PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Consideran que el nuevo criterio representa un retroceso y podría reinstalar prácticas arbitrarias en la administración pública. En respuesta, han declarado un estado de alerta y convocado movilizaciones. El diputado Cuello (PC) citó a sesión especial de la Comisión de Trabajo.
En un comunicado conjunto, las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público CUT-Chile expresaron su preocupación ante el reciente dictamen emitido por la Contraloría General de la República, bajo el mando de la nueva contralora Dorothy Pérez. El dictamen establece que la Contraloría se abstendrá de pronunciarse sobre las renovaciones de contratos en el sector público sujetas a lo que se denomina “Confianza Legítima”. Esta decisión ha sido interpretada como un retroceso en la protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos, un tema que las organizaciones sindicales consideran fundamental en la regulación de la administración estatal.
Las organizaciones firmantes, que incluyen a la Ajunji, ANEF, Asemuch, el Colegio de Profesores, Confemuch, Confusam, entre otras, afirman que “desde que la señora Pérez asumió como Contralora General de la República subrogante, los trabajadores del sector público hemos visto con preocupación una serie de definiciones que, ejerciendo las facultades discrecionales del cargo con escasos fundamentos jurídicos, imponen una retirada del ente Contralor de su rol de protección de los derechos de los trabajadores del Estado”.
El texto también señala que la decisión de la Contraloría se enmarca dentro de una serie de actos discrecionales que, según los sindicatos, contribuyen a una “peligrosa retirada” de la entidad del rol de control y protección de los derechos de los trabajadores, lo que podría dar pie a la reinstalación de prácticas arbitrarias e ilegales en la administración pública.
Particularmente, las organizaciones consideran que el dictamen cuestionado supone un cambio en la jurisprudencia sobre el principio de “Confianza Legítima”, el cual, desde 2016, había sido clave en la regulación de los despidos arbitrarios en el sector público. Al respecto, señalan que “resulta paradójico que sea Dorothy Pérez quien imponga este cambio de jurisprudencia, que abre paso a la reinstalación de las prácticas de despidos arbitrarios en la administración del Estado”, considerando que la Contralora en su momento denunció y enfrentó una solicitud de renuncia a su cargo.
El pronunciamiento también critica el dictamen por no ofrecer una fundamentación jurídica adecuada, calificándolo como un “incumplimiento grave de las funciones asignadas a la Contraloría”, ya que, según los trabajadores, la entidad no puede excusarse de resolver las presentaciones y reclamos bajo un argumento “genérico y vago” sobre el supuesto “carácter litigioso”.
Ante esta situación, las organizaciones han decidido declarar un “estado de alerta general” y convocar a una primera movilización para este martes 12 de noviembre, en la que se presentarán reconsideraciones del dictamen en cada oficina de la Contraloría a nivel nacional. Además, han hecho un llamado al Gobierno, al Congreso Nacional y al Senado para que asuman su responsabilidad en la situación generada y garanticen una solución a lo que consideran una “precariedad laboral” que afecta a los trabajadores del Estado.
Las organizaciones sindicales también exigieron que el Ejecutivo instale con urgencia la “Mesa de Trabajo Decente”, acordada previamente con la Mesa del Sector Público, y que aún no ha sido convocada —acusan—”debido a la dilación del Gobierno”. De igual manera, instaron al Senado a tomar cartas en el asunto y a avanzar en reformas legislativas que aseguren los derechos de los funcionarios públicos y pongan fin a las prácticas de precarización laboral en el sector público.
El diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, citó a sesión especial de la Comisión de Trabajo, en su calidad de presidente de la instancia, para tratar junto a la CUT y la ANEF el dictamen de Contraloría.
“Me parece fundamental escuchar a los trabajadores que después de años de lucha se ven amenazados por la sombra de la precarización laboral. Este dictamen es un serio retroceso que pone en riesgo la estabilidad en el empleo y al mismo tiempo debilita la función pública”, señaló el diputado Cuello.
La sesión especial se desarrollará el lunes 18 de noviembre a las 15 horas y contará con la presencia de David Acuña, presidente de la CUT, José Pérez, presidente de la ANEF y la abogada laboralista, Carolina Guzmán.
