ofrece una solución al que es, tal vez, el principal problema de nuestro sistema político: la falta de coherencia programática y disciplina al interior de los partidos, así como la percepción ciudadana de su falta de representatividad”, dijo García-Huidobro.
Asimismo, el investigador agregó que “reducir el número de partidos políticos al interior del Congreso no garantiza mejorar su carácter programático ni su representatividad ciudadana. Creer que los problemas que afectan al sistema de partidos se corrigen con la introducción de umbrales electorales, equivale a considerar que el cáncer puede curarse con una aspirina”.
El análisis es compartido por el abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, quien ha señalado que hay un diagnóstico equivocado. “No existe una extrema fragmentación partidista; el mal estado de los partidos no fue causado por el sistema proporcional y los partidos tienen limitaciones organizativas que se entrecruzan con escollos que se encuentran en otras partes del sistema político”.
“El sistema de partidos no funciona en solitario. Está integrado al sistema político, perteneciendo a una de las cinco arenas que están interconectadas. Ellas son la sociedad civil, la sociedad política, el Estado de Derecho, la burocracia estatal y el sistema económico. (…) Una reforma política reducida a disminuir el número de partidos no mejorará la gobernabilidad. Por el contrario, agravará las limitaciones y trabas que dañan el sistema. Se requiere una reforma política en serio, comenzando por tener partidos fuertes, pero también arenas políticas modernas que nos podrá llevar al desarrollo, disminuir las desigualdades y tener estabilidad social”, señaló Huneeus en una columna en el diario El Mercurio.
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