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Foto: AgenciaUNO
El debate sobre el erario 2025 en la Cámara Alta puso en evidencia preocupaciones sobre el cumplimiento de acuerdos previos, especialmente en salud y seguridad. Desde la oposición insisten en priorizar la seguridad y en el oficialismo lamentaron el rechazo a los SLEP. El debate continúa esta semana.
El debate en torno al proyecto de Ley de Presupuestos 2025 ha centrado la atención en las asignaciones para sectores clave, como Educación, Salud, Defensa y Seguridad, y ha revelado, además, profundas preocupaciones sobre el cumplimiento de acuerdos previos y la asignación de recursos en un contexto económico desafiante.
En su segundo trámite en el Senado, la discusión ha resaltado el incumplimiento de los protocolos alcanzados en 2023, especialmente en el ámbito de la salud, donde legisladores como Juan Luis Castro (PS) no dudaron en expresar su frustración: “Cuando partimos de la base que no se ha cumplido el protocolo del año pasado, ¡por favor! Al menos, de mi parte, en Fonasa, servicio de salud, redes asistenciales… no estoy disponible a aprobarlo si esto no cambia”, señaló.
Uno de los temas recurrentes ha sido la necesidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en debates previos, con varios senadores instando a una revisión más rigurosa de los protocolos de acuerdo.
Ricardo Lagos Weber (PPD) destacó la importancia de encontrar “un mecanismo más eficaz a la hora de hacerles seguimiento a los compromisos asumidos”, mientras que Fidel Espinoza (PS) presentó indicaciones para fortalecer la atención en salud, como en el caso de las listas de espera, que –según él– deben resolverse a mediano plazo: “La solución que plantean es a tres años”, subrayó.
Desde el sector de la oposición, en tanto, Iván Moreira (UDI) puso el foco en la necesidad de priorizar el gasto público en áreas urgentes, como la seguridad y la salud: “El país casi ha vaciado la cuenta de ahorro y se deben priorizar áreas como seguridad, salud y crecimiento económico”, indicó, al tiempo que cuestionó el aumento de más de un 40% en el presupuesto del Ministerio de las Culturas, sugiriendo que podría estar vinculado a fines electorales.
A juicio de Moreira, también es importante discutir qué hacer con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). “Como señal potente, votaré en contra del presupuesto del INDH, por su abuso discriminatorio de los DD.HH.”, declaró previamente el senador.
En relación con la seguridad, Kenneth Pugh (Ind-RN) resaltó la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer las instituciones encargadas de la protección del país. “Como tema prioritario, demandado por la ciudadanía, es que nuestra institucionalidad de seguridad se robustezca. Sin inteligencia no se puede ejecutar la protección de la infraestructura crítica”, señaló, haciendo hincapié en la escasez de recursos destinados a este sector.
En materia de educación, la polémica también ha sido notable, especialmente en torno al rechazo de partidas que afectan a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La senadora Claudia Pascual (PC) manifestó su preocupación por este rechazo, así como por la falta de financiamiento en áreas relacionadas con la infancia y la vivienda. “Espero que el Gobierno reponga estas partidas rechazadas y también las de vivienda destinadas para asentamientos precarios”, comentó, refiriéndose a áreas que han quedado desfinanciadas en el proyecto.
Por su parte, la senadora Paulina Núñez (RN) solicitó una mayor atención a los problemas del sistema de salud, en particular en el área del cáncer de mama, destacando que no se ha definido un plazo ni asignado los recursos necesarios para resolver las listas de espera: “En materia de salud y específicamente en la reconstrucción del cáncer de mama, no hay plazo definido y, por tanto, no están los recursos destinados”, apuntó.
En un tono más crítico, Carlos Kuschel (RN) advirtió que el Presupuesto no refleja las urgencias económicas del país, señalando que “Chile está estancado, tenemos los peores niveles de crecimiento de América Latina y los mayores niveles de inflación”. De igual forma, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), remarcó la importancia de encontrar una solución a largo plazo para la crisis económica, argumentando que el Presupuesto refleja una “disminución de ingresos” y un “ajuste de 600 millones de dólares” que afectará a varios servicios públicos.
La cuestión de los recortes y la falta de recursos ha sido un tema transversal en la discusión. La senadora Yasna Provoste (DC) subrayó que no se puede seguir “partiendo derrotados frente al crimen organizado”, al no invertir en medidas de inteligencia y seguridad, mientras que Matías Walker (Demócratas) hizo un llamado a priorizar las necesidades urgentes de la ciudadanía, destacando la importancia de los acuerdos logrados en temas de salud y seguridad, pero lamentando el rechazo de programas clave como Chile Crece Contigo.
Finalmente, el debate se ha centrado en la necesidad de un ajuste en la gestión fiscal y el gasto público, como lo planteó Juan Antonio Coloma (UDI), quien indicó que es urgente “reflexionar mejor cómo se hacen las reasignaciones” en un Presupuesto marcado por restricciones económicas.
Mañana –según detalló el presidente del Senado– la discusión comenzará temprano y se centrará en los temas de Salud, Interior y Seguridad Pública. Este martes 19 de noviembre habrá una sesión especial de 10:00 a 14:00 horas, y otra sesión especial de 15:00 a 22:00 horas.
El miércoles se abordarán los temas de Educación y los gobiernos regionales, mientras que el jueves se comenzará temprano con la discusión sobre el articulado del Tesoro Público.
En total, se tratarán alrededor de 650 indicaciones. De ellas, 400 ya han sido declaradas admisibles y deberán ser votadas. Además, hay 150 solicitudes de votación separada. Según detalló el senador García, entre 90 y 100 indicaciones han sido declaradas inadmisibles, pero sus autores pueden solicitar que se revise esa decisión.
El Senado comenzó este lunes la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2025, con un total de 644 indicaciones y solicitudes de votación separada, una cifra significativamente menor a la registrada en la Cámara de Diputadas y Diputados. De estas indicaciones, 189 fueron presentadas por el Gobierno, enfocadas principalmente en reposiciones de partidas rechazadas en la Cámara Baja, como las relacionadas con salud, educación y seguridad.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuya inclusión en el Presupuesto ha generado preocupación, debido a la polémica por su rol y las críticas opositoras. La discusión sobre este tema podría llevar a un ajuste en la gobernanza del INDH, poniendo en riesgo su financiamiento.
El debate se da en un contexto de ajuste fiscal, tras un acuerdo en la comisión mixta que redujo la expansión del gasto de un 2,7% a un 2%, con un recorte de 543 mil millones de pesos. A pesar de este acuerdo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció las preocupaciones de los parlamentarios sobre la falta de recursos para áreas clave, instando a mantener la consistencia en las discusiones previas.
Otro tema de debate fueron las indicaciones inadmisibles que, aunque no serán aprobadas, reflejan los puntos políticos que los legisladores intentan instalar. La senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano) presentó una indicación sobre la urgencia de la inversión en gobiernos regionales en áreas de riego y agua, sugiriendo que no es adecuado contratar empresas externas para tareas que el Estado puede realizar eficazmente.
El proceso promete ser complejo, con la oposición cuestionando varias partidas y el Gobierno intentando reponer fondos clave para cumplir compromisos asumidos en la tramitación del Presupuesto.
