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Foto: AgenciaUNO
Las ministras del Trabajo y de Segegob recalcaron la autonomía de la Contraloría, mientras que los gremios del sector público, que llevarán sus demandas al Congreso este jueves, iniciaron una “movilización ascendente” hasta lograr restituir el principio de confianza legítima.
La molestia de los funcionarios del sector público marcó los primeros pasos de Dorothy Pérez como nueva jefa de la Contraloría General de la República. Luego de asumir el cargo oficialmente este 8 de noviembre, uno de sus primeros dictámenes, el que modifica el principio de “confianza legítima”, es visto como un retroceso que podría facilitar despidos arbitrarios.
La CUT y la ANEF anunciaron movilizaciones y acciones legales, mientras que diputados oficialistas esperan que se pueda enmendar. En la oposición, desde RN, sostienen que “no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista como este gobierno ha usado el empleo publico de manera abusiva e inaceptable”.
Hoy, el Gobierno tomó distancia de la polémica. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), declaró que “esto es algo que excede hoy día nuestras facultades y cualquier medida que se tome hacia el futuro podría pasar eventualmente por cambios legales, mas no tenemos hoy día forma de intervenir en la facultad de la contralora, porque nuestra institucionalidad le da la autonomía para el ejercicio de su cargo”.
Consultada por la prensa, la ministra Jara dijo que “sabemos del reclamo de los funcionarios públicos y entendemos que en los próximos días se va a hacer no solamente una presentación de reconsideración, que ya hicieron a la Contraloría, sino que seguramente van a plantear el tema al Ejecutivo en el marco del inicio de las negociaciones de la Mesa del Sector Público”.
En esa misma línea se manifestó la ministra vocera Camila Vallejo (PC). La portavoz de La Moneda afirmó que “el Poder Ejecutivo es un poder autónomo de la Contraloría”. Recalcó que “la Contraloría no le responde ni define en función de lo que hace, opina o decide el gobierno, son instituciones separadas”.
“Son decisiones de un ente autónomo del Poder Ejecutivo”, reiteró la ministra Vallejo.
Una mirada más crítica expresó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para quien el dictamen o “criterio Dorothy Pérez” está “precarizando” la situación de los trabajadores del sector público.
Cabe mencionar que la nueva contralora deshizo el criterio de su antecesor, Jorge Bermúdez, que establecía que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando.
“Estoy absolutamente de acuerdo con que los gremios de los trabajadores del mundo público reivindiquen y defiendan sus derechos”, comentó Carmona en diálogo con radio Cooperativa. A juicio del timonel comunista, “se trata de una medida que pone en jaque la posibilidad de una básica estabilidad laboral, que la tiene todo el mundo”.
Lautaro Carmona advirtió que “el estatuto administrativo planteaba explícitamente que no más del 20% del aparato público debiera ser a contrata o a honorarios, y hoy nos encontramos con que más del 50% de los trabajadores del sector público están en esa condición. Y cuando se amplía el plazo (de renovación) a cinco años y se judicializa, se está atentando contra un elemental derecho de la estabilidad laboral”.
“Creo que estamos frente a una nueva presentación de precarización absoluta, de inseguridad desde el punto de vista del trabajo de un sector tan importante para el país como son los trabajadores del sector público, y desde esa mirada, valoramos y respaldamos las iniciativas que tienen los gremios de trabajadores del sector público”, añadió el líder del PC.
Este martes, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y sus asociaciones afiliadas se unieron a la manifestación de las organizaciones sindicales del sector público adscritas y no adscritas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), desarrollada en el frontis de la Contraloría General de la República, en rechazo al cambio de criterio en el principio de confianza legítima. La manifestación también se replicó en otras sedes del ente contralor a nivel nacional.
El presidente de la CUT, David Acuña, afirmó que “hoy en día la Controlara está entregando las herramientas para que las y los trabajadores del Estado sean despedidos sin ningún motivo. Por eso vamos a seguir en distintas acciones”.
Por su parte, el coordinador de la mesa del sector público (MSP-CUT) y dirigente nacional de la ANEF, Carlos Insunza, expresó que un conjunto de organizaciones sindicales del Sector Público ha asumido un estado de alerta hasta retrotraer este cambio de criterio.
“La contralora le está dando la espalda a las y los trabajadores públicos, incluso a la ciudadanía, porque sabe que no tenemos indemnización y que nos deja en la indefensión. Por eso, la declaramos una persona non grata hasta que revierta esta situación”, enfatizó el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.
Los sindicatos, que entregaron una carta solicitando revertir el dictamen, ratificaron que han iniciado un proceso de movilización “ascendente” hasta lograr restituir el principio de confianza legítima.
Uno de los gremios presentes en la manifestación fue el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, cuyo presidente, Mario Aguilar calificó la medida como “un grave retroceso en los derechos laborales básicos, acá se ha instalado engañosamente, por parte de ciertos sectores, la idea que los trabajadores públicos tienen condiciones laborales privilegiadas y eso es absolutamente falso”.
El líder gremial docente anunció “retrotraer el dictamen de Confianza Legítima es un gravísimo retroceso y vamos a dar la lucha hasta el final para que ese derecho se restituya”.
Este jueves, se espera que las agrupaciones de trabajadores lleguen al Congreso, donde participarán en el debate sobre la Ley de Presupuestos para el año 2025. Además, el próximo lunes, serán convocados por el diputado comunista Luis Cuello para una sesión especial de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, donde se discutirá específicamente el tema de las indemnizaciones y las condiciones laborales del sector público.
