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Crédito: Agencia Uno
Tres minutas circulan en el Senado, donde se informa de seis polémicas en que se ha visto involucrada. La Anef le elevó una presentación para dejar sin efecto un resolución. En tanto, el sindicato de la Contraloría destacó su “liderazgo” y “alto perfil técnico” en materias inherentes al cargo.
Desde el Senado, algunos legisladores miran a Dorothy Pérez Gutiérrez, la contralora general subrogante, con buenos ojos. Mientras, otros tantos la revisan con reticencia. De hecho, entre los parlamentarios circulan al menos tres minutas con cuestionamientos en su actividad fiscalizadora y su red de contactos, donde se menciona que tiene luces y sombras, pero todo hace prever que cuenta con los 30 votos necesarios para su nombramiento como titular este lunes en la Cámara Alta.
A pesar de que la carta de la actual contralora subrogante es la que mayor consenso generaría en el Senado, el Ejecutivo evaluó, a comienzos de octubre, retrasar el envío de su nombre después que se instalaron dudas respecto de sus actuaciones en algunos sectores de la Corporación.
No obstante, el lunes pasado, por más de dos horas, Dorothy Pérez Gutiérrez, la nominada por el Presidente de la República para asumir la titularidad del ente fiscalizador, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado, cumpliendo así con el procedimiento establecido para este tipo de nominación. Pero las dudas y reparos de algunos senadores de izquierda y centroizquierda se mantienen.
Su eventual nombramiento se produciría una vez que el cargo estuviera vacante, desde el 2023, por el cese de funciones del entonces contralor Jorge Bermúdez, quien completó su período de 8 años. Ahora corresponde que la Sala se pronuncie sobre la propuesta presidencial y se requieren los 3/5, es decir, 30 sufragios, para ser ratificada en el cargo.
En el Frente Amplio, el PC y algunos sectores de la DC, no cayó bien que el Gobierno pactara con Chile Vamos la votación de los supremos con la del nuevo contralor, ni que senadores lo hicieran público.
El Mostrador accedió a tres minutas que circulan en el Senado donde se informa de seis polémicas en las que se ha visto involucrada Pérez. La primera se titula “Conflictos de intereses y comportamiento reñido con la ética pública”.
Entre los episodios del documento se menciona lo siguiente: “Con el contralor Ramiro Mendoza, cuando NO la nombró Jefa de División de Auditoría, luego de permanecer seis meses con licencia médica; con su jefa directa, la Jefa de División de Auditoría, a quien denunció ante la ACHS por acoso laboral. Sin embargo, su enfermedad fue calificada como común y perdió la confianza del contralor Mendoza. Un mes y medio después, Dorothy Pérez renunció a la Contraloría”.
En efecto, según consignó el diario La Tercera, en 2010, Pérez se trasladó a la Contraloría de Santiago desde Valparaíso, para asumir como subjefa de la División de Auditoría Administrativa, un área que era liderada por María Isabel Carril. En ese cargo presentó licencia psiquiátrica por casi nueve meses, lo cual posteriormente derivó en una investigación en la Asociación Chilena de Seguridad por acoso laboral.
Esas tensiones se sumaron a las diferencias que acumulaba con la exsecretaria general de la Contraloría, Victoria Narváez, una de las mujeres de confianza de Mendoza.
La tensión interna la llevó a renunciar para asumir como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación (Mineduc) en tiempos del exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD). En el Mineduc habría conocido a varios dirigentes del Frente Amplio, entre ellos, a Gonzalo Muñoz y al actual jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
Otro de los episodios se titula “Utilización del cargo para beneficio personal: Gracias por trasladar a Fabián”. El documento hace referencia a una nota de El Dínamo, que publicó el pantallazo de un email enviado en 2009 a Ramiro Mendoza, según el cual Dorothy Pérez “agradece gestiones realizadas ante el General Director de Carabineros de la época, para trasladar a su marido (piloto de helicópteros de Carabineros) a la misma ciudad donde ella desempeñaba funciones (Valparaíso)”.
