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Se estima que el grupo comercializó 211 vehículos robados con violencia, utilizando una red de 16 empresas falsas y lavando el dinero por medio de una serie de métodos, incluyendo la utilización de un restaurante. En el juicio resultó condenado un exoficial de la PDI, acusado de lavado de activos.
Un veredicto condenatorio en contra de los líderes de la mayor banda chilena dedicada a comercializar automóviles que habían sido robados con violencia a sus dueños, por medio de portonazos o encerronas, emitió el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago.
Dichos vehículos eran luego vendidos a precios muy menores a la organización criminal, la que adulteraba los números de serie de los autos y los “blanqueaba”. Se trata del grupo conocido como “La industria del portonazo”, que era liderado por uno de los delincuentes chilenos más peculiares del país, el narcotraficante Yerko Silva Toro.
Junto a él fueron condenados su hermano Albano Silva Toro, así como Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez, los que a juicio de los jueces Eduardo Gallardo, Alejandra Rodríguez y Marcela Nilo son culpables de asociación ilícita y receptación reiterada de vehículos motorizados, en concurso con el delito de estafas reiteradas.
Yerko Silva y Navarrete fueron además condenados como autores de lavado de activos y del delito reiterado de apertura de giros ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) con datos falsos. Otros dos acusados, Carolina Cornejo y Víctor Quezada, fueron también condenados como autores de lavado de activos.
Sandoval, a su vez, fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego, junto a David Millalén Llanco, que además fue condenado como autor de receptación de vehículo motorizado.
Las penas recién se conocerán el próximo 23 de diciembre, dada la gran extensión que tuvo el juicio, en el cual la acusación fue realizada por la fiscal Claudia España.
En el caso de Yerko Silva, la Fiscalía solicita siete años en su contra por el delito de asociación ilícita, 10 años por la receptación reiterada, otros 10 años por la apertura de giros con datos falsos, igual pena por las estafas y 5 años por el lavado de activos. En suma, un total de 42 años.
De acuerdo con el veredicto, los acusados “se organizaron para desarrollar un sofisticado y lucrativo plan delictual consistente en vender vehículos producto de robos, la mayoría de ellos, con intimidación o violencia, conocidos popularmente como ‘portonazos’ o ‘encerronas’, previa reinscripción como vehículos nuevos y sin uso en el Registro Civil, obteniendo nuevas placas patentes, utilizando para ello, facturas de empresas automotoras falsas o ‘de papel’ en las que se modificaban los números de motor y chasis de los móviles, así como se adulteraban materialmente dichas series en sus estructuras”.
Para ello, observaron los jueces, fue fundamental el mal uso de la plataforma “Tu empresa en un día”, la que les permitió crear una serie de empresas de fachada y obtener facturas en el SII mediante la utilización de “palos blancos”, a quienes pagaban dinero a cambio de usar sus nombres.
Para que la industria funcionara contaba con un mecánico “tatuador”, Aimel Gavilán (quien ya está condenado), que alteraba los números de serie de los chasis y motores de los autos robados, así como un sujeto que creaba stickers con números de serie adulterados (Roberto Bascur Arancibia). También utilizaban otros “palos blancos”, varios de ellos ya condenados en juicios abreviados, que prestaban su nombre para figurar como primeros compradores de los vehículos que luego se ofrecían en compraventas o redes sociales como autos casi nuevos.
De acuerdo con la acusación de la fiscal España, la banda comercializó al menos 2011 vehículos robados con violencia en la Región Metropolitana utilizando este sistema, para el cual además crearon una red de 16 empresas falsas.
El veredicto de condena establece además que –como lo sostenía la Fiscalía– a la cabeza de todos los implicados estaba Yerko Silva, un criminal que fue capaz de montar todo este sistema desde distintos penales, donde se encontraba preso: “Así quedó de manifiesto, de manera irrefutable, en las escuchas telefónicas de conversaciones entre los miembros de la asociación, en los múltiples audios y mensajería de WhatsApp obtenidos de su celular, entre Silva Toro con su hermano Albano, Claudia Sandoval, Tatiana Arana, Fredy Miranda y Juan Navarrete, los que formaban parte de su círculo de confianza, quienes actuaban bajo sus órdenes y directrices, le rendían cuentas de las labores y trámites que realizaban y, además, estaban enrolados en los penales y lo visitaban presencialmente de manera periódica”.
De hecho, el documento indica que la idea surgió justamente en la cárcel Santiago 1, cuando Yerko Silva conoció a Ilich Chopa. Fue este quien “le propuso la idea del emprendimiento delictual y le enseñó el modus operandi, de manera que iniciaron juntos el negocio ilícito que devino en la organización criminal, en la medida que Yerko aportó el capital e Ilich los conocimientos, experiencia y contactos”.
