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Foto: AgenciaUNO
La cita del miércoles terminó en una reunión en la que los senadores de la mixta fijaron una nueva fecha para abordar el proyecto que ingresó en 2015. Ese día, los diputados votaban el erario, se ausentaron, los asesores del Minsal no hablaron, y el debate se inclinó hacia una Ley de Fármacos III.
Sesiones fracasadas por falta de quórum, observaciones de la Corte Suprema, la ida y vuelta del proyecto por las respectivas comisiones, divergencias inconclusas entre parlamentarios, el recambio de estos últimos en 2022, y el caso de una abogada que asesoraba a senadores y que actualmente enfrenta una querella por tráfico de influencias, son parte de los hitos que han marcado la discusión de la Ley de Fármacos II, esa que ingresó hace nueve años al Congreso y que, pese a sus avances, aún no ve la luz.
El objetivo de la iniciativa es clave y los legisladores lo saben. Regular el mercado farmacéutico del país y reducir el precio de los medicamentos es algo que solo podría beneficiar a la población. Sin embargo, debido a los antecedentes del proyecto, se habla de una ley “viciada” e incluso se sugiere empezar de cero e dar curso directamente a una Ley de Fármacos III.
La voluntad de los parlamentarios de la Comisión Mixta para retomar la congelada discusión está presente. El problema es que se requiere unanimidad para reabrir cualquier debate, y al menos el senador Javier Macaya (UDI) señaló que para algunos de ellos sí está disponible, pero no para todos. Así lo manifestó el legislador este miércoles 13 de noviembre, durante la más reciente sesión citada de la instancia.
Sin embargo, la cita solo fue en una “reunión de comité” a la que asistieron solamente los senadores de la mencionada comisión. Su presidente, Francisco Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (Ind) y Juan Luis Castro (PS). Los diputados se excusaron porque en ese minuto estaban votando la Ley de Presupuestos.
La historia se repite. Es la tercera vez en el historial de la comisión que una sesión fracasa por falta de quórum. Esta vez, hubo otra importante ausencia. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, estaba invitada a la sesión, pero se excusó. Fuentes cercanas al Minsal confirman que estaban presentes dos asesores legislativos, pero no intervinieron durante la reunión.
“Hoy día el Ejecutivo no ha venido. No mandó ni siquiera el asesor, no sé, ¿el asesor está?”, preguntó el senador Chahuán cerca del final de la sesión del miércoles. “La ministra mandó excusas, pero no está el asesor”, le responden. Chahuán reiteró: “Necesito saber si está, ¿no?”. “No, no está conectado”, le confirman asesores parlamentarios.
Fuentes cercanas a la instancia parlamentaria señalan que uno de los asesores del Minsal se presentó después de que terminó la sesión, mientras que el otro se habría inhabilitado de la discusión, ya que había sido asesor del entonces senador y miembro de la comisión, Rabindranath Quinteros, durante la discusión del proyecto en 2022. Se trataría de Jaime Junyent. La razón: Quintero fue uno de los legisladores asesorados por la mencionada abogada investigada.
Según se recalcó ese día, el Gobierno sí tiene disposición para retomar el debate. De hecho, el Minsal fijó los plazos y los tiempos. Priorizó la ley corta de isapres (ya aprobada) y luego el Seguro de Salud Catastrófico. Sobre este último, ahora conocido como Sistema de Atención Preferencial (SAP), el 31 de octubre, la comisión mixta terminó de votar las indicaciones y fue despachada a la Comisión de Hacienda (se estima que podría entrar en operaciones a principios del 2025).
Pese a la fracasada sesión del miércoles, se confirma que tanto el Ministerio de Salud como el Congreso concuerdan en la necesidad de avanzar en esta materia, pero el proyecto sigue generando desacuerdos, sobre todo a raíz de una polémica que ha dificultado su avance. Se trata del caso de la abogada Andrea Martones, quien hasta 2022 asesoró ad honorem a algunos senadores de la legislatura anterior mientras revisaban la Ley de Fármacos II y que actualmente cuenta con una querella por tráfico de influencias y posible cohecho, debido a que en paralelo se revelaron pagos de laboratorios farmacéuticos.
Era común ver a la abogada Andrea Martones durante las sesiones de la Comisión Mixta de “Fármacos II”, hasta el 17 de enero de 2022. La presencia de Martones se había vuelto una costumbre en las reuniones, ya que había asistido en calidad de asesora “ad honorem” en 23 de las 28 sesiones a petición de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC).
Pero esta no es la única preocupación de los parlamentarios que ahora debaten si reanudar la iniciativa y lograr un despacho acelerado o ingresar una nueva ley que recoja lo mejor de su contenido e incluya nuevas medidas.
La otra preocupación de los legisladores son todos los temas en los que se ha solicitado la reapertura de la discusión. Algunos de ellos son: el mecanismo y fijación de precios; la regulación de precios máximos; el precio de venta y de la tarifa de dispensación de medicamentos; las excepciones a la prescripción exclusiva por Denominación Común Internacional (DCI); las normas de intercambiabilidad en relación con que el 40% de las plantas no cumple con la norma Good Manufacturing Practices (GMP), según lo señalado por el ISP; la integración vertical; el observatorio de precios y el foco de regulación de precios en medicamentos originales, que son aquellos más caros y de menor acceso a la población.
