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El manejo de la crisis puso en evidencia las falencias que persisten a la hora de abordar denuncias de violencia sexual que suscitan interés público, y que obligaron a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a responder por las cuestionadas acciones del Ejecutivo.
Las decisiones ejecutadas por el Gobierno tras la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, despertaron amplias críticas por la demora en su salida de la repartición y el cuestionado punto de prensa en La Moneda, donde el acusado desacreditó la versión de la víctima, afirmando que probaría su inocencia.
El manejo de la crisis puso en evidencia las falencias que persisten a la hora de abordar denuncias de violencia sexual que suscitan interés público, y que obligaron a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a responder por la seguidilla de acciones –sobre las cuales no fue consultada– y que pusieron en entredicho el carácter “feminista” del Gobierno.
“Lo que quisiera destacar es que, una vez que tomamos conocimiento formal de la acusación, lo que hicimos fue proceder como debemos hacer siempre, que es ponernos a disposición de la institución que primero recibió la denuncia, en este caso la Fiscalía Centro Norte”, afirmó Orellana.
No obstante, más allá de haber activado los protocolos formales el jueves 17 de octubre, la jefa de la cartera de la Mujer ha debido hacer control de daños por la cuestionada gestión del Ejecutivo y por haber tomado conocimiento tardío de los hechos, tras regresar de un viaje en Ginebra el mismo día en que Monsalve concretó su salida. Decisiones sobre las cuales la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que “se pudo haber hecho mejor”.
Lo cierto es que la respuesta comunicacional de las instituciones en casos de violencia sexual con alta connotación pública es fundamental para el resguardo de las víctimas y evitar efectos disuasivos en quienes aún no se atreven a denunciar. Por lo que una de las principales críticas desde el mundo feminista fue la decisión del Presidente de Gabriel Boric de permitirle a Manuel Monsalve comunicar su renuncia en el mismo Palacio de Gobierno.
Francisca Millán, abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, calificó como “crítico el haber definido que la primera vocería respecto de este asunto fuese del propio imputado”.
“Fue darle un micrófono en el Patio de los Naranjos al agresor para que entregara su versión, versus una víctima que se encontraba evidentemente en el anonimato, habiendo recién interpuesto una denuncia con todos los costos que ya vimos que eso significa. El nivel de asimetría que el propio Gobierno estuvo dispuesto a establecer de manera tan simbólica es altamente grave”, señaló Millán.
En ese sentido, agregó que el Ejecutivo no tuvo “la determinación de abordarlo de manera estratégica y con perspectiva de género desde un inicio. Porque si hubiesen tomado esa determinación, obviamente habrían tenido que involucrar a las dos carteras más relevantes en el aspecto, que son el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Gobierno. Si no son la vocera y la ministra de la Mujer las personas más idóneas para definir la estrategia, entonces, la verdad, yo no sé cómo se organiza el Comité Político en este sentido”.
Asimismo, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres cuestionaron, a través de una declaración pública, la permanencia de Monsalve en el cargo una vez que se tomó conocimiento de la denuncia.
“Presidente, ¿de qué sirve declararse Gobierno feminista, transversalizar el enfoque de género, incorporar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género al Comité Político, si ante una situación de extrema gravedad reacciona de manera improvisada y errática con los derechos de las mujeres?”, preguntan en el comunicado.
Sin embargo, Priscila González, integrante de la coordinadora nacional de la Red, rescató que el Ministerio de la Mujer “ha sido muy preciso en poner a disposición todas sus facultades legales para que la denunciante pueda ser acompañada en este proceso”, como parte de la respuesta estatal una vez que la cartera toma conocimiento de los hechos.
Por su parte, un grupo de mujeres de los ochos partidos políticos oficialistas emitieron una declaración conjunta, señalando la importancia de que “Gobierno pueda manejar la situación con perspectiva de género, toda vez que somos parte de un proyecto político feminista, que no puede ver un futuro sin una estrategia conjunta para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer”.
