El lunes recién pasado partió en Bakú, en la nación petrolera de Azerbaiyán, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29). Como todos los años, las esperanzas de muchos están puestas en las decisiones de pocos. Este año el desafío es no terminar como en las versiones anteriores: pateando el asunto para adelante, especialmente en el tema por ahora más apremiante, como es la financiación para adaptarse al cambio climático.
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Semanas después de la COP16 sobre la biodiversidad que se llevó a cabo en Colombia y que dejó un sabor agridulce al no lograr el compromiso de los países desarrollados de financiar el rescate de la naturaleza, se inició la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático con las mismas aprensiones que su par biológico: ¿será que esta vez se alcanzará el esperado financiamiento o será un déjà vu de la COP16?
Para hacernos la idea de la envergadura del desafío, hay que volver unos años atrás, cuando los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advertían al mundo entero de los peligros del calentamiento global si se sobrepasaba el umbral de 1,5 grados.
¿Cuál es la diferencia? Que los expertos ya no hacen vaticinios. Ya se llegó al 1, 5 grados. Ahora solo basta ver las noticias. La tragedia en Valencia, España, se ha tragado las palabras.
Es en este contexto crítico en que partió la COP29 y, por segundo año consecutivo, una nación petrolera sirve de anfitriona a los 197 países que asisten al evento anual, esta vez con el gran dilema de fondo: el financiamiento de las adaptaciones y mitigación.
La pregunta aquí no es solo cuánto se necesita, sino también quién contribuirá, a quiénes se destinarán los fondos y cómo se logrará la meta de financiamiento.
Desafío NCQG: la meta actual de financiamiento climático proviene del Acuerdo de París. Los países desarrollados acordaron aportar 100 mil millones de dólares anuales desde 2020 hasta 2025. Con esa fecha límite a la vuelta de la esquina, las conversaciones en Bakú intentan establecer una nueva meta, el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés), un proceso de difícil consenso que ya lleva tres años de negociaciones.
Desafío geopolítico: las naciones en desarrollo –que reciben los efectos del cambio climático propiciado por los países que emiten en proporción la mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera– necesitan construir resiliencia a través de financiamiento para enfrentar las condiciones climáticas extremas. En la COP28, celebrada en Dubái el año pasado, se acordó la creación de un fondo específico para cubrir pérdidas y daños causados por el cambio climático. Sin embargo, siguen abiertas preguntas cruciales: cómo se harán las contribuciones, quiénes tendrán acceso a los fondos, cómo se desembolsará el dinero y cuándo comenzarán los pagos.
Brasil no quiere cargar con el muerto: con la COP30 programada para realizarse en Belém do Pará, Brasil no quiere que las decisiones cruciales queden pendientes hasta el último minuto. Para ello, el país ha situado el tema de la movilización de recursos financieros en el centro de la discusión del G20, organismo que preside en 2024. La declaración del G20 en octubre expresó el compromiso de considerar «herramientas económicas innovadoras», incluyendo pagos por servicios ecosistémicos como la fertilidad del suelo, el control de la erosión y la polinización.
Expansión de la base de contribuyentes: en la meta anterior, los países desarrollados –como Estados Unidos, los de la Unión Europea, Japón, Canadá y otros– asumieron la responsabilidad financiera. Esta vez, los países ricos piden que las economías en desarrollo más prósperas, que también emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, compartan la carga. Aunque nadie se atreve a decir nada, todos miran a China. Y en segundo lugar a Singapur y a Estados petroleros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Que el financiamiento no sea un negocio: los países en desarrollo están exigiendo que el financiamiento no se convierta en un nuevo sector financiero, donde se busque lucrar con la deuda para soportar los eventos extremos. Esta situación es en gran parte consecuencia de que la financiación para el clima y la biodiversidad llega principalmente en forma de préstamos, no de donaciones. Entre 2016 y 2020, el 81% del financiamiento climático destinado a América Latina y el Caribe se otorgó mediante préstamos, aumentando así el endeudamiento de los países receptores.
Factor Trump: tal y como en 2016, cuando la COP22 en Marrakech coincidió con su primera elección, existe preocupación sobre el efecto que su regreso pueda tener en las negociaciones y en el multilateralismo. A casi diez años de su anterior elección, la transición energética mundial avanza a toda marcha. Según un informe reciente de Net Zero Policy Lab, si Estados Unidos se desvincula de la economía de energía limpia, otros países –como los de la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur– podrían beneficiarse enormemente, ganando miles de millones de dólares en oportunidades de negocio. Y Estados Unidos podría quedar debajo de la mesa.
