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Imagen: PDI
PDI detectó movimientos bancarios por 6.700 millones de pesos en cuatro años. Ocupaban oficina en moderno edificio del centro de Santiago y sometían a sus clientes incluso a evaluación de riesgos. Sede central está en Colombia, pero también tiene filiales en Panamá y Uruguay.
La mayor organización criminal transnacional jamás detectada en Chile y dedicada al préstamo “gota a gota” fue desbaratada en operativos efectuados por la PDI y la Fiscalía Regional de Valparaíso, los que permitieron detener a 44 personas vinculadas a “La empresa”, como se denominaba al grupo. De los 44 arrestados, 43 son colombianos. El único chileno que fue aprehendido en el operativo ya fue formalizado, acusado de lavado de activos (junto con una mujer que se encuentra embarazada de siete meses), mientras que los demás serán formalizados el próximo lunes.
Las diligencias se realizaron en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins. En la primera, los detectives irrumpieron en una oficina formal, instalada en un moderno edificio de calle Huérfanos, donde operaba “Enríquez Home Ltda.”, una Sociedad por Acciones (SpA) constituida el 9 de octubre pasado en la capital por el ciudadano colombiano Stiven Enríquez Borrero, originario de Cali, quien figuraba como gerente general y administrador de la sociedad en la cual no figuraban, sin embargo, otros socios.
Se trataba de una empresa del rubro inmobiliario, formada con un capital de 10 millones de pesos, que además de las clásicas facultades de toda SpA creada en Chile, estaba además facultada para realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior.
En las imágenes del operativo es posible apreciar cómo los detectives irrumpieron en las amplias oficinas, mostrando a una serie de empleados pulcramente vestidos con camisas blancas, como también lo evidencian los videos de realizados por la PDI en distintas calles, donde se siempre a los sujetos caminando en grupos y vestidos de blanco.
Detrás de ese impecable aspecto, sin embargo, lo que se escondía era una organización con sede en Cali, pero que además de su asiento en Chile opera también en Panamá y Uruguay, de acuerdo con la información dada a conocer por la fiscalía, la cual formalizará a los imputados por usura, asociación ilícita y lavado de activos.
En el operativo, además de dinero, documentación y vehículos, la policía incautó decenas de tarjetas de presentación como la que se exhibió en un reportaje de El Mostrador, que daba cuenta de cómo el centro de Santiago estaba inundado de sujetos que repartían tarjetas plásticas en las cuales ofrecían préstamos inmediatos y sin garantía, los que sin embargo son cobrados en forma diaria o semanal, a intereses usureros, y que en muchos casos terminan con los deudores agredidos, robados o asesinados, cuando no pueden pagar.
Según la PDI, “La empresa” es una organización “que funcionaba en una estructura altamente jerarquizada, sosteniendo su actividad en inmuebles arrendados con esa finalidad, utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro”.
Asimismo, la policía civil logró establecer movimientos bancarios desde 2020 a la fecha por más de 6.700 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido por la Brigada de Lavado de Activos de la PDI de Valparaíso.
Al respecto, el fiscal del caso, Pablo Avendaño, señaló que la indagatoria se inició en junio del año pasado, a raíz de antecedentes recopilados por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briando) de la PDI. A raíz de eso, comenzaron a efectuar intervenciones telefónicas y “hasta el momento de la detención, todo este tiempo, estuvimos escuchando a muchos de los imputados y sobre la base de estas escuchas se pudo verificar que efectivamente estaba en presencia de un grupo organizado transnacional que se dedicaba al delito de usura con comerciantes menores y que se trataba de una organización jerarquizada donde había en jefatura, niveles intermedios de administradores, apoyo logístico, integrantes que facilitaban cuentas bancarias y, por último, los cobradores”.
Asimismo, precisó que “tenemos claramente identificados quiénes ejercían las labores de jefatura en el extranjero, quiénes ejercían las labores de jefatura en Chile, quiénes ejercían labores de administrador general, administrador local y también los cobradores de apoyo administrativo“.
