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Fotos: AgenciaUNO
Se trata de una querella por declaraciones que vincularon al nuevo jefe comunal con la violencia durante las manifestaciones del estallido de octubre de 2019. Matías Toledo busca la condena de los querellados al máximo de las penas estipuladas por la ley para los delitos de injurias y calumnias.
El alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), presentó una querella criminal por los delitos de injurias y calumnias graves contra el actual jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina (RN), el senador Manuel José Ossandón (RN) y el electo alcalde de Santiago y exministro Mario Desbordes (RN).
La querella fue ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y responde a una serie de declaraciones públicas que, según Toledo (uno de los fundadores de la Coordinadora Social Shishigang), lo vinculan de manera errónea y difamatoria con episodios de violencia ocurridos durante el estallido de octubre de 2019.
En el documento presentado ante la justicia y consignado por radio Biobío, Toledo detalla una serie de declaraciones realizadas por los querellados en diversos medios de comunicación, que luego fueron replicadas en redes sociales y otros canales. Entre las afirmaciones, se lo acusa de ser un “octubrista”, un “promotor de la violencia” e incluso se le imputa responsabilidad en la inseguridad y los disturbios ocurridos durante las manifestaciones de hace cinco años.
Uno de los episodios clave señalados en la querella ocurrió el 8 de octubre de este año, cuando el exministro Mario Desbordes, en el programa radial “Juntos en Agricultura-Especial elecciones”, fue consultado sobre el aniversario del estallido y respondió: “Matías Toledo es un octubrista… estuvo atacando a los carabineros de Puente Alto, ese es Matías Toledo”.
Días después, el 11 de octubre, Toledo denunció que los vecinos de Puente Alto comenzaron a recibir llamados telefónicos anónimos, en los que se afirmaba que él era “un activista de izquierda, promotor de hechos de violencia en Puente Alto” y que había tenido un rol activo durante los disturbios del estallido social.
El 13 de octubre, el senador Manuel José Ossandón también arremetió contra Toledo en una entrevista con el medio The Clinic, acusándolo de ser “el culpable de la inseguridad” en Puente Alto y de promover la violencia, basándose en fotografías en las que supuestamente aparece junto a grupos armados. Además, Ossandón, también exalcalde de la comuna, lo vinculó con los hechos ocurridos durante el estallido y con la violencia actual en la comuna.
El 14 de octubre de este año, fue el turno del alcalde Germán Codina, quien en el programa de streaming “Desde la Redacción” de La Tercera, acusó a Toledo de haber “lanzado piedras a carabineros el 18 de octubre de 2019” y de ser responsable de la violencia que afectó a la institución policial. Además, Codina lo acusó de promover la narcocultura y de apoyar la destrucción del comercio local, mencionando el saqueo de la farmacia La Estrella durante las protestas.
Codina, además, señaló que Toledo tiene un “patrón destructivo” y lo acusó de querer destruir a quien tuviera enfrente, afirmando que carecía de capacidades para gobernar.
En su querella, Matías Toledo afirma que las acusaciones vertidas en su contra afectan gravemente su honor y su integridad psicológica. “El medio que han decidido utilizar resulta especialmente estigmatizante, revestido de apariencias de realidad, ya que se me imputa un delito concreto y determinado”, señaló Toledo en el documento, y agregó que las declaraciones buscan causarle un daño intencional a su reputación.
Toledo también subraya el carácter subjetivo de las acusaciones, las cuales considera que no solo son falsas, sino que buscan un daño directo a su persona, utilizando su nombre en contextos altamente negativos y sin fundamento.
Con el fin de reparar el daño causado y de que se haga justicia, Toledo solicitó que se dé curso a la tramitación judicial de su querella, buscando la condena de los mencionados al máximo de las penas estipuladas por la ley para los delitos de injurias y calumnias graves. Además, requirió que se consideren las costas del proceso judicial.