El mayor (r) Fabián López es marido de la abogada y entonces se desempeñaba en Carabineros en la Quinta Región, pero posteriormente fue trasladado a Santiago. El mail ocurre justo en el periodo en que ella iba a ser destinada a la Región Metropolitana, en diciembre de 2009.
Una segunda minuta que circula en el Congreso fue elaborada por algunos funcionarios detractores de Pérez, que según los adherentes de la abogada son “los viudos de Bermúdez”. Sin embargo, la situación ha generado inquietud en la Anef, debido a que “son temas delicados que afectan a la convivencia laboral y sindical”.
En el documento titulado “Resoluciones y dictámenes que ponen en peligro derechos funcionarios” se mencionan “destituciones sin toma de razón y registro en Contraloría”. El 2 de junio de 2024 fue publicada en el Diario Oficial la Resolución 2 de la CGR, que entre otros actos administrativos exime del trámite de toma de razón a los funcionarios que hayan sido destituidos de cualquier servicio público.
“La toma de razón de las destituciones era la última instancia de revisión para personas que consideran injustificada la sanción. Hoy esa garantía no existe y un trabajador destituido es literalmente condenado a la pobreza por cinco años”, dice la minuta.
En ese contexto, en julio pasado, la Anef elevó una presentación a la contralora (s) de un recurso de reposición que no ha sido contestado, donde solicitan dejar sin efecto la resolución N° 2 de 2024, “por ser contraria a Derecho”.
“De ratificarse este acuerdo entre gobierno y oposición, nuestro rol es tener una relación de contraparte y de judicial también con la Contraloría (…) y queremos saber su posición frente al mundo del trabajo y el mundo sindical, a lo mejor hay aspectos son más bien de retroceso que de resguardo de los derechos de los trabajadores y que pueden mejorarse (…)”, señaló a El Mostrador el presidente de la Anef.
En el texto que circula en el Congreso, en otro acápite, se menciona “la contratación de Arturo Vivanco, el hermano de la exmagistrada (Ángela Vivanco)”. Según este, el ingeniero comercial “ingresó a la Contraloría sin concurso público el 11 de marzo de 2024 al Centro de Datos e Inteligencia Artificial”.
En este punto, los autores recuerdan que luego de que en 2018 su antecesor, Jorge Bermúdez, le solicitó la renuncia por pérdida de confianza, en el contexto del caso de fraude de Carabineros, Pérez presentó un reclamó ante la Corte por su desvinculación, la que ordenó reincorporarla. En la presentación judicial, la exjueza Ángela Vivanco emitió uno de los tres votos con los que contó Dorothy Pérez para mantener su cargo como subcontralora, luego del conflicto con el excontralor, porque fue la Tercera Sala de Corte Suprema la que determinó el reintegro de la subcontralora a su labor.
También se menciona que “eliminó el Comité de Presentaciones Parlamentarias, una instancia creada para dar respuesta oportuna y eficiente a los cientos de requerimientos de diputados y senadores”, entre otros elementos.
No obstante, la Asociación Nacional de Funcionarios de Contraloría General de la República (ANEC) la respalda. La entidad realizó una sesión extraordinaria en la que oficializaron su apoyo a la nominación de Dorothy Pérez como contralora general.
Según un comunicado firmado por la presidenta nacional de la asociación, consignado por Emol, el directorio de ANEC expresó su “conformidad con la referida propuesta, toda vez que estimamos resulta coherente y ratifica el sentir que nuestros asociados, nos requirieron transmitir en su representación a los senadores en ejercicio, acorde el mandato previsto en nuestros estatutos”.
En el documento, se menciona que Pérez “además de contar un alto perfil técnico específico sobre las diversas materias inherentes a nuestra labor de control, posea además, como condición para ello, la experiencia práctica que en estas materias solo pueden entregar los años de desempeño funcionario a nivel nacional y regional”.
Esta experiencia, explica el mensaje, “le permitirá comprender los requerimientos que impone el ejercicio de estas altas funciones” y que “resultan imprescindibles posea quien sea propuesto y elegido, para asumir la dirección superior de este órgano autónomo de fiscalización (…), cumple a nuestro juicio, con las exigencias antes señaladas y necesarias para ejercer el liderazgo de nuestra institución”, concluye el comunicado.
