Álvaro Ramis se refirió a la preocupación por la sostenibilidad financiera de las universidades y afirmó que “el problema no está en el proyecto, está en la fijación de los aranceles regulados –establecido por ley–, que en algunos casos implica un ajuste muy profundo a las estructuras de costo”.
El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Álvaro Ramis, calificó como “prudente” el proyecto ingresado por el Gobierno que ofrece una solución a las deudas educativas y reemplaza los actuales créditos estudiantiles por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
Respecto al debate sobre la sostenibilidad financiera de las universidades, Ramis advirtió que es importante recordar que esta tramitación coincide con otro proceso en paralelo, relativo a la fijación de aranceles regulados.
“Con o sin proyecto, las universidades igual van a entrar en una fase donde los aranceles regulados van a ser más bajos y, por lo tanto, van a tener que estructurar carreras más cortas, van a tener que estructurar procesos de rediseño de sus mallas curriculares y de sus procesos institucionales para adecuarse a este proceso. (…) Es algo que está en implementación y, por lo tanto, las afectaciones que va a generar en la regulación de los nuevos aranceles, que sin duda son reales, no tienen que ver con este proyecto de ley”, señaló.
En esa línea, afirmó que será importante en el debate legislativo atender la situación particular de cada casa de estudios, sobre todo de las “universidades más pequeñas que tienen realidades locales, realidades regionales, y que deben tener también la posibilidad de enfrentar sus procesos de desarrollo y crecimiento”.
-¿Cumplió con sus expectativas el anuncio del proyecto?
-A mí me parece que es un proyecto prudente, porque efectivamente el anuncio general que se había hecho en los últimos años respecto al cumplimiento del compromiso de campaña generaba cierta ansiedad, ciertas expectativas que podían ser difíciles de cumplir a los deudores o a las instituciones y, por otra parte, incertidumbres que era necesario zanjar.
En ese sentido, es bastante más responsable de lo que se podía haber imaginado, porque acota, por ejemplo, los márgenes de la condonación asumiendo una serie de factores, como el reconocimiento de las personas que están al día en el pago de su crédito, estimulando el pago cuando pueda darse y reconociendo también situaciones de incobrabilidad que son sumamente importantes de asumir, y que hoy día se pueden regularizar en ese marco.
Respecto al proyecto del nuevo sistema de financiamiento que se ofrece, creo que es importante aclarar un punto que es relevante. Esto se da en el marco de otro proceso –que es independiente de lo que hoy día se está anunciando por parte del Gobierno–, que es la fijación de los aranceles regulados. Y eso ya está zanjado por ley, es algo que está en proceso de implementación y, por lo tanto, las afectaciones que va a generar en la regulación de los nuevos aranceles, que sin duda son reales, no tienen que ver con este proyecto de ley. Eso se va a dar igual en los problemas que vamos a enfrentar las universidades con los nuevos aranceles regulados, que en general tienden a la baja, van a darse sí o sí.
Con o sin proyecto, las universidades igual van a entrar en una fase donde los aranceles regulados van a ser más bajos y, por lo tanto, van a tener que estructurar carreras más cortas, van a tener que estructurar procesos de rediseño de sus mallas curriculares y de sus procesos institucionales para poder estar adecuándose a este proceso.
-Ahí entramos en un punto que ha sido materia de preocupación por varios actores de la educación, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de las universidades. También se libera de copago a los deciles 7, 8 y 9, por lo que preocupa el impacto de este punto. ¿Cómo afecta de manera diferenciada a las universidades, a la suya en particular, y cuáles serían los alcances?
-En primer lugar, yo creo que es una muy buena noticia para las familias, en la medida en que justamente aborda a un segmento de la población que tiene muy pocos beneficios de parte del Estado. Es decir, la población que hoy día está pudiendo acogerse a la gratuidad es el decil del 1 al 6, por lo que hay una respuesta a esa clase media que efectivamente tiene dificultades para poder pagar sus procesos de estudios superiores y que genera gran ansiedad en las familias, y que son los deciles 7, 8 y 9. Pero es posible que eso siga siendo materia de discusión.
-Ahora se viene el debate en el Congreso…
-Es algo que perfectamente es posible debatir, porque la fijación en uno u otro decil es un criterio arbitrario que se puede discutir en el proceso de la redacción de la ley. Creo que podría haber espacios que permitan que las universidades expongan sus realidades, que son diversas.
