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Foto: AgenciaUNO
Hasta la madrugada del viernes el Senado continuó abordando la Ley de Presupuestos 2025, aprobando partidas clave como la de Gobiernos Regionales. Se ratificaron fondos del Sistema de Protección a la Infancia y el programa de Apoyo a la Identidad de Género. También se votó reposición de gastos INDH.
Con el despacho de la partida Gobiernos Regionales, el Senado retomó este jueves el análisis de la Ley de Presupuestos 2025. El debate del erario nacional se extendió hasta la madrugada del viernes, sin hora de término. Pasadas las dos de la mañana, aún faltaba la votación de la partida del Ministerio de Educación.
La partida Gobiernos Regionales recibió 33 votos a favor y 3 en contra; una de las voces de rechazo fue la del senador José Miguel Insulza (PS) quien manifestó su protesta porque que “el 90% de los ariqueños tienen sensación de abandono de parte del gobierno central”, señaló.
Con todo, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, detalló que ingresaron indicaciones con precisiones a tono con las solicitudes parlamentarias referidas a modificaciones a los presupuestos de inversión regional, la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan hacer transferencias a otras entidades públicas (universidades del Consejo de Rectores), sobre instructivos FRIL, silencio administrativo, actualización del Anteproyecto Regional de Inversiones que deberá realizarse en coordinación y con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; además de un inciso para considerar un máximo para cometidos en el extranjero de los cores, entre otras materias.
Cabe destacar que se aprobó reponer la glosa que regula la utilización de los recursos del royalty minero, que –según indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel- “inexplicablemente quedó fuera en la Cámara” y se requieren para “transparencia en la rendición de cuentas”.
Durante el debate se insistió en el buen uso de los recursos regionales, su normativa y los necesarios controles y una correcta y oportuna ejecución.
Por la tarde, la sesión se inició con la votación del articulado de la Ley de Presupuestos, donde materializaron parte de los acuerdos alcanzados en el marco de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición.
Así, se aprobaron los artículos que establecen el tope máximo de la deuda con garantía del Estado año a año (que se mantiene en 500 millones de dólares); el que dispone el nivel de endeudamiento total y una relativa a la entrega de información sobre las comisiones de servicio en el país y en el extranjero.
Del mismo modo, se aprobó una nueva glosa presentada por el Ejecutivo mediante la cual se dispone que durante el año 2025 la Dipres realizará un análisis del conjunto de glosas para ver sus alcances, el uso efectivo de la información y otras materias de esa índole. En este punto, se planteó la importancia de hacer dicho análisis con miras a modernizar el trámite de la ley de presupuestos.
También se aprobó una indicación que permite anticipos de hasta un 20 % de lo que establece el convenio respectivo, pues si bien se paga a través del cumplimiento de hitos, a veces no existen los recursos para ejecutar la primera parte del convenio.
Uno de los aspectos que se mantuvo y, respecto del cual, la senadora Claudia Pascual y el senador Francisco Huenchumilla anunciaron reserva de constitucionalidad es una norma que suspende el inicio de todo procedimiento de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios contemplado en la ley N° 20.249
Asimismo, se ratificó una glosa que se introdujo en la Cámara de Diputados y que dice relación con la publicidad de servicios públicos en período electoral.
Luego fue el turno de la partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fue aprobada por unanimidad y cuyo debate estuvo marcado por la necesidad de fortalecer los recursos para el mejoramiento de viviendas, para los asentamientos precarios y los distintos subsidios, entre ellos, el de arriendo que experimentó una baja en relación al presupuesto vigente.
En materia de mejoramiento de viviendas, los senadores plantearon la necesidad de terminar con el asbesto, poner atención en algunas localidades donde existen plagas de polillas o termitas y también en aquellos lugares donde se producen socavones por suelo salino. Respecto de este punto, se aprobó una indicación que permite aplicar subsidio de mejoramiento a las viviendas afectadas por socavones por suelos salinos.
También se aprobó una disposición que agrega una nueva glosa para evaluar durante el 2025 los requisitos técnicos para la incorporación de detectores de humo en los proyectos de viviendas.
La Sala también repuso los recursos destinados a los asentamientos precarios y que permiten que el Serviu pueda comprar terrenos, adquirir viviendas y financiar mejoramientos para entregar soluciones a las familias de campamentos.
Con la reposición de los gastos variables del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y tras un arduo debate de por medio, se despachó la partida 50, Tesoro Público.
Se respaldaron dos indicaciones que ingresó el Ejecutivo, que recogieron las apreciaciones de la senadora Ximena Rincón y los senadores Matías Walker y Luciano Cruz Coke.
La primera, en orden a crear una Comisión Asesora temporal para asesorar sobre posibles modificaciones legales al organismo, en la que participarán integrantes de las comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras y representantes de la academia.
La segunda, mandata al INDH a emitir informe semestral a las comisiones de DD.HH. y Educación de ambas Cámaras, respecto de la situación de violencia rural en la macrozona sur.