Chopa –que dice ser ingeniero comercial– fue condenado en 2016, en Concepción, después que fuera acusado de vender 12 vehículos robados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, los cuales “blanqueó” bajo la misma técnica, aunque en ese caso los móviles eran entregados a un martillero público, que no pudo ser llevado a juicio, pues falleció antes del proceso.
Fue condenado a dos penas (una de 3 años y un día y otra de 200 días) y luego de recobrar su libertad volvió a ser detenido, en Temuco, acusado de tratar de vender una SUV Ford con sus números y papeles adulterados, que había sido robada en Providencia. Tras ello fue condenado a 5 años y un día como autor de receptación y a 3 años y un día como autor del delito de conducción de vehículo con patente perteneciente a otro.
El veredicto del Segundo TOP de Santiago también explica que los implicados en “La industria del portonazo” lavaban dinero por distintos medios, uno de los cuales era el restaurante “Alto Machu Picchu”, ubicado en Estación Central (que luego cambió de nombre, a “Parrilla del Gaucho”), “local comercial que, además de servir a la asociación para realizar algunas de sus operaciones, era utilizado por los hermanos Silva Toro para ingresar dinero y bienes provenientes de aquella, los que constituyeron, en abril de 2018, la sociedad S y B, valiéndose de sus respectivas parejas como sociales, para administrar el restaurante”, agrega el veredicto.
Carolina Cornejo era la administradora del restaurante y ella facilitó cuentas bancarias suyas para ser utilizadas en el lavado de activos, según el fallo, que también explica que su pareja en ese tiempo era el oficial en servicio activo de la PDI Víctor Quezada Bravo, en aquel entonces miembro del Departamento de Instrucción de la policía civil, quien también fue condenado como autor de lavado de activos.
De acuerdo con la acusación fiscal, el expolicía percibió 184 depósitos por 62.5 millones de pesos desde las cuentas de Albano Silva, de la empresa de este y de un socio de Silva, Diego Sepúlveda. A su vez, el hoy condenado exoficial devolvió 26 millones de pesos en 71 depósitos, en el mismo periodo. De acuerdo con el mismo documento, en los meses de enero y febrero de 2017 el saldo de la cuenta corriente de Quezada era superior a los 20 millones de pesos, muy superior a lo que él ganaba como subcomisario de la PDI.
Silva gozaba de una serie de recursos que quedaron a la vista en abril de 2019, cuando Gendarmería desbarató las famosas “celdas VIP” en la calle 6 de la ex Penitenciaría. Él vivía en una de ellas, acondicionada con azulejos, televisor, PlayStation y una serie de otras comodidades obviamente incompatibles con una cárcel.
Se trata de un preso que contaba con una gran cantidad de dinero, pues durante muchos años se dedicó al narcotráfico. El 2013 fue detenido en Santiago, después que el OS-7 de Carabineros descubriera un cargamento de 814 kilos de marihuana, que fueron internados a Chile por medio del paso Chungará. Ante ello, la Fiscalía instaló a funcionarios de dicha unidad como agentes encubiertos en el camión con la droga, parte de la cual fue entregada a varios sujetos en el Parque de Los Reyes, en Santiago, que eran encabezados por Yerko Silva.
Pese al volumen de la droga, Silva quedó en libertad provisional, pues –según él mismo dijo posteriormente en el juicio que se realizó en su contra– fue testigo protegido del Ministerio Público en una causa paralela, que se siguió en contra de varios funcionarios del OS-7 de Arica, que fueron acusados de narcotráfico (aunque fueron finalmente absueltos). Por cierto, se trataba de los mismos policías que habían efectuado el operativo en el cual Silva terminó detenido.
Dos años más tarde, y mientras gozaba de la libertad que le dio la colaboración en esa causa, Silva fue arrestado cuando la policía civil allanó su casa en Quilicura, encontrando casi cuatro kilos de pasta base de cocaína y 15 cartuchos calibre 7.65. En la ocasión le incautaron un automóvil Audi, que estaba a nombre de su pareja, y aunque Silva dijo que se trataba de una situación puntual, una inspectora de la PDI que declaró en el tribunal señaló que “en el mes de enero de 2016, en virtud a información residual, tomaron conocimiento de que una persona individualizada como Yerko Silva Toro, de la comuna de Quilicura, recepcionaba importantes cantidades de droga, que era distribuida en el sector sur de la capital”.
Debido a ello, Silva fue condenado a 5 años y un día por el tráfico de drogas y 541 días por la tenencia ilegal de municiones, en un juicio que se realizó en 2017. Ese mismo año, a su vez, fue condenado por la internación de marihuana, en Arica, recibiendo otra condena de cinco años y un día. Debido a ello fue enviado a Santiago 1, desde donde fue derivado a la cárcel de Puerto Montt. Actualmente se encuentra en el penal de Rancagua.