“Junto con lo anterior respaldamos al Gobierno del Presidente Boric, proyecto político del que somos parte, y a sus ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y Camila Vallejo, quienes han actuado de forma transparente y categórica al condenar los hechos, respaldar la investigación en curso y resguardar la identidad de la denunciante, sin dar mayores detalles de las acciones desplegadas”, expresa el escrito.
Diputadas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género insistieron en citar a la ministra Antonia Orellana por su rol en el manejo del Gobierno sobre el caso Monsalve. A través de una carta, las parlamentarias calificaron su intervención como “tardía e insuficiente”.
“Este retraso es especialmente preocupante considerando que se trata de delitos de connotación sexual contra de una funcionaria pública, lo que pone en duda la capacidad de la ministra para liderar de manera efectiva la protección de los derechos de las mujeres en casos críticos”, indica el documento.
A lo anterior, se suman las críticas a las recientes declaraciones de la secretaria de Estado al ser requerida sobre la principal interrogante que persiste, en relación a por qué el Presidente Boric demoró casi dos días en remover de sus funciones a Manuel Monsalve.
En conversación con el programa “Mucho Gusto”, la ministra Orellana argumentó que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”. La frase gatilló fuertes cuestionamientos, a pesar de que precisó que “eso no quiere decir que (Monsalve) vaya a tener un trato preferencial”.
Posteriormente, la ministra aclaró que “estamos hablando de una acusación contra el encargado de la seguridad en el país, que tiene atribuciones altísimas, como por ejemplo hacer uso de la Ley de Inteligencia. (…) Lamento mucho que en estos tiempos de polarización y rápida viralización en redes sociales se recorte el clip para tratar de armar una polémica. Acá lo que estamos apuntando es que precisamente por la altura del cargo que ostentaba Manuel Monsalve la denuncia es aún más grave”.
No obstante, sus declaraciones no fueron suficientes para contener las críticas de la oposición, donde incluso diputadas de Renovación Nacional exigieron su renuncia.
La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, sostuvo que “la falta de empatía de la ministra Orellana y su clasismo es impresentable. La renuncia (de Monsalve) debía ser solicitada de inmediato, precisamente, porque ninguna investigación imparcial podría asegurarse a la víctima si el encargado de las policías es el investigado por estas”.
Otra de las aristas del caso proviene desde el interior del Ministerio Público, después que este lunes se conociera que varios funcionarios de la Fiscalía a lo largo del país tuvieron acceso a la carpeta investigativa de la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. Entre los documentos que posee la carpeta, existen testimonios y peritajes del Servicio Médico Legal (SML), antecedentes que fueron posteriormente filtrados.
El hecho se sumó al ingreso de un oficio al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por parte de diputadas del Frente Amplio, acusando exposición indebida de la víctima en el caso que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve. En el documento expresan “profunda preocupación por la manera en que algunos canales de televisión y medios escritos han revelado detalles que podrían comprometer la seguridad y la privacidad de la víctima”.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hicieron un llamado a perseguir “las responsabilidades al interior de las instituciones que, teniendo el deber de resguardar a las personas que denuncian, a través de un proceso justo y riguroso, han filtrado información”, y advirtieron que exponer detalles personales del testimonio de la denunciante pone en grave riesgo el resguardo de su identidad.
“No me parece buena señal respecto de otras mujeres que, viendo el caso en televisión y en los medios de comunicación, se estén planteando la posibilidad de denunciar, porque aparece ese temor que ni siquiera debiese estar en discusión”, agregó la vocera Priscila González.
En esa línea, la abogada Francisca Millán también enfatizó que “esos elementos indefectiblemente se vuelven también disuasores de denuncias futuras”.
“Se han incluso difundido imágenes de ella y con eso en el fondo trasladamos la atención hacia el lugar que precisamente como sociedad debemos respetar, (…) si no, procesamos la situación desde el lugar equivocado, que es la banalización de la violencia. Los antecedentes más específicos sobre cómo fueron los hechos, cómo se dio la dinámica, qué pruebas existen al respecto, cuáles son las versiones que se manifiestan, van a ser propias del proceso penal, es el único proceso en el que se vuelve efectivamente relevante esa información, y no por nada son procesos que hoy día, por su naturaleza legal, son de carácter reservado”, indicó.
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