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El uso irregular de un terreno fiscal, para una estación de bombeo de agua de mar, recurso utilizado por la multinacional BHP Billiton, ha desatado un conflicto judicial con varias empresas, tras la muerte de un buzo que trabajaba en faenas de limpieza en una planta desaladora.
La muerte de un buzo de la empresa Premar, que realizaba obras de mantención en una cámara de una planta desalinizadora en Mejillones, destapó una serie de irregularidades en que incurrían varias empresas en la zona relacionadas con la concentradora de cobre Spence, una ampliación minera de propiedad de la multinacional BHP Billiton.
Inaugurada en mayo de 2022, en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, Spence tuvo una inversión de US$ 2.460 millones y forma parte de un plan global de BHP que busca potenciar las operaciones de la compañía en Chile, intentando duplicar la extracción de cobre durante los próximos 50 años.
“Nuestro compromiso es generar condiciones para un desarrollo armónico de la actividad minera con su entorno, para que nos permita seguir contribuyendo con los minerales necesarios para avanzar en la transición energética”, aseguró en la inauguración el subsecretario de Minería, Willy Kracht.
Para cumplir con estas expectativas, Spence requería instalar una planta desaladora, infraestructura construida por Grupo Cobra –consorcio español dedicado a la instalación de redes de agua y electricidad–, con el objeto de abastecer en un 100% a la concentradora de Cobre subsidiria de BHP.
Tras la muerte del trabajador, el 30 de noviembre de 2021 la empresa contratista Premar entabló una demanda en el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, en contra de todas las empresas involucradas, cuya investigación arrojó que la planta desaladora se instaló sin permiso de edificación, en un terreno que no era propiedad de la empresa que aparece como tal, vulnerando las exigencias del Plan Regulador Comunal.
La demanda por indemnización de perjuicios, ingresada el 25 de abril de este año, está dirigida en contra de las empresas Cobra Montajes, Servicios y Agua Limitada, Caitan SpA y Compañía Minera Spence S.A., esta última perteneciente en su totalidad a BHP Billiton, considerada la minera más grande del mundo, con una capitalización de mercado de US$ 139.200 millones.
La cadena contractual de las empresas involucradas es la siguiente: Cobra es la firma que construyó el proyecto, a cargo de la mantención y operación de la planta; Caitan es la propietaria y administradora de la desalinizadora; y Spence es la receptora final de los servicios.
Caitan adquirió la titularidad de la planta a través de un contrato BOOT con Spence, bajo condición de que le suministre a esta última el agua necesaria para su operación minera y que, pasado determinado plazo, además, le transfiera a la subsidiaria de BHP el dominio del complejo captador de agua de mar.
La acción judicial asegura que las tres empresas codemandadas no eliminaron la “condición de riesgo asociado al funcionamiento continuo de las bombas de impulsión, a fin de evitar el desborde de agua y espuma”, situación que afectó la zona donde se encontraba el buzo de la empresa Premar, incrementando los niveles de inseguridad, y que terminó por costarle la vida al trabajador.
En el documento –al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador– se detalla que, al no haber detenido el funcionamiento de la planta, a partir del cese de operación de todas las bombas, se arriesgó la vida del trabajador en beneficio del funcionamiento normal de Spence que, al no detener sus faenas por dos jornadas, evitó una pérdida operacional de 1.096 toneladas, equivalente a US$ 10.591.781.
Para el dueño de Premar, John Bey, el accidente se pudo haber evitado si es que se detenían las faenas. “Ellos nos ocultaron el riesgo de desbordamiento, sabían que podía pasar, pero como necesitaban limpiar el sector, nos hicieron trabajar en una condición peligrosa por un tema de productividad y ganancias”, comentó a El Mostrador.
