Informe anual UDP sobre DDHH: “La judicatura está peor que en dictadura”

La Universidad Diego Portales (UDP) publicará el próximo 12 de noviembre la edición 2024 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, en el que evalúa el desempeño de actores institucionales y el Estado frente a los acuerdos y obligaciones que ha suscrito en esta materia.

La nueva edición reunió el trabajo de más de una decena de investigadores de distintas universidades del país, y desarrolla nueve capítulos temáticos que abarcan desde violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes, derechos carcelarios, estallido social y vulneraciones a los derechos humanos (DD.HH.), desafíos en materia de seguridad,  entre otros temas.

En conversación con El Mostrador, la editora general del Informe y académica del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, profundizó sobre los principales focos que desarrolla la edición de este año, donde destaca el “acceso a la justicia” como eje transversal en varias de las temáticas de investigación.

-Adelantemos en términos generales los focos puestos en esta edición 2024 del informe y cómo se cruza con los temas que hoy están en la agenda del país. 
-Tenemos nueve capítulos en este informe que vamos a publicar el 12 de noviembre y estamos abordando principalmente dos grandes temas. Uno es el acceso a la justicia, entonces dices ‘bueno, vamos de vuelta a lo básico’. En términos de derechos humanos, el acceso a la justicia es como lo básico, lo que debiéramos poder presuponer, pero vemos con los escándalos que la judicatura está en su peor momento desde la dictadura. 

Y en ese contexto –que no podíamos anticipar con esa envergadura cuando decidimos los capítulos– hacemos un análisis de acceso a la justicia en distintos puntos. No hay un análisis así como global, no coincide con los tiempos del informe, pero hay distintos temas, y se repite de manera muy notoria este enfoque sobre el acceso a la justicia. 

Tenemos un capítulo sobre justicia transicional. Siempre sabemos que hay un tema de acceso a la justicia que sigue a pesar de que tenemos más casos hoy que se logran decidir, pero todavía quedan muchos desafíos. Especialmente estamos viendo que tenemos un altísimo riesgo de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social. El 18 de octubre empezó el plazo de prescripción, o sea, los primeros delitos prescribieron en esa fecha, y van prescribiendo según transcurren los días. 

En el fondo, la respuesta que el sistema de justicia, tanto Ministerio Público como los jueces y juezas, aún pueden dar, tiene que ver con los casos de Alto Mando, porque se ha comprobado –y lo hemos ido documentando año tras año– que la evidencia que se tiene del involucramiento de policías específicos, para condenar a alguien, no existe en la gran mayoría de los casos. No se sabe de quién vino el cartucho o la bala de goma. Y, por lo tanto, hay una falta de acceso a la justicia, a la reparación también, y lo documentamos. 

Tenemos también problemas de acceso a la justicia por prescripción en muchos casos de abuso sexual infantil y violencia en entornos institucionales. Revisamos la literatura, los documentos, los datos disponibles, levantamos algunos más sobre esa violencia en el ex Sename, y especialmente también en los centros privatizados. Entonces, en el informe hacemos una propuesta de una Comisión de Verdad que sea mucho más amplia que la versión que se está conversando en el Ministerio de Justicia hoy.

En trabajo forzado, nuevamente, problemas de acceso a la justicia. La eficacia de la investigación en relación con las víctimas de trabajo forzado es muy compleja. Tiene que ver con cuestiones de tipificación, ya que el trabajo forzado en sí no está tipificado, sino que se vincula con trata, en el fondo. Pero también cuestiones de cultura de los fiscales respecto al trabajo forzado. La mayoría se imagina esclavitud, y no es así. La esclavitud moderna y el trabajo forzado tienen gradualidad. Y creo que uno podría describirlo como una ceguera ante ciertos tipos de trabajo forzado, porque simplemente no estamos ante las cadenas que estamos imaginando.

En cárceles hicimos un estudio bien específico, bien acotado. Uno podría comentar tanto sobre el sistema de cárceles hoy: hacinamientos, toma de las cárceles como centro de control del crimen organizado, motines, etc. Escogimos dos grupos especialmente vulnerables, mujeres y adolescentes, y revisamos en detalle qué posibilidad tienen de denunciar abusos dentro de la cárcel. Y vimos que hay problemas en los mecanismos de denuncia. ¿Por qué eso todavía es relevante? Porque no tenemos un sistema formal de ejecución de penas. Por lo tanto, los jueces sin esa ley supervisan de propia iniciativa, la justicia administrativa todavía no tiene las herramientas suficientes y los detalles que serían necesarios para que se atrevan a denunciar. Que tengan garantías o la convicción de que la garantía de anonimato, por ejemplo, funciona. Ese tipo de cosas.

-El segundo gran bloque de temas tiene que ver con “actores privados”…
-Estamos revisando seguridad privada. Hay una ley que se adoptó hace poco, por lo que estudiamos especialmente la seguridad privada contratada por municipios, donde trabajan en el fondo para reemplazar o complementar la fuerza pública. Revisamos si estas normas son idóneas para cumplir los estándares internacionales y también para prevenir la captura de estas empresas por otros actores, actores criminales, por ejemplo. 

También el ámbito de la protección de la información. Es decir, qué pasa con la información que la policía tiene que compartir con estos actores privados para funcionar. ¿Está protegida? ¿Está resguardada? ¿Cuáles son los compromisos? 

Por otro lado, revisamos la reforma de pensiones. En qué medida las propuestas cumplen o cumplirían con el derecho internacional, el derecho a la seguridad social. En el fondo la mecánica institucional de rendición de cuentas de este sistema de seguridad social. 

