A pesar de los intentos del bloque oficialista por salvar su carrera, el resultado fue adverso. Muñoz, reconocido por su trabajo en derechos humanos y temas medioambientales, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. La destitución golpea la imagen del oficialismo.
El juez Sergio Muñoz habría cumplido 19 años como ministro de la Corte Suprema este viernes 18 de octubre, pero no llegará a celebrarlos. A pesar de que su destino se zanjó oficialmente pasadas las seis de la tarde del miércoles, dos horas antes, en el hemiciclo del Senado, asesores, diputados y organizaciones de derechos humanos en las graderías ya auguraban el destino del ahora exmagistrado. Cerca de las cuatro de la tarde, comentaban que solo faltaban ocho votos para la destitución de quien fuera el titular de la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuyos fallos generaron álgidas tensiones entre autoridades gubernamentales y sectores empresariales.
En una maratónica jornada, en la que también se aprobó el libelo contra la destituida jueza Ángela Vivanco –salpicada por el caso Hermosilla–, los periodistas acreditados en el Congreso comentaban acerca del semblante de los abogados del juez Muñoz.
El rostro de Jorge Correa Sutil y su hijo, Juan Correa, lo decían todo. Sus expresiones, mientras estaban sentados en el centro de la Sala del Senado, reflejaban tensión y pesar. En otros momentos, denotaban expectativa y, la mayoría de las veces, resignación ante lo que parecía ser la crónica de una destitución anunciada.
También se comentaba que, ante la posibilidad de su destitución por los dos capítulos que contemplaba la acusación constitucional impulsada por la oposición –según parlamentarios oficialistas, para “empatar la cancha” ante la situación de Vivanco–, el ministro Sergio Muñoz decidió no asistir al Senado, como lo había hecho el martes. Esto, a pesar de que la jornada anterior ingresó en secreto y se estacionó en un lugar destinado a la secretaría general de la Corporación.
El orden de la fundamentación de votos fue alfabético. Comenzó la senadora Isabel Allende (PS). “Creo que no se reúnen las condiciones necesarias para votar favorablemente, y por el contrario, ha sido una presentación desprolija y carente de argumentos”, sostuvo la senadora, previo a manifestar su decisión.
“Lo que se le acusa ocurrió hace dos años y recién ahora lo vienen a acusar”, comentó otro de los senadores oficialistas.
A Allende le siguió su par del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, un voto que parecía evidente. “Creo que en la crisis que vivimos no puede quedar ninguna duda de que todos somos iguales ante la ley para derechos, deberes y también para cumplir nuestras obligaciones, por lo que voy a votar a favor de los dos capítulos de la acusación”, declaró.
Pero luego, muy temprano en la que sería una extensa jornada de acusaciones constitucionales, llegó el turno del senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi. Se había especulado mucho que votaría en contra, alineado con la centroizquierda. De hecho, era una de las incógnitas del día en la criticada votación “en paquete” sobre los libelos contra Muñoz y Vivanco.
Al inicio, las primeras frases del legislador parecían elogiar la labor del juez Muñoz en derechos humanos. Mientras escuchaban, Juan Correa lo miraba con cierto nerviosismo, de brazos cruzados, mientras su padre, con manos en ademán de rezo, escuchaba con cierto reconocimiento. El rostro de ambos abogados cambió en la mitad de la alocución de Bianchi, cuando comprendieron que su voto a favor era un hecho.
“Aceptamos que estamos frente a un juez históricamente comprometido con los derechos humanos y las causas medioambientales; sin embargo, esto no lo autoriza a comportarse de cualquier manera en el ejercicio de su cargo”, dijo el legislador magallánico, revelando su voto a favor de la destitución de Muñoz.
Pese a que el senador Bianchi negó haberse dado un “gustito político”, recibió una dura crítica del senador Fidel Espinoza (PS), quien sugirió que “hubiese sido honesto que se inhabilite en la votación que busca destituir al ministro Muñoz”. Espinoza recordó que el año 2015 el juez Sergio Muñoz firmó el desafuero del padre de Karim, el exsenador y actual diputado Carlos Bianchi, a raíz de un caso de fraude al fisco del que luego fue absuelto. “¿Huele a pasada de cuentas? Destituir así, daña la democracia. Horrible”, espetó el parlamentario socialista.
Consultado por la prensa en el Congreso, el senador Bianchi señaló que los dichos de su par del PS fueron “una mariconada”, reafirmando su voto a favor de ambos capítulos en la acusación constitucional contra el juez Muñoz.
Al mediodía, con las primeras líneas de las argumentaciones del senador Francisco Chahuán (RN) –de quien se esperaba inhabilidad, dado que su esposa es jueza de Familia y, por lo tanto, la Corte Suprema supervisa su tribunal– y luego de la intervención del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), los abogados de Muñoz, en su semblante, parecían esperanzados y preparados para una sorpresa. Pero tras las intervenciones de 10 minutos de cada senador, sus rostros de derrota eran indisimulables.
