Investigación
Hasta ahora, la administradora de fondos privados Amicorp había pasado casi inadvertida en el caso Factop. Esto, pese a que uno de sus fondos es el depositario en su totalidad de facturas provenientes de LarrainVial.
El modelo de las bicicletas tándem –esos vehículos de paseo donde dos o más personas pedalean al mismo tiempo– parece ser la descripción que más se ajusta al mecanismo descrito por la Fiscalía para entender el esquema montado por Factop, el factoring de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg que destapó el mayor escándalo financiero desde el caso Cascadas.
Al margen de los imputados y formalizados en la causa –desde Luis Hermosilla, pasando por los hermanos Sauer y Jalaff, hasta Leonarda Villalobos–, la Fiscalía busca dilucidar cuál fue el rol que jugaron algunos organismos como eventuales “pedaleros” de un engranaje que el propio Ministerio Público ha calificado como una verdadera “máquina defraudatoria”.
Si bien hasta ahora las sospechas han recaído principalmente en Factop y las sociedades vinculadas a los hermanos Jalaff –fundadores de Grupo Patio–, la aguja se ha inclinado también en dirección a LarrainVial, donde varios de su ejecutivos han declarado en calidad de imputados –Felipe Porzio, Ladislao Errázuriz y Manuel Bulnes, entre otros–, buscando despejar las dudas sobre la eventual participación del holding financiero en el caso.
LarrainVial ha sido enfático en asegurar que gestiona activos por US$ 7.000 millones y que el fondo cuestionado alcanzaba los US$ 150 millones. “Estos casos representan una porción menor”, aseguró en la prensa Gonzalo Rodríguez, el gerente de deuda privada de LarrainVial Asset Management, gestor del fondo LarrainVial Facturas. Además, la compañía demandó a Rodrigo Topelberg por la ejecución de una garantía, frente a lo cual este asegura que le falsificaron la firma.
Para entender bien los eventuales roles, es necesario comprender el mecanismo. Quienes conocen el caso describen que los hermanos Sauer emitían las facturas falsas a través de sus sociedades, las que luego eran recibidas por diversas sociedades de los hermanos Jalaff –validando el título del documento sin ninguna operación real de por medio–, siendo vendidas posteriormente a LarrainVial, entre otros seis fondos, a través de Factop.
Este es precisamente el engranaje que describe el último capítulo de la batalla legal entre LarrainVial y la defensa de Rodrigo Topelberg –el otro socio de Factop involucrado en el caso–, quien acaba de demandar por indemnización de perjuicios a la gestora LarrainVial Asset Management y su fondo facturas, y a un tercer participante que hasta ahora se había mantenido en las sombras: Fondos de Inversión Amicorp S.A. y a dos de sus vehículos privados.
Amicorp, en efecto, es el que administra los fondos privados de inversión Facturas I y Facturas Nacionales –ambos compradores directos de facturas falsas–, siendo el más perjudicado este último, debido a que adquirió la totalidad de sus documentos desde el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas, el que sería –apunta la denuncia– el verdadero dueño del vehículo de inversión.
“El fondo no es sino un mero cascarón y la administración, que en teoría realiza Amicorp, era conducida en los hechos por LarrainVial. Sucede entonces que las demandadas integran una estructura en que todas participan para comprar y cobrar las facturas falsas; y todos (ellos) ganan”, dice la demanda.
Para la defensa de Rodrigo Topelberg, el rol de Amicorp debe ser investigado en detalle, así como su relación con LarrainVial, “cuyo fondo de facturas era el único aportante de este fondo de Amicorp”. “Hay mucho que explicar acá, sobre todo a la luz de antecedentes de la investigación que muestran que, ante Factop, era LarraínVial la que negociaba en nombre de Amicorp, y esta última la que prestaba el nombre al fondo de LarrainVial”, aseguró a El Mostrador el abogado Alejandro Awad.
LarrainVial aseguró en la prensa, poco después de la presentación de la acción judicial, que la demanda por daños de US$ 17 millones que solicita la defensa de Rodrigo Topelberg “no tiene ningún asidero y responde a la estrategia del socio de Factop de evadir sus responsabilidades como aval frente a lo adeudado por dicho factoring al fondo LV Facturas”.
Si bien la historia judicial recién comienza a desgranarse, Amicorp, una compañía con sede en Hong Kong y representación en varios continentes, es una vieja conocida en el ecosistema financiero nacional, con un pasado vinculado a la creación de sociedades en paraísos fiscales y grandes escándalos a nivel nacional e internacional.
Amicorp se inscribió como administradora de fondos de inversión privados (AFIP) en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2015, administrando el primer fondo privado de Swell Capital, la gestora que perdió $6.900 millones por delitos financieros, luego de contratar los servicios de Sartor para administrar su fondo Intra Trade.
Con participación desde hace 15 años en el mercado financiero chileno, la administradora tiene oficinas en Santiago, en calle Augusto Leguía Norte, y ofrece representación en Perú, Bolivia y Chile, asegurando la creación de infraestructuras para inversores locales que busquen “establecer o reorganizar su presencia internacional”.
Su representante legal durante varios años fue el abogado tributarista Juan Cristóbal Recart –actual gerente regional de la compañía–, quien antes de ingresar a Amicorp representó al bufete de abogados Mossack Fonseca en Chile, la firma acusada de crear sociedades pantalla en más de 200 países, un escándalo de ribetes mundiales conocido como The Panama Papers que estalló en el año 2016. Cabe consignar que, en la actualidad, la gerenta en Chile de la compañía es la excontadora de LarrainVial, Bárbara Gutiérrez Maureira.
