PAÍS
Fotos: AgenciaUNO
La acusación sostiene que el entonces persecutor proporcionó información privilegiada al abogado—hoy en prisión preventiva—sobre investigaciones confidenciales, afectando casos como Exalmar, Penta y Dominga. Se alega que ambos abusaron de su cargo, tomando decisiones injustas a cambio de beneficios.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el exfiscal Manuel Guerra y el expoderoso abogado Luis Hermosilla, así como contra quienes resulten responsables, por su participación como autores de los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado caso Hermosilla o caso Audio.
La querella del CDE, interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, el último actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Ambos, durante el período en que ejercieron una función pública y faltando a los deberes de su cargo, “habrían mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos“.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Manuel Guerra “entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de fiscal regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas. Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”.
Lo anterior, resalta el CDE, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de fiscal regional adoptara decisiones “no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados”, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos tanto para sí como para terceros.
