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En la querella de 17 páginas Juan Pablo Hermosilla solicita que se incauten los teléfonos celulares de los fiscales Orellana, Sepúlveda y Parra. Esto debido a que el Ministerio Público se comprometió a resguardar la vida privada de su hermano Luis, algo que sostienen no sucedió.
La defensa del abogado Luis Hermosilla, a cargo de su hermano Juan Pablo, presentó una querella por violación de secreto. Esto tras las filtraciones de mensajería que mantuvo el principal implicado en el caso homónimo con varias figuras del mundo político, económico y judicial del país.
La querella de 17 páginas detalla que, una vez se incautó el iPhone 14 Pro Max de Luis Hermosilla, el fiscal jefe de Las Condes Felipe Sepúlveda “solicitó que los aparatos se entregaran desbloqueados y con la clave de acceso, comprometiéndose a que sería únicamente él quien accedería al contenido de los aparatos y, al momento de revisar chats de WhatsApp, lo haría junto a la defensa del imputado Hermosilla a efectos de resguardar el secreto profesional y la vida privada e íntima”, algo que alega no se cumplió.
A continuación la querella detalla las distintas filtraciones que llegaron a los medios de comunicación, principalmente Ciper. “Esta filtración quebranta el secreto profesional. Ciper no debió haber accedido a dicha información que debía resguardar el Ministerio Público”, señala también.
Además, la querella acusa que las filtraciones no se limitaron a lo relativo a los delitos imputados a Hermosilla (formalizado por cohecho y lavado de dinero), “sino que también se extendieron a la vida privada del Sr. Luis Hermosilla”.
“No solo se accedió a información reservada por ser parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del Sr. Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él, y que no tenían ningún interés en la investigación”, se lee también, apuntado a que el ente persecutor no tenía facultades para acceder el resto de las conversaciones en el teléfono celular.
En razón de aquello, la querella solicita que se individualice a los funcionarios de Fiscalía y Carabineros que tuvieron acceso al contenido de la investigación del caso, además los medios que publicaron imágenes o antecedentes relativos a la misma. También solicita que se determine la existencia de conversaciones y comunicaciones “entre funcionarios del Ministerio Público con acceso a la investigación respecto de medios de comunicación”.
En concordancia con aquello, solicita también que los fiscales a cargo del caso entreguen sus teléfonos móviles para determinar si existió algún nivel de trato con periodistas para filtrar el contenido de la carpeta investigativa. De esa manera apunta directamente a Lorena Parra (fiscal regional metropolitana Oriente), Felipe Sepúlveda (fiscal jefe de Las Condes) y Miguel Ángel Orellana (fiscal de Alta Complejidad).
Además el documento pide que se incauten los registros de entrada y salida de la Fiscalía Nacional y Oriente para definir “qué periodistas han accedido a dichas dependencias, y con qué funcionario del Ministerio Público tenían entrevista, a efectos de determinar eventuales entregas de información que constituyan filtración”.
Cabe destacar que el pasado 10 del presente mes la defensa del abogado ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, acusando los mismos hechos por los que ordenó la querella.
El documento de 25 páginas denunció la filtración de chats entre Hermosilla y figuras como el exfiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco (recientemente removida de su cargo) y Jean Pierre Matus, y el fiscal Carlos Palma. Según la defensa, estas revelaciones no están relacionadas con la investigación del caso Audios, lo que evidencia, afirman, un incumplimiento del deber por parte del Ministerio Público.