La demanda, en rigor, responsabilizad a Spence de “dolo ajeno o culpa grave”, debido a que se habría beneficiado de los contratos celebrados con las empresas contratistas, considerando la cadena de valor productiva de la planta, razón por la que Premar exige una indemnización equivalente a la suma de los dos días que la minera no dejó de funcionar; o sea, más de 10 millones y medio de dólares.
Un solicitud de información, enviada por Sandra Muñoz, oficial suplente del Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, el 29 de diciembre de 2023, dirigida a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Mejillones, permitió destapar una serie de irregularidades en la construcción de la planta desalinizadora.
La respuesta del director de Obras Municipales, Aaron Oliveros Vásquez, detalló que la estación de bombeo de agua de mar no contaba con Permiso de Edificación ni certificado de recepción de obras de la DOM, debido a que “la edificación se emplaza en una zonificación del Plan Regulador Comunal que no permite el destino de Estación de bombeo de agua de mar”.
El documento indica, además, que la resolución de calificación ambiental N° 0217/2017 consigna un edificio de 150 m2, sin embargo, en una solicitud de permiso de edificación presentada cinco años después se presenta una superficie de 454,83 m2, discordancia levantada por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el ordinario Nº 1312 del 12 de noviembre de 2022.
“Por tanto y en atención a lo antes expuesto esta edificación no es concordante con la RCA N° 0217/2017, ni cuenta con los permisos de esta dirección de Obras, manteniendo a la fecha el incumplimiento informativo”, señala la respuesta del director de Obras de la Municipalidad de Mejillones.
A raíz de la denuncia de la empresa Premar, la Municipalidad de Mejillones citó a la desaladora Caitan ante el Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad, por una serie de vulneraciones a la norma cometidas por la empresa, instándola a pagar la suma de $5.166.915, pero sin clausurar la edificación clandestina.
Según fuentes ligadas a la investigación, pese a que BHP no es estrictamente dueña de la planta, ha hecho usufructo ilegal del agua al menos desde el año 2020, fecha en que inició sus operaciones.
Para Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, el caso caso ocurrido en Mejillones es un verdadero escándalo. “Para mí es una brutalidad, por eso le hacemos un llamado a la empresa australiana BHP, la minera más grande que hay en el mundo, a que se rija por los cánones de transparencia y probidad que se utilizan en su país de origen y que no se aproveche de hacer pillerías en los países subdesarrollados como Chile”, aseguró a El Mostrador.
Por otro parte, la subsecretaria regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, Angelique Araya, ratificó, a través de una ficha de fiscalización, la ocupación ilegal de parte del terreno en cuestión por parte de la empresa Caitan, conminándola, en un plazo de 15 días hábiles, a regularizar la “situación del inmueble fiscal ubicado en la comuna de Mejillones”.
“En el marco de la normalización de ocupaciones irregulares e ilegales fiscalizadas durante el año 2024, informo que en nuestros registros figura como ocupante ilegal del inmueble fiscal ubicado al noroeste de Mejillones. Por lo anterior, se le comunica que debe iniciar proceso de regularización a través de una postulación de arriendo, la cual quedará sujeto a la normativa vigente”, señala la solicitud del organismo estatal.
Es por esta serie de irregularidades que la empresa Premar presentó una denuncia digital, el 24 de julio de este año, dirigida a la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ubicada en Antofagasta, exigiendo al organismo público una fiscalización en terreno a la planta desaladora que en la práctica continúa operando.
El seguimiento de la solicitud, indica que el organismo todavía no se ha hecho presente en el lugar donde se denuncian las graves faltas a la normativa ambiental.
El Mostrador se comunicó con el abogado de la empresa Caitan, buscando obtener la versión de la compañía respecto a los hechos denunciados, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
BHP Billiton, en tanto, aseguró a este medio que “la planta desalinizadora ubicada en la bahía de Mejillones que abastece de agua industrial a la Spence/BHP es de propiedad y operada por un tercero. En este sentido, Spence/BHP no tiene injerencia en su operación”.