Los defensores de Dorothy Pérez sostienen que ha modernizado la institución, tiene un trato cordial y muy amable con sus interlocutores. Se menciona que bajo la gestión de Pérez, la Contraloría ha adoptado un enfoque de transparencia, con auditorías y documentos disponibles públicamente. Esto se considera parte de un estilo de liderazgo basado en la experiencia.
La abogada usualmente participa de la celebración del Día de los Patrimonios. En junio pasado inauguró el Museo de la Contraloría, también presentó un análisis de las finanzas públicas del país y el 21 de mayo asistió a la conmemoración de las Glorias Navales como lo hicieron otras autoridades. Tiene una agenda nutrida y un empoderamiento que ha mostrado desde el primer día que asumió el cargo. Un puesto que, al parecer, le queda muy cómodo y no solo a ella, también al Gobierno.
Pérez realizó una reestructuración de varios departamentos internos, funciones, del trabajo, incluso traslados y estableció los énfasis que deseaba ponerle a su gestión. El ambiente interno se alteró, pero ella siguió adelante con un plan que tenía pensado hacía meses. Tenía claro que ese día comenzaba a correr el tiempo para demostrar que era la mejor candidata para instalarse como la primera mujer al mando de la Contraloría General de la República.
“Nuestra institución se encamina a su centenario y nos demanda los esfuerzos que sean necesarios para responder a las crecientes necesidades de nuestros usuarios y en especial, de la ciudadanía. (…) Es por ello que, durante las próximas semanas se ejecutará un programa de fortalecimiento de los equipos de línea, a partir de la redistribución, ajuste y absorción en las dotaciones de las unidades de estudios, proyectos, datos y todas aquellas que desarrollan labores de apoyo a la gestión institucional. Asimismo, se han realizado algunos cambios en las jefaturas con el objetivo de fortalecer dichas labores”, señalaba el comunicado en esa oportunidad.
Las aguas, que solían agitarse en el interior de Teatinos 56, finalmente encontraron la calma. La Contraloría General de la República, bajo la dirección de la contralora subrogante Dorothy Pérez, comenzó a brillar con un nuevo enfoque de transparencia. La página web de la institución se llenó de auditorías y documentos accesibles al público, y cada responsable de área, comenzando por Pérez, publicó su agenda. “Es parte del sello Pérez. Todo a la vista. Ordenada, actúa a tiempo, es eficiente”, comentaba un colaborador en un reportaje de El Mostrador.
Con más de 20 años de experiencia en la Contraloría, Pérez no solo conocía a fondo cómo funcionaba cada sección del organismo, sino que también destacaba por su capacidad de organización y administración. “Delega y confía en su equipo, pero sabe perfectamente cómo se mueve cada pieza”, añadía la fuente.
Cuando su nombre comenzó a sonar para una posible nominación al Senado, los rumores sobre otros candidatos se desvanecieron y las autoridades expusieron las razones por las cuales el Presidente Gabriel Boric eligió a Pérez para el cargo, destacando que, como subrogante, había demostrado ser la persona “idónea” para la titularidad.
Además, en el Ejecutivo recordaron que nunca antes una mujer había ocupado el cargo ni había sido propuesta para él. Resaltaron su “trayectoria profesional impecable” y su conexión con la educación pública, así como su experiencia en las tres áreas esenciales de la repartición.
En su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, la contralora subrogante ofreció una detallada exposición sobre el rol de la Contraloría, rindiendo cuentas de su gestión, que incluyó un aumento en el número de fiscalizadores en regiones y el inicio de 1.989 acciones de fiscalización, 425 auditorías, 192 investigaciones especiales, 79 inspecciones de obra pública, entre otras gestiones.
Pérez también abordó la función jurídica y contable del órgano contralor, enfatizando la importancia de invertir más tiempo en la prevención que en la sanción. Con la vista puesta en el centenario de la institución, propuso la implementación intensiva de tecnologías y la automatización, incluyendo el uso de inteligencia artificial para la fiscalización, la automatización robótica de trámites repetitivos y un sistema unificado de gestión documental. Un nuevo capítulo comenzaba para la Contraloría General de la República, con la promesa de modernización y transparencia.