Respecto de la oficina de calle Huérfanos, dijo que “de acuerdo a las escuchas, ellos pensaban crear una empresa de cobranzas” y agregó un dato que da cuenta del nivel de disciplina interna que existía en “La empresa”, relativo al uso de las camisas blancas: “Se produjo una reunión, en una ocasión, en que el jefe superior de la organización en Colombia vino a Chile y se reunió con los administradores y con el jefe y efectivamente, por una escucha, sabemos que se les pidió que todos concurrieran de blanco”, aunque indicó que se desconocía la razón.
A su vez, la fiscal regional, Claudia Perivancich, indicó, respecto de los movimientos económicos, que “hay un movimiento altísimo de dinero de distintas cuentas corrientes, con montos que anualmente superan en promedio los 300 millones de pesos” en algunas de ellas. Asimismo confirmó que “hay dineros que han salido del país, hacia Colombia y otros destinos“.
Por su parte, el jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, el prefecto inspector Mauricio Jorquera, explicó que la mayoría de la clientela de los prestamistas son feriantes y comerciantes menores, “que obviamente no tienen respaldo para argumentar entidades formales bancarias o financieras. En ese contexto, a través del trabajo de campo que los oficiales lograron establecer, se hicieron vigilancia y seguimientos, detectando y ubicando a las personas que eran nombradas como captadores, cobradores”, agregando que “esto funcionaba con una verdadera entidad financiera o bancaria”.
De hecho, como en cualquier banco “había personas que hacían el control de riesgo. Cuando una persona quería solicitar un préstamo que iba entre los 100 a 500 mil pesos en promedio tenía que entregar su cédula de identidad, y esta iba a una base de datos para chequear si esa persona había pedido otro préstamo en alguna otra sede, y la sedes eran Valparaíso, Rancagua y la Región Metropolitana. Después que se hacía un control de riesgo, si había solicitado un préstamo y había sido un buen pagador, podía acceder a un nuevo préstamo”.
En caso de que la persona no pagara, se le imponía una multa y comenzaban los cobros diarios, los que efectuaban recolectores de dinero que utilizaban motocicletas (se incautaron 27 de ellas, además de otros cinco vehículos) para desplazarse ejerciendo dicho “trabajo”. Respecto de las sedes, precisó que en ellas “tenían reuniones para ver los nudos críticos, las metas y los objetivos que tenía que cumplir”.
Sobre el tipo de intereses, explicó que por 100 mil pesos se debía pagar un 20% de interés, con un plazo máximo de 20 días. La “multa”, en caso de atraso, eran 100 mil pesos o un aumento de la deuda en 20%, dependiendo del monto de lo que se debiera.
El oficial explicó, además, que el líder de “La empresa” “es colombiano y tiene gerentes que operan, o jefes de plaza, que operan tanto en el país de Panamá, Uruguay y Colombia”.
Al respecto, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro “Un virus entre sombras” explicó que “creo que una de las cosas más preocupantes que estamos observando, y hay muchas señales de alerta en América Latina, especialmente en Perú, es que las estructuras criminales que inicialmente entraron a los países distintos del de su origen, con el objetivo del control del territorio y de fomentar ciertas economías ilícitas como la prostitución, el secuestro, la extorsión, hoy día están configurando plataformas de apoyo logístico para ocultar esos mercados ilícitos”.
Agregó que “eso tiene mucho que ver con lo que hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo, que va a empezar a suceder en Chile, en orden a que vamos a tener un crecimiento exponencial de las modalidades de extorsión, que son múltiples. Hay modalidades de pagar para poder trabajar, modalidades de pagar para que a las personas les permitan mantener sus negocios, el préstamo a gota a gota, que también es una modalidad extorsiva; y por supuesto los secuestros extorsivos”.
En el mismo sentido, advirtió que “por ejemplo, en Perú están muy de la mano los secuestros de vehículos en los cuales a las víctimas les roban su auto y luego las llaman para preguntarles si lo quiere recuperar”.
Todo lo anterior, precisó, “va de la mano de un fenómeno más invisibilizado, que tiene que ver con la constitución de diversos negocios formales logísticos que son coayudantes al lavado de activos de estas actividades criminales, o que están destinados al ocultamiento de estas actividades criminales”.
Revisa las imágenes del operativo:
