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La decisión fue adoptada ya que las instancias nacionales fueran consideradas como “agotadas” por la defensa: fue la propia Corte Suprema quien dictaminó su remoción del cargo.
La defensa de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría iniciado las primeras gestiones para llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto luego de que en octubre pasado el pleno del Máximo Tribunal apoyara en decisión unánime su remoción, por mal comportamiento en el ejercicio de su cargo.
La decisión fue adoptada una vez las instancias locales fueran consideradas como “agotadas” por su defensa, ya que fue la propia Corte Suprema que dictaminó su remoción. A esto se le suma la aprobación en la Sala del Senado de la acusación constitucional en su contra el pasado 16 de octubre.
Juan Carlos Manríquez, defensor de Vivanco, viajó para este fin a la sede del tribunal en Washington, Estados Unidos, como uno de los puntos de su agenda. Dichos acercamientos son “respecto de su petición ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos y, particularmente, la justicia internacional”.
“Compareceré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desplegando unas francas y directas acciones en ese sentido (sobre el caso de la exjueza), para lo cual estamos trabajando también con distintos especialistas y acopiando una serie de otras materias, recabando también opiniones, tanto nacionales como extranjeras”, expresó el abogado en conversación con El Mercurio.
Recordemos que la otrora ministra también tiene una causa penal abierta en su contra: la Fiscalía Regional de Los Lagos realza indagaciones por eventual tráfico de influencias por parte de Vivanco. Esta situación “se da en el contexto de la causa en que fue parte la empresa Codelco con la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), por incumplimiento de contrato de la citada empresa CBM”, explicó en septiembre el Ministerio Público, que puso a la cabeza de las diligencias a la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer.