“Si se quiere reabrir un cúmulo tan relevante de temas es, en la práctica, tener una discusión legislativa completa en la Comisión Mixta, que yo no sé si los acuerdos, y no solamente los acuerdos, serán posibles de construir, sino que también el Ejecutivo tenga esa disposición, porque tampoco ha manifestado… yo al Ejecutivo no lo he escuchado, salvo el señor Jaime Junyent en abril del 2024”, comentó el senador Macaya.
Quizás, añadió el legislador UDI, “es fácil, desde esa perspectiva, poder conversarlo con los diputados en la próxima sesión, pero ante un cúmulo tan amplio (…), yo por lo menos, digo inmediatamente que para todos esos temas no voy a estar disponible. Para algunos de ellos sí, pero no para todos”.
Quien propuso la idea de redactar un proyecto de Ley de Fármacos III fue el senador Juan Luis Castro (PS). Esto, “si no hay voluntad política del Ejecutivo”, precisó durante la sesión del 13 de noviembre.
A juicio del legislador socialista, ha habido “un daño reputacional” sobre personas que prestaron asesoría en la legislatura anterior y que están siendo objeto de una investigación judicial (en referencia a la abogada Martones). El senador Castro, quien se encuentra como testigo en la causa, sugirió que los querellantes puedan dar cuenta o un reporte en cuanto a los integrantes de la comisión mixta de la época. Estamos hablando del año 2021, cuando sucedieron hechos públicos relacionados con conflictos de intereses.
En ese sentido, el senador ligó este aspecto de judicialización a la “parálisis” que ha provocado en el Ministerio de Salud. “Ese es el efecto que uno ha notado”, mencionó. “Porque a nosotros acá se nos ha prometido desde aquella época una indicación sustitutiva, una síntesis final, una espera a otras leyes para ahí entrar con esta. O sea, nos hemos dado la vuelta larga y nadie podría decir que este es un tema para dejarlo guardado, o que hoy día los problemas de acceso a los medicamentos se resolvieron, los problemas de copago, nada de eso”, sentenció.
Entonces, añadió, “yo comparto la idea de que aquí, si no hay voluntad del Ejecutivo, como en otras cosas, nosotros podríamos poner una voluntad política”, probablemente, no de rememorar toda una compleja discusión de la cual no todos estuvimos de acuerdo ni participábamos, sino que ciertos temas”.
Si bien valoró que llevar al cuerpo médico a prescribir los medicamentos por DCI es un gran paso, salvo “excepciones naturales”, que ayuda a la baja de precios, el senador Castro afirmó que el Ejecutivo no ha querido que Fonasa, como en Europa, coloque una parte de subsidio para que un medicamento baje de precio. Hoy en día, explicó, “el Fondo Nacional de Salud no tiene cobertura ambulatoria de medicamentos”.
“Fonasa da a los consultorios un paquetito con los remedios, que alcanza hasta menos de fin de mes. Y si no alcanza, la gente tiene que ir a comprar a una farmacia”, criticó el senador Castro.
En ese minuto, el senador Chahuán complementó que “en algún minuto incluso pedimos un seguro de medicamentos”. Esto último ha sido propuesto por la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), gremio que agrupa exclusivamente a multinacionales fabricantes de medicamentos de especialidad y de última tecnología (al medicamento que es resultado de una investigación y que sale al mercado con una denominación distintiva –nombre comercial– se le llama innovador).
“Si me pregunta a mí –dijo el senador Castro– tomemos lo medular, en lo que tenemos acuerdo, lo que le ayudaría a disminuir el copago del bolsillo a la gente y punto, ya en la otra legislatura podemos presentar otras cosas. Si no es posible eso, si no es posible a partir de esta instancia, Fármacos II, mixta, yo diría derechamente que los que estamos acá y otros parlamentarios, redactemos un proyecto de Ley de Fármacos III. Si no hay voluntad política de ejecutivo, hagámonos un proyecto de Fármacos III, y buscaremos las instancias”, sentenció.
La senadora Ximena Órdenes se mostró de acuerdo con lo planteado. “Se ha dicho que se ha dado la vuelta larga, ha sido bien extensa la tramitación. Y yo apostaría algo, porque para reabrirse requiere unanimidad, esa es una variable, si no, es abrir un camino paralelo en aquellos aspectos donde efectivamente haya consenso y poder avanzar, porque lo que ha ocurrido hasta la fecha es que no hay ningún registro de avance en una materia que es bien relevante”, reconoció.
La sesión de la comisión mixta fue una reunión de comité, y el tema, debido a la tramitación del Presupuesto la próxima semana, quedó para el 4 de diciembre, a la espera de la voluntad del Ejecutivo. En la próxima citación se solicitó una presentación del Colegio Médico, del Colegio de Químicos Farmacéuticos, y de la Biblioteca o de la Secretaría del Congreso (para que haga una síntesis de los puntos pendientes). Además, se pidió que los asesores de cada uno de los parlamentarios miembros puedan trabajar en paralelo para revisar justamente el proyecto.
El presidente de la comisión añadió que, del mismo modo, le gustaría saber en qué estado se encuentra el caso de la abogada Martones, un asunto que también se llevó a la Comisión de Ética, por lo que se oficiará a esta instancia para saber qué pasó. El senador Chahuán también mencionó el envío de un oficio a los conocedores de la querella “para saber qué ocurrió con esa marcha de acciones legales”.
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