Investigación
The Pegasus Group Company S.A. está siendo investigada por la Fiscalía de Magallanes por otro fiasco informático: la implementación de la Red de Gestión Penal, donde el Ministerio Público ha gastado más de 7 mil millones de pesos, proyecto considerado el “elefante blanco” de la era Abbott.
“Contamos con una gran mejora en el proceso de control migratorio en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Para optimizar y reforzar la seguridad migratoria, la PDI ha instalado 21 kioscos automatizados en la salida internacional y 30 en la entrada”, explicaba una funcionaria hace unos días, en redes sociales de la PDI, respecto del nuevo sistema de módulos de autoatención.
El anuncio –al contrario de lo que buscaban– se llenó de críticas, debido una serie de inconvenientes relacionados con la excesiva demora en la ejecución del trámite, tiempos de espera prolongados, ingresos excesivos de datos manuales y falta de alerta en los tótems, entre otros problemas. En resumen, los aparatos no cumplían con los objetivos planteados.
Uno de los más ofuscados fue el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Seebach, quien calificó la medida como “una de las peores implementaciones de un sistema electrónico”. Crítica similar a la vertida por la gerenta general de Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA), Carolina Simonetti, quien aseguró en un comunicado que la inversión realizada estaría “lejos de cumplir con los estándares de eficacia y rapidez que se espera”.
El proyecto para la “adquisición de sistema de automatización de control migratorio (kioscos)”, fue licitado en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera por la Policía de Investigaciones (PDI) y adjudicado en el año 2020 a la empresa chilena The Pegasus Group Company S.A., que recibió casi 2 mil millones de pesos para instalar el nuevo sistema informático en un plazo de 50 días, buscando aliviar la carga del personal policial y hacer más expedito el proceso de embarque.
El director de The Pegasus Group, Bruno Barrera Chevecich, al ser interpelado públicamente por Seebach, comentó en Linkedin que “la compañía toma muy seriamente sus proyectos y se están haciendo los esfuerzos y trabajos necesarios en conjunto con el cliente para mejorar el servicio. Estamos conscientes que hay áreas por perfeccionar”, comentó el ejecutivo, agradeciendo la “retroalimentación”.
Lo cierto es que, más allá del feedback, no es primera vez que Pegasus desarrolla una iniciativa cuestionada por no ajustarse a los estándares comprometidos en una licitación. Hoy, de hecho, la empresa está siendo investigada por la Fiscalía, después de adjudicarse una millonaria licitación para implementar la Red de Gestión Penal (RGP) del propio Ministerio Público.
El gran “elefante blanco” en la era del anterior Fiscal Nacional, Jorge Abbott, fue el proyecto denominado Red de Gestión Penal (RGP), un sistema informático que prometía unificar las distintas bases de datos involucradas en la persecución de delitos. La idea –como sostuvieron desde el Ministerio Público en su momento– era avanzar hacia la digitalización plena de los procesos investigativos en todas las fiscalías del país.
La inauguración del sistema, realizada el 14 de septiembre de 2022, fue un completo fiasco. Esto, después de realizarse las primeras pruebas en la sede regional del Ministerio Público en La Araucanía, en un episodio bochornoso donde se comprobó que el sistema era una especie de “clon” del módulo de flagrancia que ya existía en la Fiscalía. “O sea, la Red de Gestión Penal nunca se implementó”, comentó en ese entonces Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
Antes de su inauguración, el proyecto pasó por varias licitaciones, entre ellas, la adjudicación de la propuesta “Construcción y servicios asociados del sistema de administración de causas”, ganada por The Pegasus Group Company S.A., que se adjudicó un total de 3.585 millones de pesos por varios servicios encargados, entre los cuales estaba la implementación de tres módulos.
Al igual que en las licitaciones anteriores con otras empresas –Soaint Gestión S.A. y Pragma Informática S.A.–, el contrato de Pegasus fue modificado en varias oportunidades, retrasando el último plazo de entrega a enero de 2023, seis meses después de la fecha estipulada en un inicio.