Según la investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuya indagatoria en Chile realizó Ciper, Recart también actuó como testaferro en varias sociedades offshore constituidas por chilenos en paraísos fiscales, buscando dejar en el anonimato a los propietarios de las cuentas, a través de operaciones en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
Entre los nombres chilenos que aparecen en los documentos del bufete de abogados centroamericano figuran el fallecido dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eatsman; el exministro de Hacienda y candidato presidencial, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de Ripley; y el empresario Isidoro Quiroga, conocido como “el zar del agua” por sus negocios vinculados a la venta del recurso.
Otro dato importante: la filial de Mossack Fonseca en Chile, antes de que estallara el caso, estaba ubicada en Rosario Norte 615, piso 22, en la comuna de Las Condes, la misma dirección donde funcionaba el estudio de abogados “Cisternas y Cortés”, donde en ese entonces trabajaba, en la modalidad de comunidad de techo, el actual Fiscal Nacional Ángel Valencia, como informó El Mostrador.
La primera vez que Amicorp figuró públicamente fue en medio del escándalo por los sobornos recibidos por el entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, quien a través de la gestora de inversiones constituyó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, buscando triangular más de 2 mil millones de pesos.
Amicorp aseguró en ese momento –año 2015– que cada cliente era sometido a una revisión global de compliance y que, en el caso de Jadue, este justificó el dinero como pago por sus funciones como vicepresidente de la Conmebol. El dinero, en rigor, se habría traspasado a través de una sociedad offshore y nunca habría pasado por Chile.
Los fondos recibidos por Sergio Jadue derivaron en una investigación de la Justicia de Estados Unidos, conocida como FIFA Gate, luego de descubrir que varios dirigentes de la Conmebol pactaron el pago de alrededor de US$ 100 millones en coimas, a cambio de los derechos de la Copa América hasta el año 2023.
Hoy el exdirigente vive en Miami, como testigo protegido del FBI, a la espera de un juicio que se ha postergado al menos 15 veces, y trabaja en una empresa de su propiedad, que arrienda lanchas, a través de una aplicación similar a Uber.
Dos años más tarde, Amicorp volvió a la esfera pública al verse involucrada en otro escándalo de ribetes internacionales. Esta vez se trataba del caso Odebrecht, una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la empresa brasileña del mismo nombre, que repartió coimas en al menos 12 países de Latinoamérica por unos US$ 439 millones, buscando adjudicarse licitaciones públicas.
En el caso de Ecuador, donde se verificaron pagos por US$ 33,5 millones en alrededor de 10 años, la empresa constructora trianguló el dinero a través de varias entidades financieras, entre ellas, el South American International Bank Curazao (Sai Bank), Sentinel Mandate & Escrow, de las Islas Vírgenes, y Amicorp, con más de 30 oficinas en el mundo.
El exejecutivo de Odebrecht José Conceição Santos fue quien delató a los servicios financieros que garantizaron el traspaso de dineros sin dejar rastros de las operaciones y manteniendo en secreto el nombre de los beneficiarios. Según la Superintendencia de Bancos de Ecuador, ninguna de las entidades estaba autorizada para realizar servicios financieros.
El escándalo terminó con el vicepresidente de Ecuador encarcelado –Jorge Glas– y otros altos funcionarios acusados de recibir 4 millones de dólares en sobornos, denuncia que se extendió hasta el entonces presidente Rafael Correa, quien también fue acusado de financiar su campaña presidencial con dineros de la empresa brasileña.
Una investigación periodística que destapó los negocios de Sebastián Piñera en el mar peruano durante el juicio de La Haya, publicada por El Semanal de El Mostrador a fines del año 2016, detalló que mientras el Mandatario ejercía su cargo –en pleno juicio que enfrentaba a ambos países en la Corte Internacional–, accedió a la propiedad de la pesquera peruana Exalmar, cuando esta ingresó a la bolsa a fines de 2010.
La memoria anual de la empresa, del año 2016, transparentó que Bancard International Investment, vehículo de inversiones de Piñera domiciliado en las Islas Vírgenes, era el dueño del 9,19% de la pesquera. Dos años más tarde –según comprobó Interferencia–, la misma porción accionaria pasó a nombre de Odisea, el family office de los Piñera Morel que reemplazó a Bancard y que mantiene la propiedad de la empresa peruana hasta el día de hoy.
Odisea, junto a Ilíada y Eneida, fueron las sociedades que ocupó Piñera para administrar su fortuna. El 17 de septiembre de 2014 –según un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el caso Exalmar–, Odisea inscribió en Luxemburgo a Eneida, una sociedad de responsabilidad limitada y gestión de patrimonio familiar, cuya regalía en el país europeo es la exención en el pago de impuestos a las utilidades, tal como comprobó la versión de Luxemburgo de los Panama Papers. La dirección de la inscripción de las acciones en el pequeño país europeo fue la misma que comparte Amicorp Group.
Este medio se comunicó con Amicorp y LarrainVial, buscando esclarecer algunas inquietudes planteadas en este reportaje, pero ninguna de las dos compañías aceptó responder las preguntas de la Unidad de Investigación de El Mostrador.