En otro ámbito, la inteligencia artificial como un tema nuevo que nos va a acompañar en los próximos años. En resumen, el capítulo propone una visión desde los derechos humanos para analizar la temática, porque eso no se había hecho antes. No se conoce en Chile todavía esa mirada. Entonces decidimos ponerla para poder ir haciendo seguimiento en casos futuros. 

-Mencionaste que, en el capítulo sobre violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes, ustedes presentan una propuesta para la instauración de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Quiero usarlo como ejemplo para preguntarte lo siguiente: ¿cómo ven transversalmente la respuesta institucional ante todos estos temas?
-Yo creo que pasamos de un completo silenciamiento del tema, tanto en el Estado como en las iglesias, a tener mayor visibilidad. Sin embargo, para las víctimas de entonces no hay reparación, no hay acceso a la justicia, por la prescripción.

Eso significa que además de todos los temores por denunciar, el Estado solamente podría actuar con otras modalidades. O sea, la respuesta no puede ser desde la judicatura, no funciona simplemente por la prescripción. Hoy día tenemos una ley, que se llama la ley del tiempo, que permite que en caso de abuso sexual infantil no prescriba el delito, pero eso no aplica para los niños, niñas y adolescentes de antes.

Por lo tanto, llamamos a una Comisión de Verdad y Reparación para que estas víctimas puedan tener acceso a la reparación. Y en términos de violencia del abuso sexual infantil en contextos eclesiásticos, hay desafíos adicionales que tienen que ver con la vigencia del derecho canónico, con privilegios que en el fondo se instalan a través de la Ley de Culto, que permite ciertos espacios donde el Estado no llega. Hay cambios últimamente desde el Vaticano con incentivos para las iglesias locales de denunciar a perpetradores, pero eso todavía tiene problemas, y tiene problemas hacia el pasado ciertamente.

Hay víctimas especialmente que son víctimas de ambas instituciones, desde el Sename y desde las iglesias, porque fueron en el fondo víctimas de los organismos subcontratados del Sename. Y allí una de las categorías de reparación que existen desde el derecho internacional de los Derechos Humanos son las garantías de no repetición. Son lógicas que una Comisión de Verdad también podría y debiera abordar.

Y esa comisión debería ser independiente realmente, porque es muy difícil que, por ejemplo, encarguemos esto al programa de Mejor Niñez, que tiene que seguir funcionando y tiene los mismos problemas hoy día todavía. Es decir, mejoramos la institucionalidad, pero el riesgo sigue estando. Hay varios puntos que no se han reformado para que eso no vuelva a ocurrir todavía.

Y ciertamente no podría ser una comisión eclesial, porque muchas víctimas no tendrían la confianza de ir. Desde el Ministerio Público también –y lo pueden leer en el informe– hubo problemas serios de intentos, yo los llamaría captura, de influenciar estas investigaciones, en particular en relación a las autoridades más altas de la Iglesia chilena y el encubrimiento que se les reprochaba.

-Hay un capítulo que se titula “Para seguir viviendo”: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición en Chile 2024. ¿Cómo abordan el tema de la memoria en este nuevo informe y cómo ha evolucionado ese debate en este año transcurrido desde la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado?
-Creo que se podría destacar que el informe efectivamente revisa cómo se conmemoró los 50 años, qué pasó allí, tanto en el Ejecutivo como en la judicatura. Los avances que hubo o no hubo en ese tiempo, pero también en particular en relación con los monumentos de memoria, cómo el Estado logra administrar, financiar esta memoria colectiva y construirla más allá de los sobrevivientes y de los familiares.

Y allí hay desafíos importantes entre competencias, también coordinación y financiamiento. Es un enfoque muy importante el que mencionas. Usualmente pensamos en reparación, en acceso a la justicia, pero la memoria efectivamente es un tema grande. Desde mi propia experiencia también puedo decir que la memoria tiene que estar en los currículums, para que aprendan los alumnos y las alumnas, para que aprendan sobre la historia y puedan valorarla. Para crear esa garantía de no repetición.

-Finalmente, mencionaste la temática del estallido social, ¿cómo se inserta dentro del debate público sobre los 5 años desde el 18 de octubre de 2019, en relación con las deudas y los aprendizajes?
-Analizamos con mucho detalle el trabajo del Ministerio Público y cómo en el fondo pudo levantar estos casos, cómo son muy pocos los que llevaron a condena y cómo recién ahora estamos viendo un intento de responsabilizar –como desde el inicio dijimos que era necesario– al Alto Mando. Y hay un riesgo importantísimo de impunidad. De impunidad por las tesis que se presentan, por la dificultad de la evidencia, que no solamente tiene que ver con el Ministerio Público y cómo arma los casos, sino también que la evidencia en primera instancia dependía de las policías.

Pero creo que también analizamos con bastante detalle –y que puede aportar al debate, porque no se ha puesto tan en la palestra– las teorías de interpretación. ¿Cómo interpretamos el derecho penal? ¿Qué exigimos, por ejemplo, para la responsabilidad jerárquica o de superiores? No es necesario, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tampoco según el derecho penal, que la persona acusada de esa responsabilidad jerárquica estuviera presente en el lugar de los hechos. Así no funcionan las Fuerzas Armadas, así no funciona la policía. La persona que supervisa no está ahí mismo. Está en su oficina, probablemente. Ese tipo de interpretaciones son muy importantes cuando estamos observando.