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Fiscal Nacional dijo en la cámara baja que la trazabilidad de los dineros con que se paga a representantes de traficantes debería extenderse a quienes defienden imputados por delitos de crimen organizado. Otras voces proponen ampliar la figura a delitos de terrorismo y corrupción.
Uno de los temas que más polémica ha generado en el mundo del derecho penal chileno, en los últimos meses, ha sido una iniciativa del diputado Jaime Araya (Ind-PPD), que busca determinar la trazabilidad de los dineros con que se le pagan los honorarios a los abogados que ejercen como defensores de imputados de narcotráfico, montos que por lo general son muy superiores a los que se perciben por otro tipo de defensas y que, por lo general, se pagan en efectivo.
Según explicaron varios abogados penalistas a El Mostrador, bajo resguardo de sus identidades, el dinero que percibe un abogado por defender a narcos depende de un montón de factores, siendo uno fundamental la cantidad de droga incautada, pues a mayor cantidad de kilos se presume mayor capacidad de pago y en algunos casos, donde el cliente son grandes organizaciones criminales, los honorarios pueden superar los 100 millones de pesos, siempre pagados en efectivo, aunque en el mundo jurídico se relatan historias de narcos que han pagado con automóviles de lujo, propiedades e incluso yates, patrimonios que, por supuesto, han obtenido producto de sus actividades ilegales.
En dicho sentido, como informó El Mostrador, el proyecto de ley busca -en su esencia- crear un sistema por medio del cual quede una trazabilidad de los dineros con que los narcotraficantes pagan a sus defensores, impidiendo de este modo el pago en efectivo y permitiendo, de ese modo, indagar si el origen de esos montos es lícito.
El proyecto avanzó la semana pasada, luego de que en la comisión de seguridad ciudadana de la cámara se votara en general el proyecto de ley. Al respecto, Araya señaló que “este proyecto, naturalmente, no es una varita mágica, pero va en el sentido de lo que nosotros tenemos que hacer para resolver el tema del narcotráfico, así que desde ese punto de vista la comisión aprobó de manera unánime con los presentes en generar el proyecto”, agregando que se acordó presentar algunas indicaciones en un plazo acotado.
Asimismo, indicó que a su juicio “fue muy impresionante la exposición del Fiscal Nacional”, quien planteó que la trazabilidad de fondos no solo fuera aplicada a quienes defienden a narcos, sino en todos los casos de crimen organizado.
Al respecto, Araya especificó que al respecto hay consenso en la comisión, y que en esta “se abrió un debate respecto de que esto debía en realidad aplicar narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y corrupción”, precisando que las indicaciones van en esa línea.
Al respecto, el Fiscal Nacional recordó que hace ya un tiempo que el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), recomendó al Estado de Chile que los abogados fueran sujetos obligados a informar al sistema de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y que en la práctica comparada, “lo que se suele obligar es a que los abogados realicen una verificación exhaustiva de los fondos recibidos, lo cual implica revisar el origen legítimo de los recursos utilizados para el pago de sus servicios profesionales. Por ejemplo, en lo documental, verificar extractos bancarios o registros empresariales del cliente y preguntar sobre los recursos financieros y el historial laboral del defendido. En estos casos se priorizan métodos trazables de pago, como son las transferencias, los cheques o los depósitos electrónicos. De hecho, la experiencia del mundo apunta a ir restringiendo o, derechamente, prohibiendo el pago en efectivo”.
En el mismo sentido, opinó que “deberían existir normas también más estrictas que permitan sancionar, ya sea tributariamente, sea penalmente, incrementos patrimoniales no justificados, lo cual evidentemente supone una infracción a las reglas recaudatorias y tributarias del país, que permiten un tipo de enriquecimiento injustificado y que en Chile es de difícil persecución”.
Ante ello, explicó que, respecto del proyecto, el Ministerio Público piensa que “es recomendable estudiar su ampliación más allá de los delitos de narcotráfico a fenómenos de crimen organizado, pues también las organizaciones obtienen merced al tráfico de migrantes, secuestros, ventas de armas, cuantiosas sumas de dinero ilícito, para lo cual una alternativa es que se extienda también a los delitos de asociación criminal del artículo 293 del Código Penal”.
En la comisión también expusieron los representantes de dos organizaciones de abogados, además de un representante de la Defensoría Penal Pública, Sebastián Salinero, Defensor Regional de Valparaíso, quien dijo que “valoramos positivamente el proyecto, creemos que va en la línea político-criminal correcta, de que es tocar en definitiva lo que más importa, que son las utilidades o las ganancias del crimen organizado”.
Pese a ello, criticó el hecho de que el proyecto “se entromete en una relación privada, que es una relación entre una profesión liberal, un abogado y su cliente”. Al margen de ello, dijo que también hay una serie de normas constitucionales que se podrían ver vulneradas, como el derecho a la privacidad. También argumentó que ya existen tipos penales que castigan el lavado de dinero y algo mucho más de fondo: que aunque se quiere evitar el pago en dinero, “se va a crear, de alguna manera, algún subterfugio para trabajar en cómo evitar el cumplimiento de la norma”.
Finalmente, señaló que el impedir el pago en dinero puede afectar una norma de mayor jerarquía, la ley orgánica del Banco Central, “que establece, en definitiva, que los bienes y servicios se pueden pagar con dinero efectivo”.
Por su parte, Rodrigo Medina, Presidente de la Agrupación de Abogados Penalistas de Chile, dijo que existe mucha preocupación en su gremio, argumentando que el proyecto “tiene visos de inconstitucionalidad muy importantes”, entre ellos el derecho a la defensa jurídica, y también colisiona con otras leyes, como el Código Procesal Penal, que la posibilidad “de que cada persona elija al abogado que desea, al abogado de su elección, al abogado de confianza, para defenderlo ante los distintos tribunales penales”. Agregó que el proyecto -en cuyo origen influyeron varios casos de abogados defensores exhibiendo fajos de dinero en redes sociales- “se limita a señalar que hay abogados que ejercen de mala manera la profesión, haciendo ostentación o mala gloria de dineros mal recibidos. Es decir, mostrándonos una caricatura de la profesión de abogado que nosotros tampoco compartimos”.
En tanto, Juan Eduardo Hernández, secretario del directorio de Red Penal AG, dijo que “coincidimos con el señor Fiscal Nacional en que la iniciativa en torno a su propuesta creemos que va en el sentido correcto. Coincidimos con él también de que sería conveniente que el sentido de la iniciativa en términos fundamentalmente de evitar conductas de lavado de activos y en especialmente lograr lo más relevante en el caso del lavado de activos, que es la trazabilidad de los dineros o de los bienes a fin de poder investigar debidamente y documentalmente estos ilícitos”.
Asimismo, Hernández concordó en que “debería extenderse a otro tipo de delitos igualmente graves, como es precisamente el crimen organizado e incluso también creemos el terrorismo”.
Pese a ello, también apeló a la constitucionalidad de la ley, aseverando que a su juicio la norma infringe varios artículos de la carta fundamental.
Video de la última sesión de la comisión de seguridad ciudadana
