Investigación
La medida se tomó luego de una sesión extraordinaria del concejo municipal, luego de un reportaje de El Mostrador que destapó una serie de irregularidades en la construcción de una planta desaladora, que provee agua a la minera Spence, cuyo dueño es la multinacional BHP.
La citación a una sesión extraordinaria del concejo municipal, el viernes de la semana antepasada, solicitada por el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, tenía un solo punto a tratar: La situación de una estación de bombeo de agua marina, emplazada en un terreno fiscal, sin permiso de edificación, utilizada en las faenas de la minera Spence, subsidiaria de la multinacional BHP.
La reunión se realizó tras un reportaje elaborado por la Unidad de Investigación de El Mostrador, que destapó una serie de irregularidades en la construcción de una planta desaladora, cuya estación de bombeo se construyó de manera irregular, vulnerando las exigencias del Plan Regulador Comunal que impiden este tipo de construcciones en el borde costero.
“Ellos se pasaron de listos… nosotros tenemos que tomar otras medidas, orden de demolición o en último caso paralización del bombeo de agua de la bomba. Eso es lo que tenemos que hacer”, dijo en su intervención el alcalde de Mejillones.
El conflicto se desencadenó tras la muerte de un trabajador de la empresa Premar, quien realizó una demanda por indemnización de perjuicios en contra de las compañías Cobra Montajes, Servicios y Agua Limitada, Caitan SpA y Compañía Minera Spence S.A., esta última perteneciente en su totalidad a BHP, considerada la compañía minera más grande del mundo.
La acción judicial aseguró que las empresas codemandadas –Cobra a cargo de la mantención; Caitan, la administradora, y Spence, la receptora del agua–, no eliminaron la “condición de riesgo asociado al funcionamiento continuo de las bombas”, arriesgando la vida del trabajador, con el objeto de evitar pérdidas por más de 10 millones de dólares, asociados a dos jornadas de trabajo, donde se debieron haber detenido las faenas.
La investigación judicial determinó que las obras en cuestión no sólo no contaban con permiso de edificación ni certificado de recepción de obras, sino que además una resolución de calificación ambiental consignó que el máximo permitido era un edificio de 150 m2, pero en la realidad se construyó el triple de lo estipulado.
Al respecto, el concejal José Barraza aseguró en la sesión extraordinaria que ninguna empresa “tenía un cheque en blanco” en la comuna. “Acá hay un plan regulador que se tiene que respetar, indistintamente de quién sea”, aseguró.
En el concejo comunal el director de obras del municipio, Aaron Oliveros, aseguró que existía una resolución lista que solicitaba al alcalde la demolición de la obra y que estaban a la espera de la aprobación final de la dirección jurídica de la municipalidad. “No podemos autorizarlo porque no cumple con el plan regulador, siempre lo hemos dicho… por eso estamos sacando las resoluciones y le estamos pidiendo al alcalde la demolición, que es lo que nos compete como municipio”, expresó el DOM.
El jueves recién pasado la demolición se ratificó finalmente a través de la resolución exenta Nº 010/2024. El documento indica que “se solicita la demolición de obras ejecutadas en el predio enrolado en el SII bajo el Nº510-020, ya que no cuentan con el permiso de edificación y certificado de recepción”.
Respecto de esta decisión, la concejala María Brevis aseguró a El Mostrador que la tónica durante muchos años en la comuna ha sido que “se ha dado manga ancha para que se instalen empresas sin ningún requerimiento, sin considerar que los procesos deben hacerse apegados a la ley, respetando el plan regulador”.
Para John Bey, dueño de la empresa demandante en el caso del trabajador fallecido, la decisión de demoler las obras de la estación de bombeo es una determinación que demostraría que a “Mejillones no se le pasa a llevar”. “Estoy muy confiado en que la medida se va a llevar a cabo en el corto plazo. Como empresa Premar estaremos pendiente del compromiso manifestado por el alcalde”, agregó.
El abogado de Premar, Antonio Rojas, aseguró que en base a lo informado en el último concejo municipal, el municipio debería apegarse a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contemplando la demolición parcial o total del inmueble.
“El hecho de que un trabajador haya fallecido en el interior de estas instalaciones, el pasado 30 de noviembre 2021, constituye un antecedente concluyente de que las obras sin permisos ni recepción definitiva representan un riesgo concreto para la seguridad de las personas… Esta versión enfatiza el grave antecedente del fallecimiento y refuerza el argumento sobre el riesgo a la seguridad que representa la falta de permisos y recepción definitiva”, explicó a El Mostrador.
Tras la divulgación pública de las irregularidades en la estación de bombeo, la diputada Yovana Ahumada (PSC), ofició al alcalde del municipio, Marcelino Carvajal, y a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, solicitando esclarecer las medidas y sanciones aplicables a los responsables.
“No podemos permitir que una instalación de esta magnitud opere sin los permisos de edificación y en terrenos fiscales, vulnerando nuestras normativas locales y poniendo en riesgo a la comunidad y el medio ambiente”, señaló.
Este medio se comunicó con la minera BHP para consultarles sobre la afectación que podría provocar en las faenas de mineras de Spence la medida que anunció el alcalde de Mejillones. “Sin comentarios”, fue su respuesta.
