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En medio de la crisis por la que atraviesa la cartera de Interior, tras la salida de Manuel Monsalve, representantes del Ejecutivo y Legislativo acordaron dar celeridad a los proyectos del fast track de seguridad, entre ellos, las reglas del uso de la fuerza que se encuentran en segundo trámite.
En el marco del segundo fast track de seguridad, las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado actualmente están en el proceso de estudio de las indicaciones a la ley que establece normas sobre las reglas del uso de la fuerza (RUF). Iniciativa que ingresó al Congreso Nacional en abril de 2023 y que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Lo anterior, en medio de presiones para que junto al proyecto de infraestructura crítica -que se encuentra en la Comisión de Defensa del Senado- puedan habilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por ejemplo, en los centros de salud más afectados por hechos de violencia en las últimas semanas.
Respecto a las RUF, el senador DC y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, señaló que “el principal nudo que ha tenido el despacho de este proyecto de las comisiones unidas, ha sido el tiempo exagerado que se ha utilizado para definir principios”.
“Es cierto que es la base de toda discusión definir los principios mediante los cuales se utiliza la fuerza por parte de agentes del Estado, pero se ha utilizado demasiado tiempo y pocas sesiones”, dijo.
En ese sentido, Flores agregó que hay aproximadamente 10 artículos pendientes y la velocidad para poder lograr el despacho va a depender de la cantidad de veces que se cite a la comisión. “Hasta el momento llevamos solamente la sesión reglamentaria de una vez a la semana. Creo que perfectamente se puede aumentar el número de sesiones”, indicó.
Una vez que el proyecto logre ser despachado de las comisiones unidas de Defensa y Seguridad, pasará a la sala del Senado, para luego volver a la Cámara de Diputadas y Diputados. Si posterior al tercer trámite no hay cambios, quedará listo para ser ley, de lo contrario, regresa al Senado para conformar una comisión mixta.
Recordar que a principios de agosto la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, expusieron las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, con el objetivo de consagrar el principio de proporcionalidad, establecer reglas claras sobre el uso de la fuerza menos letal y potencialmente letal por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (FOSP) y simplificar el contenido del proyecto para evitar interpretaciones diversas respecto de las reglas de este tipo establecidas en otros cuerpos legales.
Por su parte, el senador PS y miembro de la Comisión de Defensa, Gastón Saavedra, señaló que se ha utilizado el tiempo necesario en la tramitación, “porque cuesta muchísimo hacer compatibilizar los enfoques distintos que hay en las comisiones conjuntas”.
“Hay posiciones disímiles respecto de los principios. El principio de proporcionalidad, el principio de entender que se hace necesario establecer estándares acorde con los niveles internacionales para evitar que posterior a la aplicación del uso de la fuerza se vean involucrados en juicios internacionales. (…) Entonces, han habido una serie de situaciones que han costado producto de las convicciones”, subrayó.
Asimismo, Saavedra reparó en que la discusión de las acusaciones constitucionales ha retrasado el trámite legislativo, por lo que se sumó a la idea de aumentar el número de sesiones para darle celeridad al proyecto.
“Yo espero que podamos ir haciendo una combinación de sesiones de reglamento de uso de la fuerza, de infraestructura crítica, también está pendiente el cuidado de fronteras, ahora pasó a comisión mixta la ley antiterrorista. Entonces son una serie de cuerpos legales que se están analizando al unísono y espero que se pueda avanzar lo antes posible”, agregó.
Esta semana el Presidente Gabriel Boric, junto a los titulares de Interior, Defensa y Segpres, se reunieron junto al presidente del Senado, José García Ruminot (RN), y la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), con el fin de acordar una tramitación expedita para proyectos del fast track de seguridad, como reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica y la modernización al sistema de inteligencia. Iniciativas que -según lo acordado- comenzarán a ser despachadas a principios de noviembre.
Tras la cita, el ministro Álvaro Elizalde explicó que “se abordó la tramitación expedita de tres iniciativas que son muy importantes, para que sean aprobadas con celeridad sobre la base de un trabajo legislativo acucioso. (…) “Se han acordado las coordinaciones necesarias conforme a ciertas medidas específicas que se van a abordar tanto en la Cámara como en el Senado, y yo quisiera agradecer la excelente disposición que han tenido los presidentes de las Cámaras y de las comisiones para acordar esta forma específica de trabajo”, detalló.
El acuerdo se da en medio de los cuestionamientos que gatilló la salida del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras el ingreso de una denuncia por violación en su contra, el pasado 14 de octubre. Investigación que está en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Tras su renuncia, La Moneda realizó un inesperado movimiento de piezas, optando por mover de su cargo al ministro de Justicia, Luis Cordero, para asumir como subsecretario del Interior, en reemplazo de Monsalve. Estrategia que buscaría reforzar una cartera con diversos flancos abiertos por la crisis de seguridad y el reciente intento por acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Con el cambio en el tablero, la cartera de Justicia quedará en manos del entonces subsecretario Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista. A su vez, María Ester Torres, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia, asumió de forma subrogante el cargo de subsecretaria de Justicia.