Tenemos un sistema de educación superior altamente complejo, con muy diversas realidades. Yo puedo hablar de universidades que están en la Región Metropolitana, con una baja escala y que son más bien pequeñas. Hay universidades regionales que tienen una realidad muy distinta, porque además tienen un factor que les constriñe, que es la demografía de las regiones en que están ubicadas. Pensemos en la Universidad de Magallanes, donde no hay más población posible de convocar a la educación superior si no atraes de otras regiones, lo que es muy difícil.
Existen otras singularidades, que tienen que ver con universidades que tienen necesidad de sostener en el tiempo la transición. Es decir, van a estar reguladas por los nuevos aranceles y más encima tienen una afectación por esta vía, creo que perfectamente podrían plantear su situación, y debería darse un debate respecto a cómo no perder calidad. La afectación en los ingresos efectivamente podría generar una afectación sustancial a la calidad y eso requiere también procesos de transición.
Por otro lado, no perder de vista cuál es la mecánica general que exige la adecuación del sistema de educación superior a unas nuevas condiciones que no están dadas por este proyecto de ley en particular, sino por la aplicación de los nuevos aranceles regulados que ya va a entrar en plena vigencia a partir del 2026, y eso va a alterar sí o sí todos los funcionamientos institucionales.
-Entonces el impacto para las casas de estudios debiera analizarse de manera diferenciada cuando ya se entre al debate legislativo…
-Es una opinión personal, creo que requiere zanjar ciertos criterios de diálogo durante este período para atender realidades particulares. Las universidades del Estado tienen sus propias demandas que creo que son necesarias de escuchar, que tienen que ver con los fondos basales que hoy día reciben y cómo pueden sostenerse en el futuro. En segundo lugar, las universidades complejas que tienen una carga de procesos de investigación que son también de alto costo y obviamente eso debería poderse mantener y administrar por medio de otros fondos.
El Gobierno ha anunciado unos fondos muy ambiciosos de financiamiento a la investigación, que va a estar orientado sobre todo a las universidades de alta complejidad, y que permiten que se compensen esos elementos de costo por la vía de los aranceles a un traspaso a fondos que son ligados a investigación.
El punto que creo que no tiene respuesta todavía en el proyecto, son las universidades más pequeñas que tienen realidades locales, realidades regionales y que deben tener también la posibilidad de enfrentar sus procesos de desarrollo y crecimiento. Esos procesos de crecimiento no pueden conducir a un agobio que lleve a una mayor concentración del sistema de educación superior. Con grandes universidades que aglomeran a grandes conglomerados de estudiantes, sin tener en consideración la pluralidad de proyectos educativos que hoy día existen en el sistema.
-De acuerdo a la realidad de los estudiantes, por ejemplo, de su universidad, ¿cómo proyecta este debate, en relación con los alcances que tendría de acuerdo a la composición interna?
-El proyecto en sí nos permite garantizar una sostenibilidad futura, porque uno de los elementos positivos de este anuncio tiene relación con la morosidad que se da en estudiantes que tienen CAE y que no pueden pagar el copago. Y esas familias van a estar beneficiadas en este proceso y, por lo tanto, también la universidad va a poder manejar un flujo de caja para su operación mucho más estable.
El problema no está en el proyecto, está en la fijación de los aranceles regulados que en algunos casos implica un ajuste muy profundo a las estructuras de costo de las universidades. Hay carreras que uno podría decir que van a tener que ser empujadas a una reducción de su duración, a cuatro años por ejemplo, eso se ha conversado en espacios de los rectores. El problema es la condición de entrada de los estudiantes, cuando la enseñanza media tiene niveles de aprendizaje bajos y la universidad requiere de los cinco años para poder titular en un marco de calidad a estudiantes que tienen unas condiciones de entrada bastante difíciles.
Por lo tanto, reducir el número de años va a implicar también ajustar procesos educativos que hoy día tendrían que comprimirse mucho más para poder lograr la meta deseada. Y creo que eso también requerirá plazos de adaptación. No es algo que se pueda dar simplemente por decreto, requiere un proceso de diseño, facilidades, posibilidades de llevar adelante todos estos elementos que garanticen que los profesionales que se titulen en los años próximos cumplan con los estándares de la CNA y en general de la empleabilidad.