Durante la discusión, los senadores José Miguel Insulza, Matías Walker y Ricardo Lagos y las senadoras Claudia Pascual, Yasna Provoste, Isabel Allende, Fabiola Campillai y Paulina Vodanovic defendieron la necesidad de continuidad del Instituto.
Argumentaron, además, que Chile está adscrito a los principios de París y a todo el marco internacional sobre DD.HH. Se reforzó que es un organismo público y autónomo, integrado con pluralidad.
Se reconoció que se puede “revisar la gobernanza” y valoraron su rol para evitar trasgredir los derechos humanos y se puso de relieve la historia de Chile y la memoria.
Postura contraria replicaron los senadores Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, Rojo Edwards y Alejandro Kusanovic, además de la senadora Carmen Gloria Aravena. Indicaron que “no dudamos de la importancia de contar con la institucionalidad”, pero cuestionaron las últimas actuaciones públicas de éste.
“Creemos que el INDH ha demostrado errores e intencionalidades que superan lo aceptable”. Llamaron a “repensarlo”, “reformularlo” y “volver a su espíritu original”, argumentaron. Asimismo, se cuestionó su imparcialidad, las querellas contra a Carabineros, denuncias de utilización política, entre otras.
Asimismo, se aprobó una indicación, solicitada por la senadora Provoste, sobre la creación de una mesa técnica, implementada por la Empresa Nacional de Minería, durante el primer semestre del año 2025, con los dirigentes de la pequeña y mediana minería, para revisar las normas y procedimientos destinados a la determinación de la ley del mineral.
Además, se rechazó la eliminación de una glosa, propuesta en la Cámara sobre operaciones complementadas con recursos del INDH. Al respecto, y haciendo eco a lo expuesto por el Ejecutivo, la senadora Claudia Pascual anunció reserva de constitucionalidad.
Casi al culminar la jornada del jueves 21 de noviembre, la Sala se abocó a revisar los fondos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), los que fueron aprobados con 26 votos a favor y uno en contra, tras lo cual hizo lo propio con los dineros destinados al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), el Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) y Medioambiente.
La discusión de la cartera de Desarrollo Social se centró principalmente en la reposición de los recursos del Sistema de Protección Integral a la Infancia, así como el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), cuyos fondos fueron ratificados con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Al respecto, los senadores Carmen Gloria Aravena, Rojo Edwards, Karim Bianchi, Luciano Cruz Coke, Claudia Pascual, Felipe Kast, Juan Ignacio Latorre, Rodrigo Galilea y Matías Walker abordaron la pertinencia y naturaleza del programa, su evidencia científica y el rol de los padres en el cuidado de sus hijos.
En esa línea, el Ejecutivo elaboró una indicación en la Sala, la que fue aprobada con 20 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La disposición establece que “deberá garantizarse la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños menores de 14 años. Constituirá una vulneración grave al principio de probidad, ejercer coacción, amenazas o cualquier forma de intimidación sobre los padres, madres o representantes legales de los niñas, niños o adolescentes involucrados”.
Respecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Sala aprobó la propuesta del Gobierno de eliminar el hecho de limitar el beneficio de la compra de tierras a las comunidades de origen. Al respecto, los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, que forman parte de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, recordaron que pronto se emitirán recomendaciones en esta dirección.
A su vez, se aprobó que fondos de la Subsecretaría de Evaluación Social sean asignados a la Fundación Deportistas por un Sueño, por hasta 90.000 miles de pesos, en la medida que den cumplimiento al convenio suscrito durante el año 2024, mediante una prórroga de este hasta el último trimestre de 2025.
En cuanto a los recursos repuestos en este trámite, los senadores aprobaron los gastos variables de la Subsecretaría de la Niñez sin antes desarrollarse un extenso debate acerca de la eficiencia de la Secretaría Técnica de la Infancia, el programa de Salud Mental Infantil y el programa Red Calle Niños.
Los recursos para la partida Ministerio Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de la Presidencia se despacharon cerca de la medianoche y, tras un debate sobre rol político de ambos ministerios, se repusieron diversos gastos especialmente en personal.
Es así como en Segpres se restituyeron los fondos para implementar las propuestas y recomendaciones que emitirá la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que integran los senadores Francisco Huenchumilla y Carmen Gloria Aravena. Hicieron uso de la palabra también los senadores Juan Antonio Coloma y Felipe Kast.
En la misma línea, se aprobaron los fondos para el personal del Plan Buen Vivir por votación de mayoría.
En Segegob se registró un debate sobre los gastos en encuestas y las reasignaciones que realizó dicho ministerio. Hicieron uso de la palabra los senadores Juan Antonio Coloma, David Núñez, Luciano Cruz Coke y Ricardo Lagos Weber.
La partida del Ministerio del Medioambiente se despachó con la reposición de algunos programas como el de fiscalización ambiental y se incorporó a Puerto Montt en el programa de cambio de calefactores.
No obstante, el “programa de transición socioecológica justa” no fue visado por la Sala pues diversos senadores hicieron presente que “el desarrollo sostenible persigue no solo la protección ambiental sino también el desarrollo social y el crecimiento económico.
