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Fotos: AgenciaUNO
La víctima, tecnóloga médica y militante comunista, estaba embarazada al momento de su detención y actualmente figura como detenida desaparecida. Las penas de los exmiembros de la policía secreta de Pinochet fluctúan entre 10 y 4 años de cárcel. Uno de ellos está prófugo.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ratificó las condenas a exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza, militante comunista que se encontraba embarazada de cinco meses al momento de su detención. Este hecho, ocurrido a partir del 15 de diciembre de 1976, mantiene a Pereira en la actualidad en calidad de detenida desaparecida.
El fallo definitivo, que contó con la participación de los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Pía Tavolari y Álvaro Vidal, confirmó la sentencia de segunda instancia. Así, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires fueron condenados a 10 años de presidio como autores del delito de secuestro calificado.
Por su parte, otros 15 exagentes recibieron penas de siete años de presidio como coautores del delito, mientras que 11 más fueron condenados a cuatro años en calidad de cómplices. Entre estos últimos se encuentra Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, quien, tras haber sido absuelto en la Corte de Apelaciones, fue condenado en este fallo a siete años y se encuentra prófugo.
El abogado querellante Nelson Caucoto destacó la importancia de esta sentencia, que, según él, “algo de paz y consuelo traerá a los familiares de Reinalda, a pesar de que su marido, el kinesiólogo Maximiliano Santelices, no alcanzó a ver el resultado del juicio”. Caucoto subrayó la brutalidad de las torturas sufridas por Pereira durante su detención, que incluyeron golpizas, descargas eléctricas y otras formas de maltrato.
Los hechos que llevaron a esta condena se establecieron en la investigación, que determinó que Pereira fue detenida a los 29 años mientras esperaba transporte público. Testigos presenciaron su arresto violento a manos de agentes que la trasladaron a un cuartel secreto, donde fue sometida a torturas y finalmente desaparecida.
La Corte Suprema, al rechazar los recursos de casación de la defensa y los querellantes, enfatizó que el fallo es un hito en la lucha por la justicia en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, dejando claro que no habrá amnistía ni prescripción para estos crímenes.
Caucoto concluyó que este caso debería servir de reflexión para quienes niegan los crímenes de la dictadura y busca poner de manifiesto el horror que vivieron las víctimas, un recordatorio de la importancia de la memoria y la justicia en la sociedad chilena.