-El ministro Cataldo también ha señalado que discutir hoy día sobre el sistema de financiamiento de la educación superior va mucho más allá de la regulación de los aranceles y hay que mirarlo de manera más estructural. Por ejemplo, a dónde se van a destinar los 3.500 millones de dólares de ahorro en un plazo de 10 años que ha confirmado el ministro Marcel. ¿Cómo ve ese debate más de fondo?
-Creo que sincera una realidad. Efectivamente hay dos factores que se conjugan para hacer compleja la realidad de la educación superior en este momento en Chile. En primer lugar, el estancamiento en la matrícula que lleva ya varios años en una meseta que, por razones incluso demográficas, cuesta avizorar un cambio en esa tendencia. Y, por otro lado, el problema de que sin una reforma tributaria es poco viable garantizar que más instituciones, por ejemplo, ingresen a la gratuidad si esa carga fiscal no se ve acompañada de nuevos ingresos tributarios.
Entonces, asumiendo que no existirá reforma tributaria por las responsabilidades del bloqueo de la oposición, que es necesario decirlo, esto lleva a estas circunstancias. Ahí están las responsabilidades políticas de quienes bloquearon la posibilidad de que el Estado pueda tener una situación más holgada y que permita llevar adelante este debate con altura de miras.
En este contexto de estrechez de recursos fiscales, el ministerio ha optado por una vía de sostenibilidad basada en las instituciones por medio de este proceso, porque, a la larga, lo que nos garantiza el proyecto es un ingreso tal vez menor, pero estable.
Y, por otro lado, el contexto actual es de incertidumbre respecto a los ingresos fiscales futuros. Es muy importante garantizar a la ciudadanía que las instituciones van a poder seguir desarrollando su labor y tal vez vamos a tener que ajustar procesos académicos.
-Otra cosa que se ha cuestionado bastante es esta lógica solidaria que implica el nuevo mecanismo de retribución del pago de la carrera. El ministro Marcel lo llama un fondo revolvente, no un impuesto. ¿Cómo ve ese debate de carácter más ideológico?
-Yo creo que no es un modelo muy diferente al que uno podría ver en países como Holanda, que no tienen un marco ideológico cercano al que tenemos en el Gobierno actual. En Holanda las fechas son 20 años para poder hacer este pago. Si tú, durante ese período, no cumples las condiciones de salario para poder pagar tu cuota de retribución, no lo haces. Llegado a los 20 años, finalmente se condena, aunque quede de crédito. Hay un modelo que creo que es muy parecido al que aquí se está planteando y tiene enorme éxito.
Tenemos que ampliar las concepciones, salir de la lógica de la bancarización de la educación para situarla en lo que tiene que ver con el derecho social y, sobre esa base, generar condiciones para que esa retribución sea viable y permita que las familias puedan tener cierta garantía de estabilidad financiera futura. Permite que las personas que hoy día están sobreendeudadas vuelvan también al sistema crediticio, donde sí es importante poder acceder a créditos de vivienda, créditos de consumo o créditos de iniciación de actividades económicas, que hoy día muchas veces se ven afectados por la carga financiera del actual CAE. Por lo tanto, creo que en ese punto el diseño está bien pensado. Hay una condonación bien parcial y una reorganización de la duda.
-Volviendo al punto inicial, claramente el proyecto no atiende a las expectativas que tenía el programa de Gobierno, sino que hay un sentido de realidad, sobre todo puesto por el ministro de Hacienda. ¿Es una renuncia o es más bien pragmatismo en relación a la realidad que le toca enfrentar a este proyecto?
-La lógica weberiana es gobernar con la ética de la responsabilidad. Y eso siempre se agradece de una autoridad, debido a que por más que la convicción que hubiera por llevar a una condonación universal, creo que los números no daban y era una evidencia. Pero también atiende a la universalidad en otro sentido, ya que todas las personas podrán postular. Todos quienes están hoy día en una situación de deuda pueden postular su situación, y acceder a una condonación parcial, un reajuste, o un rediseño de su plan de pago. Y para algunas personas probablemente va a ser una condonación universal. Entonces, eso creo que responde efectivamente a la priorización de necesidades que toda política pública tiene que realizar.