Según un documento oficial al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, el gasto total utilizado en la implementación de la Red de Gestión Penal ha sido de más de 7 mil millones de pesos. En la actualidad existe una investigación penal, instruida por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, en manos del Fiscal Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto.
Antes de este último, el caso estaba en manos del Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, quien ofició a Valencia advirtiendo conductas eventualmente constitutivas de delitos por el no cobro de multas en algunos contratos suscritos en la época de Abbott.
El Mostrador se comunicó con la Fiscalía de la Región de Magallanes, intentando saber si se habían realizado diligencias en contra de la empresa en cuestión, donde confirmaron que estaban “investigando a representantes de Pegasus y a exdirectivos de la administración del exfiscal Abbott”.
Pegasus, en tanto, respondió a este medio a través de su abogada, Monserrat Rodríguez, quien aseguró que “la empresa malamente puede referirse a una investigación donde no es interviniente y de la que carece de información suficiente”.
Respecto del cese de los contratos celebrados con el Ministerio Público, Pegasus afirmó que han iniciado acciones legales por indemnización de perjuicios en el ámbito civil.
The Pegasus Group Company S.A. fue fundada el 31 de enero de 2007 por los ingenieros José Francisco Barrera Collao y su hijo Bruno Barrera Carvajal –hoy Barrera Chevecich–, quienes constituyeron la sociedad con el objeto de ofrecer soluciones informáticas de mantención, desarrollo y representación de empresas del rubro. Al año siguiente, ingresó Aldo Pérez Cabezas, en reemplazo de Barrera Collao.
Desde entonces, la empresa se ha adjudicado varias propuestas públicas en el ámbito de la transformación digital y –según su página web–, ha tenido como clientes al Ejército, Carabineros, Gendarmería, Sernapesca, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, entre otros. Según la propia firma Pegasus, se trataría de más de 260 proyectos con recepción conforme en el sector público.
En efecto, dentro de las propuestas ganadas por la empresa, figuran: un sistema de monitoreo de emergencias solicitado por el Gobierno Regional de Santiago en 2022, por más de 3.700 millones; la adjudicación de la venta de 24 cámaras corporales a la Municipalidad de Viña del Mar en 2024, por 14.800.000; y la implementación de un sistema de inspección municipal realizado para la Municipalidad de Santiago en el año 2020.
Pegasus también se ha querellado en varias oportunidades, acusando licitaciones irregulares y solicitando millonarias indemnizaciones. Hace tres años entabló una querella por la compra de cámaras corporales, adjudicada por Motorola, en una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en ese entonces a cargo de Katherine Martorell. Tiempo después, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró ilegal la licitación y la Contraloría detectó irregularidades, pero el caso judicial aún se mantiene vigente.
La compañía también impugnó una licitación de 22 mil millones de pesos por unas tobilleras electrónicas, presentada por Gendarmería, después que la tercera empresa mejor calificada en el proceso –Global Systems– resultara elegida como proveedora del servicio. En esa oportunidad, a través de un proceso de Unión Temporal de Proveedores (UTP, figura que permite unirse a varias empresas con el objeto de enfrentar en licitaciones a proveedores más grandes), la firma se asoció con Sinergia y Cramick S.A.
Esta última empresa, cuyo dueño es el cónsul honorario de Serbia en Chile, Damir Solar –quien a su vez figura como director y uno de los representantes legales de Pegasus–, se adjudicó otra cuestionada licitación en la PDI, en el año 2016, por 213 millones de pesos, para proveer 779 chalecos antibalas que, según las pruebas, no cumplían con las normas de resistencia balística.
En los documentos adjuntados en las bases de licitación de los kioscos en el aeropuerto, Pegasus omitió el nombre de Damir Solar.
Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, comentó a El Mostrador que resulta llamativo que “el actual sistema cuestionado (kioscos), haya sido hecho por una empresa cuyo director y representante legal fue denunciado por la PDI ante la Fiscalía por una venta de chalecos antibalas vendidos por una empresa suya. De igual manera, llama aún más la atención que el nombre de ese director y representante legal haya sido omitido en los documentos de la licitación. Si uno revisa las licitaciones de Pegasus con otros compradores no omiten el nombre. Creo que es algo que hay que poner atención”.
