Neftalí Carabantes: “Es crucial evitar que Monsalve sea coaccionado para revelar datos sensibles”

La detención y formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por delitos de violación y abuso sexual ha generado un intenso debate sobre las condiciones en que se ejecuta su prisión preventiva. La decisión de trasladarlo al Anexo Capitán Yáber -donde se encuentra detenido Luis Hermosilla- debido a las amenazas que recibió en la cárcel de Rancagua ha puesto en el debate no solo la seguridad del exhombre fuerte de la subsecretaría del Interior, sino también la propia seguridad nacional, debido al riesgo de ser coaccionado para revelar información sensible.

En esta entrevista, el exsubsecretario de Carabineros y actual secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, analiza las implicancias de esta medida desde una perspectiva de seguridad. Carabantes aborda los riesgos inherentes al crimen organizado en los penales, las normativas aplicables a casos especiales y la importancia de proteger información sensible que podría comprometer la seguridad nacional.

“Mantener a Monsalve en una cárcel común pone en riesgo la seguridad nacional. A modo de ejemplo, la información que maneja Hermosilla en su celular son historias de niños al lado de los secretos de Estado que maneja Monsalve”, afirma.

-Desde que está Manuel Monsalve en la cárcel se ha hablado mucho de su seguridad. ¿En su opinión fue correcta la decisión de trasladarlo a la Capitán Yáber? 
-Es importante analizar la situación desde varias perspectivas. Si bien la prisión preventiva es una medida cautelar establecida por la ley, debemos considerar que Monsalve, como ex subsecretario del Interior, enfrenta un contexto único. Encarcelarlo en una prisión común no era coherente ni prudente debido a múltiples factores de riesgo asociados al crimen organizado presente en los penales.

-¿Cuáles son los riesgos que enfrentaba Monsalve, más allá de las amenazas que se conocieron, en una cárcel como Rancagua?
-Chile ha experimentado un aumento significativo de bandas criminales organizadas dentro de las cárceles, muchas de ellas con conductas violentas, extorsivas y vinculadas al narcotráfico. Hay cerca de 1.600 bandas operando intramuros, de las cuales 600 están activas. Monsalve, en su rol como subsecretario, lideró políticas de seguridad y contribuyó a desarticular algunas de estas organizaciones, lo que lo convierte en un blanco potencial de represalias, amenazas, extorsión o incluso ataques directos.

-¿Qué medidas deberían garantizarse en estos casos?
-Nuestra legislación establece que la prisión preventiva debe cumplirse en establecimientos diferentes a los destinados para condenados, o al menos en espacios separados, asegurando que no adquiera características de pena ni vulnere el principio de inocencia. Además, existen normas que protegen a civiles y exfuncionarios de instituciones como Carabineros, PDI o del mundo militar, reconociendo el peligro que enfrentan en cárceles comunes.

-¿En qué se basa esta protección especial en el caso de Monsalve?
-Además de garantizar su integridad física, es crucial evitar que sea coaccionado para revelar información sensible relacionada con políticas de seguridad nacional o estrategias contra el crimen organizado. Monsalve participó, junto con la ministra Tohá, en la creación de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, lo que lo convierte en una figura clave con acceso a información estratégica que podría comprometerse en caso de un mal manejo de su reclusión.  Mantener a Monsalve en una cárcel común pone en riesgo la seguridad nacional. A modo de ejemplo, la información que maneja Hermosilla en su celular son historias de niños al lado de los secretos de Estado que maneja Monsalve.

– ¿Y qué opina de las críticas que con este traslado se ha vulnerado el principio de la igualdad ante la ley?

-No se ve alterado en lo más mínimo el principio de igualdad ante la ley. En el caso de las policías y fuerzas de orden, existen recintos especiales para que cumplan PP o condenas, y resulta del todo pertinente que quien tuvo bajo de dependencia a las policías del país, se le aplique la norma vigente. Donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición y significa que el mecanismo racional o lógico empleado para tomar una decisión jurídica en un caso, deberá ser el mismo aplicado en adelante a situaciones idénticas, además porque la ley debe aplicarse siempre con criterio, y prudencia.

-Monsalve está formalizado por delitos sexuales y no económicos, que es el tipo de delito por el cual los imputados llegan a Capitán Yaber…

-Sin perjuicio de los deleznables delitos por los cuales está formalizado Monsalve, el tribunal en todo momento será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare. De otra parte, el imputado debe ser tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por cualquier motivo se encontraren en el recinto.

 ¿Cómo evaluar el impacto del crimen organizado dentro de las cárceles chilenas?
-Lamentablemente, las cárceles siguen siendo “universidades del delito”. Hemos visto un aumento de reclusos más agresivos, incluidas facciones extranjeras que entrenan prácticas delictivas como extorsión y reclutamiento. Este entorno no solo afecta a los internos, sino que también ha permeado a funcionarios de Gendarmería, con casos crecientes de corrupción. En este contexto, encarcelar a alguien con un perfil como el de Monsalve en una prisión común es un riesgo inaceptable.

-¿Qué mensaje cree que envía el manejo de este caso en términos de justicia y seguridad?
-Es fundamental equilibrar el debido proceso con la protección de los derechos y garantías del imputado, especialmente en casos tan sensibles. Además, debemos reforzar las políticas que aseguren que las cárceles cumplan su rol de rehabilitador y no se conviertan en centros operativos del crimen organizado. Este caso también subraya la necesidad de un enfoque integral en el tratamiento de figuras públicas algunas veces a procesos penales.