Investigación
Pegasus registra 32 gestores de intereses que han participado en 197 reuniones de lobby. Un grupo que conforman abogados, un cónsul honorario de Serbia en Chile y dos personajes vinculados a los servicios de inteligencia en dictadura.
El escándalo por la implementación de los kioscos de autoatención en el aeropuerto, provistos por The Pegasus Group Company, tras adjudicarse una licitación de la PDI por 2 mil millones de pesos, ha generado una controversia respecto de la utilización de recursos públicos en servicios que no cumplen con el estándar de calidad para el cual fueron contratados.
La tónica del debate ha puesto el acento en una serie de inconvenientes en el manejo de los tótems de autoservicio, relacionados con una larga demora en la ejecución del trámite, ingresos excesivos de datos manuales y tiempos de espera prolongados –entre otros problemas–, detectados por los propios pasajeros y viralizados en redes sociales.
La compañía en cuestión no solo ha hecho noticia por este caso, sino también por otra fallida implementación informática, la de la denominada “Red de Gestión Penal”, proyecto del Ministerio Público que buscaba generar un sistema para unificar las distintas bases de datos y que terminó en un completo fiasco tras una bochornosa inauguración en septiembre del año 2022.
El vínculo de la empresa con el denominado “elefante blanco” de la era Abbott fue revelado por la Unidad de investigación de El Mostrador, tras acceder a una minuta interna de la Fiscalía Nacional, que detallaba una serie de gastos en que había incurrido el organismo en la implementación del sistema.
De los 7 mil millones de pesos gastados, la empresa Pegasus recibió la mitad de los recursos. Hoy el caso está siendo investigado por el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto.
La empresa, sin embargo, asegura haber realizado más de 260 proyectos en el sector público y, según información de Infolobby, sus 32 gestores de intereses inscritos en la plataforma han participado en 197 reuniones gestionadas en diversas reparticiones públicas, entre ellas, el Ejército, la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Subsecretaría de Defensa.
The Pegasus Group Company es una empresa nacida en el año 2007, fundada por José Francisco Barrera y su hijo Bruno Barrera Chevecich –hoy CEO de la firma–. La compañía tiene como uno de sus directores y representante legal a Damir Solar, actual cónsul honorario de Serbia en Chile.
Además de cónsul honorario –cargo que busca colaborar con los residentes de un país, especialmente cuando no existe embajada–, Solar es un empresario con participación en más de una docena de compañías creadas en el país, entre ellas, Caelus Chile SpA, Camaron Chile S.A., Game Machine, Globalquim S.A., Serbian Defence Industry S.A. y Cramick S.A., entre otras.
Esta última empresa, al igual que Pegasus, ha tenido recurrentes litigios con algunos organismos públicos. Uno de ellos fue producto de una licitación de Gendarmería por unas tobilleras electrónicas, donde Cramick participó junto a Pegasus y Sinergia, y que terminó en tribunales después que otra firma se adjudicara la propuesta por más de 22 mil millones de pesos, tras quedar última en las calificaciones.
Pegasus reclamó de ello en 2017 –a través del abogado Luis Hermosilla–, señalando que la compañía había obtenido el tercer lugar en las calificaciones “por una decisión absolutamente arbitraria de Gendarmería”, aseverando que ello “se aleja absolutamente de los criterios de transparencia y buena fe que deben guiar las acciones del Estado”, según dijo en ese momento el abogado, que hoy está detenido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos.
Pese a los comentarios de Hermosilla realizados en El Mostrador, hace ya siete años, Pegasus aseguró que nunca el abogado asumió patrocinio de poder de la empresa. “Tres abogados de su estudio presentaron una demanda en el TCP (Tribunal de Contratación Pública) en representación de Pegasus. En el año 2018, se continuó el proceso con otros abogados por decisiones internas de la compañía”, comentó a El Mostrador la abogada de la empresa, Montserrat Rodríguez.
Cabe consignar que Hermosilla también defendió a la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, a quien Pegasus acusó de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, luego de adjudicar a la empresa más cara (Motorola) una licitación para adquirir cámaras corporales para la policía.
La “doble militancia” de Hermosilla fue duramente cuestionada, pues el abogado conocía perfectamente a los querellantes en la causa. El caso fue resuelto tiempo después por el Tribunal de Contratación Pública, declarando ilegal la licitación, aunque aún se mantiene vigente en el sistema penal.
Dentro de los nombres que destacan entre los 33 gestores de intereses de Pegasus aparece el de Mario Vargas Cociña, abogado que presentó un recurso de protección para evitar que la Fiscalía liberara los chats de Luis Hermosilla al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), en el escándalo de la “muñeca bielorrusa”, donde la exmagistrada Ángela Vivanco –su amiga– votó a su favor sin inhabilitarse, generando una pérdida de 17 mil millones para Codelco.
Vargas participó en una reunión con la entonces subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Alicia de La Cruz –junto al CEO de la empresa, Bruno Barrera Chevecich, y la abogada Monserrat Rodríguez–, el 29 de enero de 2019. La cita, según quedó estipulado en la plataforma de Infolobby, fue por otra controversia contractual: una denuncia por irregularidades en licitación privada del Estado Mayor Conjunto (EMCO), el que adjudicó una propuesta pública a Entel por US$ 6 millones. Pegasus se querelló contra funcionarios de EMCO por prevaricación administrativa en el proyecto de Ciberdefensa Integrado Marciano.
Otra de las personas que figuran en reuniones de lobby de Pegasus es Mario Falcón Rojas, exchofer y exguardaespaldas del exagente de la CNI y capitán (r) del Ejército, Patricio Castro Muñoz, uno de los principales protagonistas del escándalo financiero que involucró a militares, conocido como “La Cutufa”.
Falcón Rojas, quien aseguró en una entrevista que le llevó dos veces dinero a Punta Peuco a Álvaro Corbalán, participó en una audiencia el 29 de agosto de 2016, ante el entonces intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, junto al gestor de intereses de Pegasus, Carlos Paniagua Zúñiga, en una cita donde se trataron materias relacionadas con la “seguridad”. Cabe consignar que el exchofer de Patricio Castro también aparece como gestor de intereses de la empresa Cramick.
El exagente de la Dina y exdirector del Comando de Salud del Ejército (COSALE), Álvaro Guzmán Valenzuela, es otro de los gestores de intereses de Pegasus y Cramick. El general en retiro participó en una reunión con la entonces secretaria de Transportes, Paula Flores Jamasmie, el 13 de septiembre de 2018, junto a Bruno Barrera. El motivo: presentar el portafolio de soluciones tecnológicas de Pegasus en materia de fiscalización en terreno y ciberseguridad.
Respecto de la participación de Falcón Rojas en una de las reuniones de lobby, desde Pegasus aseguraron a El Mostrador que nunca ha trabajado para la empresa. Sobre Guzmán, en tanto, agregaron que solo ha asesorado a la compañía de manera esporádica en su calidad de general en retiro del Ejército e ingeniero nuclear. Acerca de la vinculación de ambos con organismos de inteligencia del Ejército, comentaron que “no tenían conocimiento, ni tampoco comentarios al respecto”.
El Mostrador intentó comunicarse con Damir Solar, el cónsul honorario de Serbia en Chile, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
