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Para este martes, las autoridades del Ministerio del Interior están citadas a una sesión especial en la Cámara de Diputados y también ser votará en la sala la conformación de una comisión especial investigadora impulsada por la oposición para recabar mayores antecedentes el caso Monsalve.
Este lunes comparecieron ante la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario de Interior, Luis Cordero y el director de la PDI, Eduardo Cerna, en medio de los requerimientos por parte de la corporación por conocer detalles relacionados con el caso Monsalve. La cita tenía como objetivo conocer la solicitud de revisión de cámaras de seguridad por parte del exsubsecretario días antes de la denuncia por violación en su contra y que se habrían llevado a cabo fuera del marco legal.
Al ser consultado por las diligencias que se están llevando a cabo sobre las actuaciones de Monsalve y en particular si hay conocimiento de que este hubiera utilizado gastos reservados para fines personales, Cordero respondió que “el Gobierno no tiene antecedentes sobre ese punto. Sin embargo, dado que el subsecretario del Interior tiene asignado gastos reservados, es un asunto que nosotros estamos en revisión”.
Sobre este punto remarcó que este tipo de gastos está sujeto a una normativa particular, por lo que la información será entregada a “quienes corresponda oportunamente, porque esos gastos también están sujetos a un mecanismo de control muy específico que tampoco es público”.
Para este martes, las autoridades del Ministerio del Interior están citadas a una sesión especial en la Cámara de Diputados y también ser votará en la sala la conformación de una comisión especial investigadora impulsada por la oposición para recabar mayores antecedentes el caso Monsalve.
Respecto de la instancia, Cordero señaló que “siendo completamente legítimo el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, existen algunas restricciones de divulgación de información, unas que están vinculadas a la investigación penal, que están cubiertas por el Código Procesal Penal y otras por la Ley de Inteligencia”.
“Desde que él renunció y abandonó La Moneda, el Ejecutivo no ha tenido ningún contacto con él y por lo tanto no puede hacer ni puede referirse a una situación que le compete a él personalmente y a su defensa”, explicó Cordero.
