El dictamen que modifica el principio de “confianza legítima” es visto como un retroceso que podría facilitar despidos arbitrarios. La CUT y la ANEF anunciaron movilizaciones y acciones legales. Diputados oficialistas esperan que se pueda enmendar, mientras que en RN lo ven como “una buena noticia”.
Con solo un voto en contra en el Senado, este lunes, Dorothy Pérez logró sortear con facilidad su nombramiento al frente de la Contraloría General de la República. Hoy, tras casi un año en la subrogancia luego del término del periodo de Jorge Bermúdez, asumió el cargo de manera oficial, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la institución
Este viernes, en Teatinos 56, ante el Presidente Gabriel Boric y autoridades de Gobierno, Dorothy Pérez dio su primer mensaje oficial para dar inicio a su mandato de ocho años. Recibió varios aplausos. Sin embargo, sus primeras acciones también fueron recibidas por el malestar de los funcionarios del sector público, quienes se declararon en estado de alerta.
En la entrada del edificio de la Contraloría, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), con banderas y pancartas, expresó su total rechazo al reciente cambio de criterio de la Contraloría respecto al principio de confianza legítima, reflejado en el dictamen emitido este miércoles 6 de noviembre por el organismo de control y que lleva la firma de la nueva contralora.
El dictamen establece que la Contraloría se abstendrá de pronunciarse sobre las renovaciones de contratos en el sector público sujetas a lo que se denomina “confianza legítima”. Esto, desde 2016, según enfatizan desde la ANEF, ha sido clave en la regulación de los despidos arbitrarios en el sector público.
“Lo que ha hecho la nueva Contralora nos parece grave porque ha procedido a derogar, en la práctica, la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control establecía el principio de confianza legítima como una herramienta de defensa de las y los trabajadores públicos, bajo el régimen de contrata, que cada año quedaban expuestos a la posibilidad de ser despedidos de forma arbitraria”, señaló la ANEF en un comunicado.
Pero el descontento se amplió con el paso de las horas. Posteriormente, arremetieron las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público CUT-Chile. Las organizaciones firmantes, que incluyen a la ANEF, Ajunji, Asemuch, el Colegio de Profesores, Confemuch, Confusam, entre otras, resolvieron iniciar acciones este próximo martes 12 de noviembre, convocando a cada asociación afiliada a presentar una reconsideración del dictamen en cada oficina de la Contraloría General del país, como parte de una primera acción de movilización.
Desde la Mesa del Sector Público sentenciaron que “resulta paradójico que sea Dorothy Pérez quien imponga este cambio de jurisprudencia, que abre paso a la reinstalación de las prácticas de despidos arbitrarios en la administración del Estado”, considerando que la contralora en su momento denunció y enfrentó una solicitud de renuncia a su cargo.
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, quien citó a sesión especial de la Comisión de Trabajo, en su calidad de presidente de la instancia, para tratar junto a la CUT y la ANEF el dictamen de Contraloría.
“Me parece fundamental escuchar a los trabajadores que después de años de lucha se ven amenazados por la sombra de la precarización laboral. Este dictamen es un serio retroceso que pone en riesgo la estabilidad en el empleo y al mismo tiempo debilita la función pública”, alertó el diputado Cuello.
La sesión especial se desarrollará el lunes 18 de noviembre a las 15 horas y contará con la presencia de David Acuña, presidente de la CUT, José Pérez, presidente de la ANEF y la abogada laboralista, Carolina Guzmán.
También desde el oficialismo, la diputada Ana María Gazmuri (AH) calificó como “una mala señal” que la nueva contralora “comience con un tropiezo su nueva gestión, eliminando por decreto la posibilidad que tenían los trabajadores públicos a contrata de acudir a Contraloría para pedir la confianza legítima, medida que los protegía de despidos injustificados”. La parlamentaria espero que se pueda enmendar. A su juicio, “esto sólo le suma trabajo a los tribunales de justicia -que ya están exigidos- y consigue precarizar aún más la función pública”.
Desde la oposición, la diputada y jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón, dijo que “es verdad que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista como este gobierno ha usado el empleo publico de manera abusiva e inaceptable”. Por otra parte, “nos gustaría haber visto la misma proactividad e indignación de la CUT y la ANEF cuando se conocieron las condiciones en las falleció el funcionario de la presidencia en La Moneda”, comentó la parlamentaria.
Recordemos que en octubre pasado, la muerte de Hugo Morales, un gásfiter de 63 años, quien sufrió un infarto durante su jornada laboral en La Moneda, desató un fuerte pronunciamiento por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de Presidencia de la República (Anfupres). En un comunicado, la asociación expresó su profunda frustración y preocupación ante la falta de atención a sus demandas, señalando que han sido sistemáticamente ignoradas por la burocracia del Palacio. En dicha ocasión, el Gobierno confirmó la apertura de un sumario.
Durante su discurso en dependencias de la Contraloría, Dorothy Pérez detalló las líneas de acción de sus cuatro funciones constitucionales: la fiscalización, la función jurídica, la contable y la jurisdiccional, y afirmó que van a “utilizar nuevos instrumentos más versátiles tecnológicos y expeditos para poder entregar resultados más oportunos al país”.
“Primero, incorporaremos masivamente en toda la Contraloría una revisión previa de admisibilidad (…) En segundo lugar, estamos haciendo el levantamiento de nuestros procesos jurídicos para detectar etapas o trámites internos que puedan ser ineficientes y allí materializar las mejoras”, remarcó.
La nueva contralora aseguró que se compromete “a trabajar con todas mis fuerzas y a estar siempre pronta para incorporar sus mejores ideas, y quiero ser humilde para recibir todos los consejos y todos los apoyos bienintencionados de cada funcionario y funcionaria que quiera aportar con su experiencia y con sus conocimientos a esta gran tarea”.
Cabe mencionar que, a comienzos de este año, mientras ejercía la subrogancia en el cargo, Dorothy Pérez comenzó algunas reformas al interior de la entidad con miras a su modernización, siendo una de ellas la eliminación de uno de los emblemas de Bermúdez: el personaje Contralorito.