La seriedad del PS y el PPD proyectaba decepción luego de tres horas de exposiciones. La jornada había comenzado a las 10:30 de la mañana, con cierto retraso. Había inquietud en que no alcanzaran a votar la acusación contra Vivanco. “Esto puede terminar después de las 17”, decía el senador Coloma a uno de sus pares. “Estamos jodidos”, confesaba un socialista a El Mostrador.
“La única opción es que el permiso que pidió la senadora Núñez este mal hecho”, esperaba otro legislador, con el ferviente anhelo de salvar al juez. Comenzaba ya a verse el cansancio en los rostros. Esta polémica costó zanjarla, pero fue advertida desde un inicio.
Resulta que el permiso constitucional debe ser cuando un viaje es por más de 30 días. Sin embargo, la costumbre en el Senado es que cuando un parlamentario se ausenta del país y se requiere ajustar el quórum, se solicita un permiso constitucional, sin mediar los 30 días. Una práctica que reconoció la senadora Allende (PS), pero que en esta jornada incomodó y fue piedra en el zapato para el oficialismo. Lo clave es que se bajó de 26 a 25 la cantidad de votos para aprobar un capítulo de la acusación.
Por un momento, esta modificación alimentó ingenuamente el ánimo de la izquierda. Pensaron que podrían conseguir tres votos de la oposición para salvar al magistrado que había investigado el caso Spiniak y diversas causas relacionadas con derechos humanos.
Con la reducción del quórum, la derecha contaba con 24 votos, pero se requerían 25. Ya tenían a Bianchi y se especulaba que Matías Walker, vicepresidente del Senado, podría optar por rechazar la acusación. Mientras tanto, otros senadores comenzaron a sumar los votos con “calculadora” obtenidos en cada capítulo por separado, pero todo era inútil para evitar la caída de Muñoz.
“Durante dos años no les importó lo que la hija hizo”, espetó el senador Lagos Weber (PPD). “Si el Senado destituye a Muñoz, comete un acto de corrupción y el beneficiado es Hermosilla desde la cárcel”, dijo Daniel Núñez (PC). En el receso, reuniones improvisadas. En el PS no había dudas: “No tiene vuelta esto”, decía un senador. “Es muy, muy difícil”, comentaba otro a El Mostrador.
El presidente de la mesa, García Ruminot, y el vicepresidente Matías Walker habían expresado, en sus respectivos turnos, que argumentarían al final su decisión. Los congresistas de oposición alineados y disciplinados fueron votando con más relajo.
Así se llegó a lo que se suponía era el último voto clave: la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas. “Lo que se juzga aquí es la conducta e infracción de deberes imprescindibles en el ejercicio disciplinario de la función jurisdiccional y de su infracción constitucional en el ejercicio de su actividad y que afecta principios esenciales, como imparcialidad, probidad o transparencia, entre otros”, señaló la legisladora. Esto, previo a confirmar su voto a favor. Con su argumento, se llegó a los 25 votos. Lo demás era un trámite.
La sorpresa, eso sí, provino en el penúltimo argumento: el senador Matías Walker volvió a su puesto para su alocución. En sus 10 minutos manifestó que conocía desde hace décadas al abogado Correa Sutil y también al ministro Muñoz, de quien había sido ayudante en la universidad en sus años de estudiante. Luego, argumentó su voto a favor de la acusación constitucional.
Por último, fue el turno de la segunda autoridad política del país. El senador García Ruminot señaló su voto favorable por “notable abandono de deberes”. Dos minutos después, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, indicó que era el momento de votar y se zanjó formalmente el destino del ahora exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.
Los abogados comentaban entre ellos el resultado adverso cuando se les acercó la senadora Isabel Allende –posiblemente la única dentro de la Sala–, quien con gesto de consuelo tomó del hombro a Correa Sutil a modo de solidaridad. La derecha votó en bloque mayoritariamente por el primer capítulo acusatorio, que se sustentó en el testimonio de la ejecutiva de una inmobiliaria que los acusadores consideraron suficiente para destituirlo: con 27 votos fue aprobado el primer capítulo y con 25 el segundo.
El bloque oficialista fracasó así en sus esfuerzos por salvar la carrera del poderoso juez de la Tercera Sala del máximo tribunal. En el oficialismo uno de los argumentos más recurrentes en el hemiciclo apuntó a cuestionar no solo el peso de las pruebas, sino el vicio de origen de la acusación: una sola presentación contra dos personas por hechos completamente distintos.
Incluso, el senador Francisco Huenchumilla (DC) advirtió sobre posibles consecuencias al Estado de Chile en cortes internacionales, por afectar el debido proceso del acusado.
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