Opinión
No basta con aplicar restricciones superficiales; es vital comprender cómo cada decisión impacta el tejido social y económico de la comuna. La mirada debe ser holística, considerando el bienestar presente y futuro de todos los habitantes.
Las recientes elecciones municipales en Chile esperan traer consigo un renovado liderazgo que tiene la oportunidad de moldear el futuro de nuestras comunidades. Sin embargo, esta responsabilidad no se limita a gestionar problemas inmediatos, como la salud, educación y seguridad, sino también a pensar en algunos temas a largo plazo o de largo arrastre. Uno de ellos es la construcción de viviendas en sus territorios y, dentro de esto, los tan nombrados planos reguladores, fundamentales para el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes.
Es esencial que las nuevas autoridades elegidas actúen con conciencia y visión de largo plazo, para evitar que decisiones mal fundamentadas impacten negativamente en el valor de las viviendas y de los arriendos.
Uno de los aspectos más discutidos en el ámbito de la planificación urbana es la regulación de la altura de los edificios. Si bien limitar la altura es un paso importante para preservar la identidad de las comunas, no puede ser la única medida considerada. Los planos reguladores deben abordar una variedad de factores interrelacionados que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Esto incluye la infraestructura, el acceso a servicios básicos, las áreas verdes, la movilidad y la densidad poblacional.
Las comunidades no solo necesitan edificios bien regulados; requieren un desarrollo que promueva la cohesión social y el bienestar. Un crecimiento desmedido y mal planificado puede generar problemas como el aumento de la congestión, la disminución de la calidad del aire y la escasez de espacios públicos.
Estos factores no solo deterioran la calidad de vida, sino que también afectan el valor de las propiedades en la comuna. Un barrio que no cuida su entorno pierde atractivo, y eso se traduce en un impacto directo sobre los precios de las viviendas y arriendos.
Por otro lado, es crucial fomentar la participación ciudadana en el proceso de planificación. Los vecinos son los que conocen de primera mano las necesidades y desafíos de su entorno. Incluir sus opiniones y experiencias en la elaboración de políticas públicas no solo enriquece el debate, sino que también genera un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Cuando las comunidades son escuchadas, se generan soluciones más adecuadas y sostenibles.
Sabemos, por ejemplo, que la construcción de edificios en altura es un tema que complica a vecinos y autoridades, pero, a la vez, su desaparición o prohibición de existir disminuye las opciones de viviendas en la comuna y puede elevar los precios de compra y arriendo, por lo que debe ser una decisión consensuada por la comunidad.
Según los datos de Casen 2022, actualmente el déficit habitacional cuantitativo es de 552.046 requerimientos de nueva vivienda, lo que equivale al 7,9% del total de hogares (6.998.093). En tanto, el déficit habitacional cualitativo es de 1.263.576 viviendas a ser mejoradas o ampliadas y equivale al 18,5% del total de 6.824.380 viviendas existentes.
Las nuevas autoridades comunales tienen la oportunidad de hacer un cambio significativo, pero esto requiere un compromiso real con una planificación integral. No basta con aplicar restricciones superficiales; es vital comprender cómo cada decisión impacta el tejido social y económico de la comuna. La mirada debe ser holística, considerando el bienestar presente y futuro de todos los habitantes.
Deben proteger los planos reguladores con una visión clara y responsable. Solo así se garantizará un desarrollo que no solo preserve el valor de las viviendas y arriendos, sino que también fomente un ambiente saludable, dinámico y con calidad de vida para todos. Las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro de las comunas mañana.
